Compartimos un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), publicado días atrás por el portal ALAINET, sobre la situación del gobierno de Evo Morales y su política de estatización de los sectores estratégicos para el desarrollo de dicha Nación. Un claro ejemplo a replicar para el resto de la región.
Redacción
El Estado boliviano habría perdido ingresos por valor de entre 67.000 y 74.000 millones de dólares en el periodo 2006-2017 de no haberse implementado la política de nacionalizaciones promovida por el Gobierno de Evo Morales. Así se desprende de un estudio realizado por la Unidad de Debates Económicos del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), que muestra los impactos de dichas políticas.
Tal y como constata el estudio, Bolivia habría dejado de crear riqueza económica por valor de hasta 74.000 millones de dólares de no haber puesto en práctica una política soberana y eficaz de nacionalización de los diferentes sectores estratégicos. Esta cifra equivale a dos Productos Internos Brutos del año 2017. O dicho de otro modo: las políticas de nacionalizaciones significaron un ingreso adicional per cápita de entre 6.100 y 6.700 dólares a lo largo del periodo de tiempo analizado.
Cabe reseñar que, en lo que respecta al empleo, las nacionalizaciones permitieron que la economía creara 670.000 puestos de trabajo que no habrían existido de no mediar las mismas.
El ejercicio de simulación propuesto por los investigadores de CELAG establece que con las nacionalizaciones se originó un efecto de retención de rentas que, con anterioridad a las políticas del Ejecutivo presidido por Morales, salían del país en forma de utilidades. El estudio estima que el ahorro en divisas por este concepto a lo largo de esos doce años fue del 45% del PIB.
Los autores del análisis concluyen que la política de recuperación de la propiedad de los sectores estratégicos ha sido clave para alcanzar unos resultados económicos positivos. Bolivia fue el país suramericano con mayor crecimiento en los años 2009, 2014, 2016 y 2018, su moneda es una de las más fuertes del continente, todos los indicadores socioeconómicos han mejorado notablemente, incluido el salario –el salario mínimo boliviano ya es mayor que el de sus vecinos Perú y Argentina-, y la sangría migratoria se ha ralentizado.

Algunos pasajes del Informe

“Desde el año 2000, la presión social por un cambio de modelo fue cada vez mayor. La desigualdad y la pobreza acrecentadas durante los años ‘90 fueron generando un clima de mayor descontento, y uno de los ejes de las reivindicaciones sociales fue el de la recuperación pública de los recursos naturales y de los servicios básicos. Las victorias sociales, aunque con un elevado coste en vidas, resultantes de las conocidas como Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003) fueron moldeando la sociedad boliviana hacia la ruptura con el modelo neoliberal, privatizador y empobrecedor. Estas victorias condujeron, a través de la fuerte reivindicación social en las calles, a la convocatoria de un Referéndum Vinculante. El mismo se planteó como una válvula de escape a la creciente tensión social que motivó el abandono del poder de Sánchez de Lozada y el acceso a la Presidencia del hasta ese momento su vicepresidente, Carlos Mesa. El 18 de julio de 2004 se celebró el Referéndum en el que el pueblo decidió de manera soberana que el Estado Nacional recuperara la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país. Sin embargo, no fue hasta el año 2006, ya con Evo Morales en el Gobierno, cuando paulatinamente se fue haciendo efectivo el cumplimiento del mandato expresado por el pueblo boliviano. “

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“Las nacionalizaciones se realizaron en un marco general de negociación con las empresas que las tenían bajo su control, con total respeto de la seguridad jurídica. El Gobierno se ocupó particularmente de otorgar confianza a los inversionistas asegurándoles sus derechos. Sin embargo, en el marco de las negociaciones algunas empresas no vendieron las acciones requeridas por el Estado para alcanzar la mayoría accionaria, e incluso varias de ellas demandaron en cortes nacionales o internacionales al Estado, reclamando por el pago de la indemnización por montos que excedían fuertemente la oferta del Gobierno.
Finalmente, en la mayoría de los casos se alcanzaron acuerdos satisfactorios para las partes. En sólo tres casos se llegó a instancias de denuncias ante el CIADI, y dos de ellos concluyeron con acuerdos previos a la resolución de arbitraje, mientras que el tercero se encuentra sin resolución hasta el momento. A pesar de la intensidad y rapidez con las que se implementaron las nacionalizaciones, llama la atención la resolución pacífica de los conflictos de intereses entre las empresas y el Estado en casi la totalidad de los casos. Bolivia demuestra, una vez más y a contracorriente, que es posible llegar a acuerdos que involucren beneficios mutuos satisfactorios para las empresas y la ciudadanía. Un análisis en profundidad sobre las características de las negociaciones llevadas a cabo en Bolivia, sin duda contribuirá a llevar satisfactoriamente procesos similares en la región.»

Fuente: CELAG / ALAI (Acceso al informe):