La Pampa volvió a la Corte Suprema para solicitar la aplicación del fallo respecto a la cuenca del Atuel. Un informe construido con datos oficiales mendocinos, certifica que hay caudal suficiente para reestablecer la cuenca. Un conflicto que pone sobre la mesa una invariante histórica argentina: hay un país al Norte del paralelo 36° y otro al sur del mismo.

Redacción

La semana pasada, a partir de la publicación del propio gobernador Sergio Ziliotto, se conoció que la provincia de La Pampa volvió a presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza por el ya centenario conflicto por las aguas del río Atuel, que antiguamente atravesaba la provincia pampeana.

Tras la publicación del propio Ziliotto, la provincia anunció que desde el gobierno se realizó una nueva presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir la urgente intervención del máximo tribunal en el diferendo interprovincial. El mandatario pampeano, se basó en un informe técnico que fue realizado sobre la base de datos oficiales difundidos por el gobierno de Mendoza.

Específicamente, lo que solicita La Pampa, es que la Corte de cumplimiento a su propio fallo del año 2020, donde ordena que la provincia de Mendoza debe liberar hacia el histórico cauce del Atuel un caudal de 3,2 metros cúbicos por segundo (m3/s). La provincia cuyana por su parte, siempre sostuvo que no es posible acatar esa resolución simplemente porque la cuenca aguas arriba no posee esa cantidad de agua.

Sin embargo, Ziliotto hizo hincapié en el hecho de que durante la semana pasada – y a causa de las lluvias de alrededor de 100 milímetros en el oeste pampeano y sur mendocino -, llegó agua del Atuel al centro provincial.

Una fuente gubernamental publicó días atrás que existen informes técnicos que corroboran y acreditan que “el río Atuel presenta óptimas condiciones de caudal” para cumplimentar en forma permanente el fallo de la Corte de 2020.

Según el gobierno pampeano, y tal consta en el expediente judicial, los datos se desprenden de los diferentes informes elevados por la propia provincia de Mendoza, los cuales conforman el anexo documental de fundamento para la nueva presentación realizada por La Pampa durante la jornada del pasado 24 de abril.

El informe técnico elaborado por la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) – del cual se “agarra” Ziliotto – destaca que el actual manejo que Mendoza realiza de las aguas del río en cuestión, se canaliza en prácticas de “sobrerriego” tendientes a recargar el perfil del suelo; alimentar aguas subterráneas y las perforaciones en la zona. Según la CIAI, ese proceder busca reducir el agua excedente a la normal demanda de riego, al tiempo que disminuye el caudal que transcurre aguas abajo hacia el territorio pampeano.

Asimismo, el estudio confirmaría que las derivaciones de agua hacia canales de riego a la vera de parcelas abandonadas, a redes sin impermeabilizar o a la propia red drenaje, no poseen justificación en esta época del año, tanto desde el abastecimiento o al desarrollo de los cultivos; sino que constituirían reservorios informales del líquido reclamado.

Al respecto, el documento acredita el llenado de reservorios adicionales en el área de riego, que desde el año 2020 – en vísperas y posteriores al fallo de la Corte – estas estructuras se incrementaron de 160 a 260. En criollo, por cada 10 reservorios de agua que existían en el sistema mendocino, desde el fallo de la Corte a la fecha se construyeron 6 más.

Otra de las constataciones realizadas por la CIAI, es el desvío de caudales hacia canalizaciones exclusivas a las bodegas importantes como usuarios privilegiados de agua en la cuenca. Según el informe, una de esas empresas captura caudales superiores a los 3 m3/s. Es decir, lo mismo que reclama La Pampa para reestablecer el caudal mínimo que requiere la cuenca del Atuel para su restablecimiento.

Coincidiendo con el gobernador pampeano, “agua hay”. Cosa que desde esta Redacción se viene sosteniendo en el caso puntual del Atuel.

Las facultades que la Constitución confiere a las provincias respecto del manejo de los recursos naturales no deberían incluir a las cuencas hídricas. Hemos explicado las amplias implicancias territoriales que tienen los sistemas de aguas, que no conocen de catastros, jurisdicciones administrativas y gubernamentales.

El caso Atuel es el arquetipo del federalismo de signo negativo, los recursos naturales son patrimonio del pueblo argentino. El agua es territorio. Es algo más que un simple recurso.

Fuente: Gobierno de La Pampa / Agencia Provincial de Noticias / CIAI / Más Industrias