Lula Da Silva volvió a criticar la situación legal de las tradicionales empresas estatales estratégicas de bandera nacional. El caso ElectroBras, sonde el Estado posee el 40% de las acciones y el 10% de derecho a voto, fue establecido en los últimos meses de la gestión Bolsonaro.

Redacción

Puede tratarse de un amague, pero al menos que el tema se planteé, es más que alentador para el actual contexto continental. El viernes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, insistió con la crítica hacia la privatización de la empresa eléctrica de bandera nacional EletroBras, calificando el hecho como un asunto de “esa patria». La empresa fue privatizada en 2022 durante la administración de Jair Bolsonaro.

Según el mandatario, la situación “no puede dejar de denunciarse”, y explicó que la actual situación deja sin poder de decisión ni margen de acción en el Consejo de Administración de la Empresa, dado que el Estado brasileño si bien detenta algo más del 40% del paquete accionario de ElectroBras, su poder de decisión está limitado al 10%.

Tal consta en la normativa que rige a la firma, cualquier accionista de EletroBras tiene un poder de voto limitado al 10 por ciento, independientemente del tamaño de su participación en el capital total. El argumento, es el de la prevención de formación de bloques de accionistas y garantizar el mantenimiento de EletroBras como sociedad anónima.

Lula Da Silva, afirmó que la situación es un crimen de “lesa patria”, y que “peleará mucho”, para que el Estado recupere «el derecho a tener protagonismo político» en EletroBras, El nuevo Gobierno de Brasil, por medio de la Abogacía General del Estado, ha presentado una acción judicial ante el Tribunal Supremo para ampliar este poder de decisión en el Consejo de Administración.

Más allá de la suerte que tenga el recurso en el terreno legal, existe un trasfondo político-económico y al mismo tiempo geopolítico: las tradicionales empresas de bandera de los países sudamericanos, que fueron vehículo de industrialización y soberanía, se han ido sometiendo a privatización, o peor: se han fragmentado sus paquetes accionarios, donde en el mejor de los casos, los Estados sólo tienen mayoría accionaria, pero jamás supremacía política.

El modelo argentino de subprivatización, instrumentado en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), instrumentado a partir de una Sociedad Anónima; o bien como rige en varias energéticas, la forma de Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM), es un claro ejemplo de estos mecanismos que rigen en el continente.

Fuente: Gobierno de Brasil / O’GlObo