Tras la prórroga establecida en noviembre pasado por el Gobernador Kicillof para relicitar la operatoria de las antiguas instalaciones de la Junta Nacional de Granos en Puerto Quequén; y ante posibles anuncios por parte del Consorcio portuario durante las horas que corren, compartimos con ustedes, un panorama de situación aportado por la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén.

Por Maximiliano Cantoni*

El año pasado venció la concesión del elevador terminal y el complejo de silos “Ministro Antonio De Tomasso” que se encuentra en Puerto Quequén, el cual es gestionado por la Sociedad Anónima Terminal Quequén desde 1992, siendo parte de las privatizaciones que llevó adelante el gobierno Menemista. Lo interesante y relevante de la actualidad es que se está en un momento bisagra para introducir modificaciones sin afectar el “clima de negocios”, es el momento para realizar las correcciones que se consideren necesarias. Se debe realizar una nueva licitación, con la posibilidad de encontrar nuevos prestadores, así como modificar los términos y condiciones reparando en las fallas detectadas en la licitación que antecedió. Dejar pasar esta posibilidad sería un grave error que no se puede permitir.

Hace pocos días, en una entrevista radial, el actual gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, en el marco de la crisis energética afirmó que “con las privatizaciones solo se vio desinversión, buscar una rentabilidad fácil y llevársela para otro lado. Por eso, (…) después de décadas de privatización, los resultados no se cumplieron (…). El esquema de las concesiones no funcionó. Me remito a los hechos”. Afirmaciones más que relevantes dado que encabeza la jurisdicción a la cual se traspasó la administración de la estación marítima por la Ley Nacional de Puertos y está en su potestad revertir esta concesión tan gravosa para el interés colectivo.

En el caso de la terminal local concesionada, viendo los resultados después de 30 años, se puede afirmar que no funcionó tal como dijo el gobernador. El caso de Terminal Quequén S.A., que actualmente tiene participación accionaria de las más importantes exportadoras de granos transnacionales como Glencore, Bunge y Born y COFCO, demuestra que los objetivos de desarrollo territorial planteados en el origen de la privatización fueron incumplidos, se concentró la riqueza, se permitió que el canon que se debía pagar sea incumplido y la fiscalización del estado fue escasa (para no decir nula) permitiendo la posibilidad de maniobras especulativas y evasivas como la subfacturación de exportaciones que tanto caracterizan a las grandes exportadoras que poseen la administración de la terminal portuaria.

Con el presente escrito se pretende plantear de manera esquemática tres grandes grupos de alternativas de acción que pueden servir como orientativas de la configuración que se presentará en el futuro cercano, a partir de la inminente nueva concesión de la terminal en Puerto Quequén. El abanico va desde alternativas que sostengan la estructura privatista y neoliberal a otras que permitan recuperar parcialmente el rol más activo del Estado en el comercio exterior.

1 Alternativa al estilo neoliberal menemista

La primera alternativa sería seguir con la misma estructura de concesión, quizás con alguna modificación cosmética. Siendo las empresas transnacionales las grandes beneficiadas que seguirán usufructuando por muchos años más un elevador de granos que fue construido íntegramente con inversión pública.

Sin mediar ninguna modificación sustancial a la actual, el pliego de concesión sería elaborado por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ), el cual es integrado por representantes de las mismas empresas que detentan la concesión y no pretenden salir del negocio ¿Dónde quedaría el control y regulación sobre la actividad? Esta captura institucional (donde el controlado pasa a dominar al controlante), tantas veces estudiada y detallada en las empresas energéticas privatizadas, que fue la piedra basal de su fracaso se volvería a repetir sin aprender nada de esa experiencia trágica (para el interés general y no para las empresas privadas, claro está).

La captura se consolida, por otro lado, con el financiamiento que recibe el CGPQ por la concesión, siendo el canon ingresado a sus arcas para autofinanciar la propia actividad portuaria, sin ingresar un solo peso al Estado en sus diversos niveles. Después de haber incumplido Terminal Quequén S.A. por más de 20 años con los pagos a realizar, el contrato de concesión fue reinterpretado y reacordado pesificando el monto a pagar, quedando en valores insignificantes comparados con la magnitud del negocio, ¿se le dará corrección a tal desajuste que empeoró aun más lo estipulado por los agentes privatistas de los 90?

¿Quién podría sostener que el pliego de concesión que elabore el CGPQ represente mejor los intereses generales que los intereses de las grandes transnacionales de la agroexportación que son parte de ella? Una duda que se puede sostener sin ser muy retorcido.

Seguir con la estructura actual sería consolidar promesas incumplidas en relación a crecimiento y desarrollo territorial, sería seguir reforzando la preminencia del puerto agroexportador por sobre el resto de las actividades económicas, obturándolas por completo como se refleja en la historia reciente. Decisiones que concentran la riqueza y benefician a un sector particular, lo que quedó demostrado en los últimos 30 años.

2 Alternativa a la Mazzucato

Como sostiene Mariana Mazzucato, autora en boga últimamente, el Estado no es útil solo para corregir las imperfecciones de los mercados, sino que ha sido esencial en la creación de nuevos negocios. La economista le ha dedicado tiempo a entender por qué el aporte del Estado ha sido borrado de la historia de la innovación y qué efectos tiene ese olvido. Discurso que es parte fundante de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que recomienda a los países dependientes y de la periferia (como el nuestro) achicar y acorralar al Estado para alcanzar el desarrollo. Se aconseja crecer sin Estado, desconociendo que la presencia activa del mismo es la que explica, en gran parte, el desarrollo de países como Japón, Corea del Sur, Finlandia, así como el mismo Reino Unido y los Estados Unidos.

El olvido intencional tiene su correlato en la concesión del elevador portuario ubicado en Quequén. Fue el Estado el que ha llevado adelante una masiva inversión de riesgo para impulsar la actividad portuaria. Fue el Estado conservador de la década de 1930 el que invirtió en la construcción de los elevadores. Fue el mismo Estado el que invirtió para aumentar la profundidad del calado a 40 pies en 1992, fundamental para que puedan operar buques de gran porte. Fue el Estado el que prolongó la escollera en 2008 para mejorar la operatividad portuaria y permitir mayor cantidad de días operativos. No fue el sector privado el que se arriesgó con las multimillonarias inversiones. Así se creó el mercado, como sostiene Mazzucato, para que posteriormente el sector privado entre y se apropie de las utilidades que fueron posibles con recursos públicos. Con una actitud que asemeja al sector privado a la de un parásito.

¿Qué alternativa existiría para equilibrar la apropiación de ganancias y hacerla más equitativa de acuerdo a las inversiones realizadas? La economista italiana sostiene, que urge cambiar la relación entre lo público y lo privado, pasar de una relación parasítica a una simbiótica, hacerlo mediante acuerdos, permitiendo márgenes de ganancia (de acuerdo a las inversiones y actividad realmente realizada por el privado), estipulando condicionalidades en los contratos de concesión, obligando a que se contemple el interés general, la reinversión en el territorio y que las ganancias no sean plenamente remitidas a las casas matrices ni financiarizadas.

3 Alternativa a la YPF

Una tercera alternativa es con presencia más activa del Estado en la gestión del elevador. Sería volver a la situación previa a la década de los noventa, reconociendo la experiencia fallida de la concesión / privatización. Alternativa sostenida en la historia tanto por gobiernos democráticos (de distintas vertientes ideológicas) como por las dictaduras más liberales y sangrientas.

La experiencia internacional actual muestra que en la mayoría de los principales países exportadores de granos se tienen empresas estatales (Rusia, Ucrania, India, China, Turquía) o de productores (Canadá, Australia) que interviene activamente en el comercio exterior procurando el resguardo de los ingresos de los productores y garantizando la soberanía alimentaria.

La presencia más activa no es sinónimo de estatización, hoy existe un andamiaje jurídico difícil de revertir y con poca capacidad real de hacerlo por los gobiernos de turno (aún si existiese la voluntad). Dentro de este corset es factible legalmente que el Estado mediante una empresa estatal o con participación del Estado sea parte de la licitación. Presentando una oferta como un concesionante más (la misma puede estar integrada por este actor público exclusivo o dentro de un consorcio en conjunto con otras empresas privadas, cooperativas y demás actores interesados) y compita como cualquier otro interesado en quedarse con el elevador.

Entre las alternativas se podría pensar en crear un área de granos dentro de otra empresa estatal existente que cuente con infraestructura y capacidad logística para transportar y acopiar la producción (YPF Agro) o dentro del área de defensa (Fabricaciones Militares, Producción agropecuaria de las FFAA) o como una nueva empresa, dependiente del poder ejecutivo y creada para tal caso.

Una ventaja insoslayable es la posibilidad de contar con información de primera mano sobre el comercio internacional y los precios de las commodities. Estamos en presencia de un mercado muy opaco, con triangulaciones, subfacturaciones, operaciones intra firmas que permiten declarar valores inferiores con el efecto pernicioso sobre las arcas públicas por la evasión tributaria. Con la recuperación de un control directo se revertiría la experiencia menemista, recuperando el Estado la función de regulación. Previo a la privatización absoluta de los puertos, existía la extraña situación que las terminales públicas recibían mejores precios en sus ventas externas que las compañías privadas competidoras; situación que permitía realizar denuncias ante presuntas maniobras de subvaluación por parte de los grandes consorcios exportadores ¿Qué hace indicar que no sigan con iguales prácticas con menos controles estatales?

En conclusión, la nueva licitación no puede repetir las falencias que la precedieron, donde lo estipulado quede en letra muerta a los pocos segundos de firmarlo, donde el Estado no controló y fue un convidado de piedra. Venimos de una experiencia donde no se cumplió en lo más mínimo las condiciones más que laxas estipuladas. En cambio, se puede realizar un giro de 180 grados, donde el interés general debe ser contemplado, donde se controle lo que se exporta y en qué condiciones (con los efectos fiscales que acarrea en toda la economía nacional), donde se generen las condiciones para que el territorio se desarrolle a la par del puerto y no a pesar del puerto, que actualmente funciona bajo lógicas de enclave, siendo una isla de crecimiento en un territorio estancado y en permanente crisis. Donde se generen cadenas de valor que permitan desarrollo y posibilidades. El puerto tiene esas potencialidades, sería una pena desaprovechar esta oportunidad.

*Integrante de la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén. Artículo titulado originalmente “Hay alternativas ante el vencimiento de la concesión a Terminal Quequén S.A.”.