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El pasado 5 de noviembre se constituyó la Mesa Nacional para la elaboración de un Plan Estratégico Minero Argentino. La misma está presidida por el secretario de Minería, Alberto Hensel, y su objetivo es la construcción de legitimidad sobre la actividad, principalmente en las provincias donde existen restricciones hacia dicha industria. Tanto las voces en contra como a favor de la iniciativa, siguen sin pegarle al punto: la minería es estratégica a nivel geopolítico y no puede estar en manos de aventureros. Redacción

El documento que confirmó la creación de la Mesa Nacional para la elaboración del Plan Estratégico Minero Argentino, expresa que la minería es motor para el desarrollo de las comunidades, el crecimiento de la industria nacional y las exportaciones. Según el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, Argentina debe replicar el modelo San Juan Minero. Es decir, la entrega de los yacimientos y áreas de posible explotación a empresas multinacionales que extraen minerales a discreción, y donde el pago de regalías es a simple Declaración Jurada, sin controles, ni sanciones, ni planificación del pasivo ambiental. Kulfas propone la intervención estatal en el conflicto mediante la propuesta de una minería sustentable, con desarrollo de capacidad técnica y consenso social. Eufemismo para explicar un plan, que paradójicamente, no tiene plan.

Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se sostuvo que en el mundo que las experiencias de diálogo plurisectorial han logrado hacer “aportes exitosos”, para “encarar políticas de largo plazo decidiendo cómo queremos hacer minería”. Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, también abonó esa línea, y manifestó que en su provincia se está comenzando con los proyectos de zonificación para la producción.

Desde sectores ambientalistas, la manifestación respecto del Plan Estratégico Minero Argentino giró en torno a que la actividad genera perjuicios públicos que se reflejan en “la vulneración de ciertos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. Entre ellos: la contaminación de aguas por la deficiente instalación de diques de cola en los orígenes del cauce, la generación de zonas semiáridas y zonas sísmicas, el desplazamiento forzoso de comunidades enteras, la falta de respeto por el territorio de los pueblos originarios, por las reservas naturales y por las zonas protegidas, los problemas derivados en la salud, la criminalización de la protesta social y las trabas en los procesos de judicialización, son evidencias de la emergencia y generalización del conflicto y de la vulneración de estos derechos.

Es cierto que la soberanía económica debe entenderse como el derecho de los pueblos a elegir la forma en que producen y se reparten la riqueza, y el derecho de hacerlo sin poner en riesgo los bienes comunes, el ambiente y a la propia población.

Sin embargo, también es cierto que al igual que el agua, los recursos minerales son estratégicos en términos geopolíticos, dado sus usos para las manufacturas de bienes de consumo como de las industrias de la guerra y la defensa. No puede concebirse bajo ningún punto de vista que la explotación de los mismos esté en manos extranjeras y que su destino sea la exportación.

La minería en tanto actividad debe ser planificada desde el Estado y la extracción debe ser a demanda de la industria nacional, tanto de las empresas del área de Defensa como de otros sectores productivos también nacionales.

En cuanto a la explotación, es inconcebible que esté en manos de empresas extranjeras. Es sabido que a partir de la masiva desarticulación del entramado industrial argentino, las provincias están cada vez más de rehenes de las regalías que puedan arrojarles las concesiones de explotación de los recursos naturales. De seguir así, el horizonte es evidente: cuando se acabe el metal o el mineral, la tierra quedará arrasada, no habrá regalías por cobrar, y la industria quedará sin esperanzas de reconstrucción.

Fuente NP Popular

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