El acuerdo comercial que firmaron en mayo pasado sigue su curso de aprobación interna en medio de la preocupación de organizaciones que ven “graves amenazas” y del optimismo empresarial de los “beneficios” que este traerá para la producción ecuatoriana.

Redacción

Según se informó desde el Gobierno ecuatoriano, el acuerdo por el Tratado de Libre Comercio (TLC) fue publicado en el Registro Oficial el pasado 28 de agosto y ahora está a la espera de que sea impugnada o defendida su constitucionalidad parcial o total por la ciudadanía. Sorteado ese paso, deberá sea aprobado por la Asamblea Nacional, para luego ser ratificado por el Poder Ejecutivo.

Llegando al plazo límite del periodo de impugnaciones, se esperaba que desde Acción Ecológica se presente la fundamentación técnica respecto a que observan “graves amenazas, se crean condiciones para que se den vulneraciones de derechos humanos, de la naturaleza, de colectivos”. Los capítulos de inversión, de cooperación económica, así como la aplicación del tratado son algunos puntos que les generan preocupación.

Por otro lado, desde el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), en la revisión que realizaron al acuerdo comercial, no encontraron vicios de inconstitucionalidad. “Es un acuerdo que tiene algunos capítulos de beneficio para el Ecuador y eso acarreará beneficios para los ciudadanos, los comerciantes y el desarrollo. Todavía estamos analizando si es que amerita o no interponer un amicus curiae, que es un pronunciamiento en relación con las ideas que hoy están en análisis de la Corte Constitucional”, señalaron desde CEE.

La preocupación de Acción Ecológica, gira en torno a que el formato de un TLC prioriza el objetivo de crecer el comercio y “dar garantías jurídicas excesivas a las inversiones”, porque el fin es crear un entorno favorable al crecimiento, a la expansión del comercio y a la actuación de las inversiones en este caso de China. “Ecuador va a entrar en una mayor dependencia a esa geopolítica que está creando China para poder contar con recursos naturales que ellos requieren: minerales, hidrocarburos, madera, recursos pesqueros, camarón y otros productos”.

Asimismo, señala que les preocupa que “son negociaciones totalmente asimétricas”, esto porque a su criterio, la realidad del Ecuador es una y la de China es “abismalmente diferente”. Menciona que China es uno de los principales acreedores de deuda. Y recuerda que está vigente desde 1997 un tratado de protección de inversiones que ya da ciertas normas de protección jurídica a las empresas chinas y “con este tratado esas protecciones se refuerzan y son cada vez más una camisa de fuerza para la normativa nacional”.

Otro capítulo que objetan es el de cooperación económica que tiene que ver con la pesca. Dice que en el tratado “se incluye la posibilidad de la operación de buques fábrica” y que “opere de manera mucho más impune”, lo que les hace considerar “que esa misma flota pesquera que permanece a veces tiempos prolongados va a procesar productos que vienen de esa extracción de las especies marinas y van a poner en el mercado ecuatoriano esos productos”.

En cambio, desde el CEE, hay optimismo por el acuerdo comercial porque les dará mayores oportunidades a los productos ecuatorianos a nivel internacional. “En la medida que nuestros productos tengan más espacios, más mercados y mejores condiciones, los productos ecuatorianos que son de altísimo nivel pueden tener mayor facilidad para entrar a esos mercados y nuestro comercio puede aumentar. Recordemos que siempre estamos impulsando el tema de una balanza comercial positiva y eso lo logramos con mayores exportaciones”.

En ese sentido, comenta que en la revisión que hicieron al acuerdo comercial no encontraron vicios de inconstitucionalidad: “Creemos que es un acuerdo que tiene algunos capítulos de beneficio para el Ecuador y eso acarreará beneficios para los ciudadanos, los comerciantes y el desarrollo”.

Fuente: AméricaEconomía