Chubut y el RIGI ma non tropo

El parlamento chubutense aprobó la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, con las excepciones planteadas en la Ley de minería vigente en dicho distrito.  Un “sí, pero no” sobre el cual no paran de llover las críticas.

Redacción

Durante la jornada de ayer, la Legislatura de la provincia de Chubut, aprobó la ley impulsada por el Ejecutivo de adhesión al Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) con excepciones. Las críticas no pararon de lloverle al mandatario desde el miércoles, por parte de quienes están a favor del régimen como de quienes están en contra.

El proyecto – ahora Ley – elevado por el gobernador Ignacio Torres tenía cuatro artículos. El primero, sugiere la adhesión al RIGI; el segundo, excluye de la futura aplicación del régimen a las actividades mineras previstas en la vigente Ley provincial XVII N° 68 (ex Ley 5.001); el tercero, designa como autoridad de aplicación al Ministerio de la Producción; y en el cuarto artículo, se invita a adherir a los municipios provinciales.

El parlamento chubutense aprobó con 18 votos afirmativos y 9 votos negativos, la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tras cuatro horas de debate.

Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. A su manera, todas tienen fundamento: la postura de Torres es endeble por donde se la mire.

Tomemos solamente los manifestado por ambos extremos del arco de cuestionamientos: el movimiento ambientalista por un lado; y por el otro, los sectores que avalan y fomentan la práctica extractiva a gran escala.

Así, los primeros no dudaron en afirmar que «la aprobación del RIGI es una entrega total de todos los bienes comunes de nuestra provincia. Es profundizar el extractivismo, es profundizar el ajuste». Argumentan que las excepciones planteadas no tendrán fortaleza una vez que el régimen se empiece a aplicar en otras actividades.

Del otro lado del espectro no se quedaron atrás, y afirman que lo impulsado por Torres es anticonstitucional, porque una ley provincial no tiene entidad para modificar una ley nacional. Asimismo, lo acusan de no sostener lo refrendado en el “Pacto de Mayo”, donde el Ejecutivo Nacional plantea claramente el impulso al “aprovechamiento de los recursos naturales”.

Hay más declaraciones de ambos bandos. No vienen al caso citarlas aquí. Lo cierto es que el grueso de la población chubutense está en el medio, anhelando el desarrollo soberano tanto de la provincia como de su comarca local.

Lo cierto es que la minería resulta indispensable para el desarrollo industrial, la multiplicación del empleo, y el agregado de valor a la matriz productiva nacional. A ninguno de los dos extremos del espectro les interesa esto último, más allá de las eventuales declaraciones.

Tampoco consideramos que interese al gobierno chubutense. Con bastante poco alcanza para mostrar el rumbo de dar la espalda al desarrollo autónomo.

Fuente: Gobierno y Legislatura de Chubut