Finalmente se “actualizaron” (aumentaron) los precios de los biocombustibles y se pondrá en práctica lo establecido por la legislación vigente para abastecer el mercado interno.
Redacción
La no-noticia sería una posible crónica respecto de los problemas de abastecimiento de gasoil en plena cosecha gruesa; y toda la cadena de especulaciones de suministros estacioneros, costos de fletes, demoras y acaparamientos.
Uno de los múltiples factores que rodean a este tema es la baja producción de biocombustibles a causa de la no actualización de precios, acorde al aumento de las naftas, y habida cuenta que éste tipo de combustibles derivados del maíz, soja y caña de azúcar poseen una dinámica de producción acorde a la dinámica agropecuaria, y no a la cadena de explotación y refino de hidrocarburos.
Finalmente, el Poder Ejecutivo Nacional tuvo una reacción al respecto de un problema que ya se visualizaba en agosto de 2021: atender la cadena de biocombustibles y establecer algún tipo de equivalencia con la evolución de los combustibles fósiles.
Ayer, martes 5, el Boletín Oficial de la Nación anunciaba mediante Resolución 185/22 de la Secretaría de Energía, se dispuso un aumento del 11,75% en el precio del componente de bioetanol a base de caña de azúcar y de maíz destinado a su mezcla con nafta a partir del 14 de marzo último, en consonancia con el incremento en los combustibles de YPF anunciado ese día. De esta manera, se fija el nuevo valor en $ 73,11 por litro; es decir un 11,75% más que los $ 65,42 dispuestos en la resolución 66 de febrero último. Se establece también que de aquí en más, cada vez que se incrementen las naftas, deberán actualizarse los valores del biocombustible.
Como nos hemos referido, en agosto de 2021, el Gobierno Nacional puso en vigencia el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles con la Ley 27.640, con vigencia hasta 2030, y donde se disponen una serie de parámetros de cortes obligatorios de naftas y gasoil. Además se creó una Comisión Especial para el desarrollo del sector.
Básicamente, lo que determina la ley, es que el “corte” mínimo obligatorio de 12% de bioetanol y una eventual reducción al 9% con la nafta, mientras que para el gasoil será de un 5%, con una eventual reducción al 3%. Respecto del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.
Más allá de los impactos ambientales, el desarrollo de las distintas cadenas de producción de combustibles, y la composición de costos globales por cada tanque lleno, las normativas mencionadas hablan de la escasa planificación y previsión de posibles conflictos como el que se está desarrollando en estos días.

En agosto del año pasado, los principales actores de la cadena de biocombustibles advirtieron el actual escenario como posible, si el Ejecutivo no establecía una relación equivalente entre la evolución del negocio de los hidrocarburos y el de los combustibles a base de productos agropecuarios. Ya advertían que, ante una crisis de abastecimiento por especulación en la dispensa de combustibles, y ante una falta de voluntad de parte del Gobierno de interrumpir las exportaciones de las petroleras extranjeras y de la misma YPF, la vorágine especulativa respecto del gasoil y las naftas estaba al llegar…
¿Y cuando? Ahora, cuando se están levantando las producciones de soja y maíz que son las que determinan el funcionamiento del país al ser el único vector económico argentino a escala mundial.
Seis meses de intercambio de cartas, internas y carpetazos, y haciendo oídos sordos a la advertencia de los sectores implicados y que tampoco son Carmelitas Descalzas.

Fuente: Secretaría de Energía / Boletín Oficial