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El sector PyME en alerta por la necesidad de trasladar a sus precios finales el aumento de los insumos y de la energía, tal como difundió la industria automotriz días atrás. Asimismo, explicaron las consecuencias de los daños que provocan para el complejo industrial argentino la apertura de importaciones y la caída de las ventas. Lamentablemente, la propuesta sigue siendo la de bajar el costo laboral aunque ya no puedan levantar la persiana.

Redacción

El pequeño y mediano empresariado industrial muestra preocupación por el aumento sostenido de la energía que afecta directamente a la industria electrointensiva. Varios referentes PYME explican que el sector “viene sufriendo aumentos, ya sea a través de los sistemas que le ponen la factura, que es el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) o ajustes, donde el costo energético ha aumentado”. Describen incrementos del 100% con facturas que pasaron de 50 a 100 millones de pesos en pocos meses.

De allí, que el pasado lunes, el Gobierno Nacional publicó la Resolución 1119/2025 en el Boletín Oficial que estableció una prórroga hasta fin de año del régimen de descuentos en tarifas eléctricas para empresas con alto consumo energético, buscando mitigar el impacto de los aumentos en costos. Sin embargo, escuchando a los protagonistas del sector, el daño está hecho.

Desde la Asociación de Industriales de Buenos Aires (AdIBA), afirmaron que el traslado de los mayores costos a los precios finales se comenzará a evidenciar en los próximos días a causa de la suba del dólar y por añadidura el aumento de los insumos básicos. Además, lo que se evidencia es la baja de las ventas por la falta de poder adquisitivo.

El sector pequeño y mediano supermercadista también viene siendo notificado del aumento d ellos productos alimenticios, limpieza e higiene personal con incrementos de 4%, 6% y hasta 9%. La industria panadera por su parte, espera al menos 10% de aumento en insumos clave para la producción como las grasas y la margarina.

Desde la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica (CAMIMA), se explicó que “los insumos y materiales en la industria metalúrgica son dolarizados”, aunque aseguraron que intentaron contener el traslado a precios finales a pesar del reciente incremento del 14% en el segmento mayorista del dólar. Los representantes de CAMIMA admitieron que la volatilidad del dólar les ayudó a reducir el costo laboral -siempre asociado a los precios minoristas- aunque no haya repercutido en la demanda de empleo.

Representantes de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), hicieron hincapié en el ingreso de la manufactura extranjera. En varios rubros, la oferta de productos supera el 80%. A esto se suma la caída de la demanda global. Las familias han dejado de adquirir productos de primera necesidad. Síntoma que permite deducir que los bienes y servicios que no son prioritarios han sido relegados para otro momento en las compras domésticas.

Desde CADIEEL aseguran que las empresas buscan vender para cubrir gastos operativos y enfrentar la matriz de costos y cubrir pagos. Se ha relegado de búsqueda de ciertos niveles de rentabilidad. Sin embargo, argumentan que “la madre de todas las causas es la competitividad argentina, que está afectada por nuestras leyes laborales, nuestra presión tributaria, por las regulaciones, por los costos logísticos, por el costo que tiene el Estado”.

Al mismo tiempo admiten que el sector metal mecánico perdió 15 mil puestos de trabajo en el último año; y que la situación general desfavorece a la industria nacional, porque en un contexto de tasas de interés exorbitante (superiores al 60% anual), el acceso al crédito se hace privativo: no hay actividad productiva industrial que pueda soportarlas, no perder rentabilidad y ser competitivas.

La Unión Industrial Argentina (UIA) ahora ha comenzado a expresar preocupación tras ser uno de los principales sectores de presión para la apertura importadora. ¿Qué les paso? Lo de siempre. Cuando les abren mucho la competencia externa protestan porque los desfavorece, a lo que se suman dos dinámicas cuyo ejercicio tiene en nuestra región al menos 400 años de historia: no pueden contrarrestar el contrabando y sus socios regionales volvieron a traicionarlos (otra vez y van…), ya que triangulan el ingreso de mercadería al país sin pasar por los circuitos donde la UIA tiene presencia.

La organización esgrimió los argumentos de siempre: que el aumento de la informalidad es un riesgo, para los consumidores; que genera competencia desleal; que se trata de una presión adicional sobre el sector formal de la economía, ya que está muy penalizado por la alta presión tributaria y el costo laboral vigente.

La queja parece apoyarse en que los actores nacionales, no tienen las garantías que poseen en otros países de la región para delinquir. Es decir, si no hubiese tanto impuesto y tanta cháchara con los derechos laborales, contrabandear estaría bien; así como triangular para evadir y aniquilar la competencia también sería bienvenido por ellos. El reclamo está en no poder acceder a una igualdad de condiciones.

Lo que no falla jamás, es el argumento de los altos costos laborales. Ningún sector se atreve a plantear la construcción de una propuesta que enfrente la apertura de importaciones o los abusos por parte de los proveedores de energía, combustibles y financiación alentados por la política pública vigente.

Lo más fácil es caerle al trabajador, responsabilizarlo y patearlo en el suelo. Se olvidan que al final del camino, será el trabajador el que los rescate del pozo en el que han caído.

Fuente: Agenda PyME /NAP/ Cámaras PyME

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