Cuando la disputa entre agro, minería y energía se hacen una

La trama alrededor de los biocombustibles en Argentina es fiel reflejo de las discusiones que están tomando cuerpo a nivel internacional. En la bolsa están desde los productores agropecuarios, las pymes productoras, los gobiernos provinciales, las petroleras, las agroexportadoras y distintos conflictos regionales en ciernes. Un reclamo y el impulso de una ley.

Redacción

El conflicto relacionado a los biocombustibles recrudece. Distintas organizaciones que nuclean a los productores están reclamando a la secretaria de Energía de la Nación (SEN) la nueva actualización de los valores del bioetanol y biodiésel afrontar la suba de costos productivos. En más de una oportunidad, la queja que sustenta el reclamo ha sido que los ingresos dan por debajo del punto de equilibrio.

Los fabricantes de alcohol de caña de azúcar, manifiestan que el litro de etanol debería costar $800, pero las petroleras hoy lo pagan a $635. En tanto, el precio del alcohol elaborado a base de maíz, cuesta $582 y debería superar los $750. En cuanto al biodiésel, el precio pasó semanas atrás de $923.590 por tonelada a los actuales $951.285, pero los productores aseguran que debería estar por encima de $1.050.000 para equilibrar los costos.

Desde el sector, rememoran algunas de las promesas realizadas desde el Gobierno anterior y también el actual. Por un lado, que percibirían habilitación de aumentos para los biocombustibles según el incremento de las naftas. Luego ese criterio fue modificado por la implementación de una fórmula polinómica, que se aplicaría para establecer el precio del alcohol de caña por un lado; y se proyectaría al resto de los insumos base.

Según argumentan los empresarios, ya ni siquiera se aplica esa fórmula y el precio quedó totalmente desfasado, y superado por la matriz operativa de costos. Si a eso se le suma el descenso general de demanda de combustibles a causa de la caída global de la actividad que roza el 15%, la situación hacia adelante no es buena.

Además, la presión del oligopolio petrolero – que forma parte de los estamentos de conducción gubernamental – se hace sentir: acusan a las productoras de biocombustibles de ser las responsables de la suba de precios en los surtidores en lo que va del año. Las cámaras del bio lo desmienten contundentemente: en lo que va del año, el incremento del precio del combustible en surtidores aumentó un 126%; mientras que los derivados de la soja y del maíz y la caña de azúcar subieron alrededor del 3%.

Lógicamente las promesas contenidas en la Ley 27.640 de proyectar el sector a su punto óptimo han quedado en el olvido. La preocupación también cunde en los productores primarios, dado que en varias regiones comenzaron a direccionar sus esquemas de cultivos en tanto proveedores de la industria de los biocombustibles.

Impulso a la ley

Ante este panorama las provincias que conforman la denominada “Liga Bioenergética”, impusan un proyecto de Ley de Biocombutibles, donde se propone un aumento en el corte obligatorio tanto en el gasoil con biodiesel de soja, como en las naftas con bioetanol producido a partir de maíz y caña de azúcar.

Los distritos que la conforman son Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Tucumán y Salta. El reclamo e impulso de una legislación específica para el sector, surgió luego de que el Gobierno nacional no incluyera la pretendida readecuación en la “Ley Bases”. El proyecto, fue articulado con las cámaras del sector y las agroexportadoras – que también plantearon sus condiciones.

En general, el texto marco propone un aumento en el corte obligatorio de biocombustibles, elevando el 10% actual del biodiésel para mezcla con gasoil al 15% a enero de 2027, con subas escalables semestrales de 1%. Idéntico porcentaje se plantea para el bioetanol hasta octubre de 2026.

Además, se garantizaría a las pymes productoras un primer cupo de corte, tras lo cual el mercado sería de libre competencia, permitiendo la participación de grandes agroexportadoras. Asimismo, se incluye a las petroleras en el mercado de biocombustibles en el futuro, una vez que el mercado actual esté consolidado.

Allí se funda parte del reclamo respecto a las promesas en torno a la Ley 27.640 mencionadas anteriormente. El acuerdo base, era una proyección del sector hacia una consolidación para el 2030. Dado que esos compromisos no han sido cumplidos desde el Gobierno, y el panorama se ha complejizado a raíz de la situación económica y el mercado internacional de combustibles, las pretensiones y los plazos se han modificado.

¿Qué se espera ahora? La voluntad política gubernamental. Por el momento estaría en manos del viceministro coordinador de Energía y Minería del ministerio de Economía, Daniel González. Hombre que ocupó las altas gerencias de YPF y director de Adecoagro – la aceitera donde participa la familia Bosch, con posiciones predominantes en el mercado, “sede central en Luxemburgo”; y cuyos principales accionistas son las estadounidenses Route One Investment Company L.P y Jennison Associates LLC; junto a la holandesa PGGM Investments.

No dan puntada sin hilo los muchachos.

Fuente: CEPREB / CASFER / Agenda Agraria / InfoCampo / Archivo