Cuando las inversiones vienen de la mano de la entrega

Mendoza adhirió como provincia al establecimiento legitimado de controles internacionales respecto del control y políticas públicas aplicadas en el ejercicio de la soberanía para los complejos y explotación de minería e hidrocarburos. La EITI, además, “recomienda” que los Estados “no se metan”. Argentina se sumó a esta iniciativa en 2017 y desde 2021, rinde cuentas periódicas al organismo.

Redacción

La semana pasada se conoció que el Gobierno de Mendoza ratificó su adhesión a la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI por su nombre en inglés), un instrumento respaldado por el Banco Mundial. La ratificación se fijó en un acto de firmas por parte del Gobernador Alfredo Cornejo y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

Si bien no es la primera provincia en adherir a la iniciativa – Salta y San Juan ya lo habían hecho por ejemplo -, es la primera que lo realiza en el marco de la vigencia de la promoción a las grandes inversiones, y en un contexto de continuos movimientos de los distintos distritos por acomodarse en esta coyuntura.

El Ejecutivo mendocino sostuvo en su comunicación oficial que la decisión se fundamenta en el dominio soberano sobre sus recursos naturales, y que la adhesión al mecanismo forma parte de las políticas de transparencia, rendición de cuentas y el desarrollo con las mejores prácticas y respeto por el medio ambiente con altos estándares internacionales.

La EITI fue creada entre 2002 y 2004 como iniciativa de varios países europeos, donde su figura más destacada era el británico Tony Blair – el impulsor de la denominada “Tercera vía” con la que se buscaba por entonces legitimar el imperialismo europeo teñido de verde -.

Dos décadas después EITI continúa sosteniendo que su labor es procurar que se regularice la divulgación y ajuste a estándares internacionales de los ingresos de las industrias extractivas pagados y recibidos por los gobiernos en materia de impuestos, regalías y bonificaciones por firma de contratos. Asimismo, busca establecer un bloque de países, instituciones y empresas que conformen un nodo estratégico en dichas actividades.

Según los documentos que publica EITI, la explotación de los recursos naturales debe contribuir al desarrollo sustentable, y debe apuntar al beneficio del conjunto de la ciudadanía. Así, promueve “la gestión abierta y pública del petróleo, gas y minerales mediante la publicación periódica y estandarizada de información acerca de los regímenes aplicables a la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales, volúmenes de producción y cotejo de pagos realizados y recibidos”.

Para el Banco Mundial transparentar estas actividades, “mejora la gestión de los recursos naturales, permite reducir la discrecionalidad, verificar que los marcos legales se cumplan, crear un marco de información compartida y establecer las condiciones para un debate público de políticas de aprovechamiento de estos recursos. Asimismo, contribuiría a generar un clima de inversión más atractivo y fortalecer la confianza entre los gobiernos, las empresas y los ciudadanos, lo que redunda en una mayor legitimidad y sostenibilidad de los proyectos que se desarrollan.

La propia EITI reconoce institucionalmente, que si bien son “rescatables” las experiencias donde los Estados se han hecho cargo de la explotación y transformación de los recursos naturales, su actividad genera “suspicacias”, ampliación de “erogaciones públicas”, y “eventualmente corrupción”.

En criollo, no les parece mal que el Estado esté al frente, pero si es posible que no lo esté, tanto mejor. Entonces, entre sus requisitos, los países son exigidos a explicar, divulgar y mantener datos abiertos, del papel de las empresas estatales en el sector del petróleo, el gas y la minería; así como las normas que rigen la relación financiera entre el gobierno y las empresas estatales. Esto debe incluir el nivel de propiedad que el gobierno tiene en las empresas estatales, filiales y empresas conjuntas.

De alguna manera, se condiciona a los gobiernos nacionales o regionales a ceder soberanía, o a no considerar Secreto de Estado, determinadas estrategias y mecanismos para explorar, conservar, explotar, procesar y comercializar recursos naturales estratégicos, que incluso, son pilares para la defensa nacional de cualquier país.

Así, a partir de ahora, la provincia de Mendoza se somete a control y monitoreo internacional de carácter negativo; que además, por extensión, se traslada y condiciona al resto de las provincias.

Dos ejemplos de esto son Vaca Muerta y la cuenca cuprífera. En el caso del yacimiento petrolero, el mismo está situado bajo el subsuelo de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. La presencia de EITI en esta última, indirectamente condiciona y colisiona intereses con las otras tres.

En el caso del cobre, según los distintos anuncios y tareas de exploración que se vienen llevando adelante al menos desde 2022, señalan la existencia de importantes depósitos de cobre desde Salta a Mendoza. Lo mismo que en el caso anterior: un control internacional de esta índole, condicionará a cuatro provincias más (San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta).

Nuestro país, se sumó a la EITI en 2017. Durante 2019 se realizaron las primeras adaptaciones formales; aunque recién en 2021, Argentina comenzó a reportar periódicamente al organismo. Faltaba que se adhirieran formalmente las provincias en forma individual.

Dado el apoyo del gobierno nacional en esta iniciativa mendocina, no sería de extrañar que paulatinamente, varias provincias comiencen a adherir a este tipo de “iniciativas” foráneas. De no ser así, como está sucediendo en el sector hidrocarburífero, estas agencias internacionales propenderán al enfrentamiento entre provincias por intereses comunes.

Fuente: Gobierno de Mendoza / CAEM / Banco Mundial / EITI / Memo