Desregulación garrafal

El “título fácil” es una forma de soportar el efecto de una de las medidas más antipueblo trabajador que el los gobiernos nacionales, han tomado en el último siglo: desregular el precio de la garrafa; siempre cara y siempre insuficiente.

Redacción

A través del Boletín Oficial el gobierno nacional dispuso la desregulación del mercado de garrafas de gas. Según dicen será “transitoria”; y de cara a que se incrementen las inversiones en el sector y garantizar el abastecimiento del mercado interno.

Así, se eliminó el concepto de “precios máximos” para reemplazarlos por “precios de referencia”, que a partir de ahora serán de 8.500 pesos para la garrafa de 10 kilos, de $10.200 para la de 12 kg y de $12.750 para la de 15 kg.

El Ejecutivo nacional comunicó también que la desregulación del mercado de precios del Gas Licuado del Petróleo (GLP) producirá una mayor eficiencia en lo económico y estimulará la inversión, produciendo de esta forma una mejora progresiva en cuanto a una amplia competencia logrando elevar al mercado de GLP local a “estándares internacionales”.

Como era esperable, las Cámaras del sector garrafero saludaron la medida. Desde Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA), se aseguró que la decisión está acorde con lo estipulado en la “Ley Bases”. Es decir, que el Estado “no intervenga en la formación de precios”; entonces, “la oferta y la demanda van a autoregular el precio en competencia con otras energías”.

Algo que jamás sucedió en la realidad de las familias, pero cuyo argumento refuerzan afirmando que la fijación de precios máximos atentó contra la viabilidad de la actividad y desalentó la oportunidad de expandir la producción, incluso con una mirada de exportación.

Desde CEGLA agregaron también que dado que hay mucha competencia y que la norma provocaría “sólo un incremento del 13%”, no creen que los precios de la garrafa se disparen.

Lo más desopilante de todas formas está escrito en la norma oficial que justifica la medida. El objetivo sería el de “promover la competitividad de la oferta y la demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos hogares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes de distribución de gas natural; y propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible, desarrollo en el largo plazo y en niveles equivalentes a los que internacionalmente rigen en países con dotaciones similares de recursos y condiciones”, justifican en el Ejecutivo.

Lo más probable es que ninguna de las personas implicadas en la decisión utilice garrafa en sus casas; o menos aún: sean los encargados de ir ala distribuidora o al almacén de cercanía a comprarlas.

El que usa garrafa lo sabe: rara vez, en los comercios de cercanía, los precios máximos fueron respetados.

Fuente: BO / +E / CEGLA