Deuda odiosa y soberanía ficcional (cuarta parte)

Cuarta entrega de la charla con Alejandro Olmos Gaona, que tuvo lugar el 4 de octubre pasado, en un espacio libre de la red X.

Redacción

Compartimos la cuarta parte de la charla con Alejandro Olmos Gaona [1] que mantuvieron los hacedores un interesante espacio que se desarrolla cada viernes en la red social X (ex twitter). En la misma se abordaron varios temas tanto de actualidad política nacional y regional, como también algunos de los ejes que han caracterizado la obra del autor: las deudas externas odiosas; las sesiones de soberanía que realizan los Estados Nacionales ante organismos multilaterales de crédito o fondos de inversión privados; y la relación de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Demás está decir, ponderar nuestro agradecimiento por la autorización para difundir este material, a los hacedores del mencionado espacio en la red X, habitualmente coordinado por Mariano Maccarone (Sanmartiniano), y secundado Paula (Veneciana), Pablo (Doc12), Lautaro (Teniente Carpincho), y Guillermo. Entre paréntesis, los seudónimos con los cuales se los encuentra en la mencionada red.

Una aclaración de edición: ya que el texto deriva de la desgrabación de una charla, los lectores encontrarán algunas anotaciones entre corchetes. Éstas corren por cuenta del Editor, y hacen las veces de agregar o aclarar alguna información, ya que la usanza coloquial omite algunos detalles.

Editor Responsable*

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DEUDA ARGENTINA. Invitado: Alejando Olmos Gaona

(4 de octubre de 2024 – Red X) – Cuarta parte

Alejandro, muchos de los que estamos acá en este espacio, siempre denunciamos que a esto hay que verlo con un proceso que empieza en el ‘76 y sigue para acá. Cuando nosotros denunciamos estas cuestiones -sobre todo los instrumentos jurídicos y demás-, nos tiran con todo porque tocamos algún dirigente que es una fibra sensible para muchos. Entonces, te ponen al dirigente como excepción, cuando que en realidad se ha demostrado -y usted lo ha lo ha conceptuado muy bien- que no es así. Recién usted describió que esto comenzó en 1976, continúa en la década del 80, y en los 90 se hace el desmadre que se hace. Después, continúa en el 2004 y con los sucesivos decretos en los gobiernos de los Kirchner. La pregunta sería la siguiente: ¿qué pasó en el tema del acuerdo con Chevron, con Dow Chemical, y la causa YPF? Y también respecto de los dichos de Heller, cuando dijo que la deuda había bajado un 70% en el año 2005.

AOG: Heller antes de ser Diputado es banquero. Por supuesto, uno de los problemas terribles que tiene la Argentina o por lo menos la dirigencia política en general, es ver las cosas de manera sesgada y a través de un prisma ideológico. Es decir, si yo veo que esto es blanco, pero tengo una ideología que me puede decir que es negro, pero no es negro; es como lo que planteaba el gran filósofo español Don Miguel de Unamuno. En uno de sus libros, hablando de estas negaciones decía es como aquel gallego que frente al hipopótamo en el zoológico, lo miraba y decía “ese animal no existe”…

Primero, la deuda no bajó ni remotamente un 70%, y los cálculos son muy fáciles porque la deuda que se reestructuró en la gestión de Kirchner eran 81.000 millones de dólares, de los cuales entraron en el canje 61.000, que se canjearon por 37.000 de nuevos títulos. Eso da el monto exacto de lo que bajó en ese momento la deuda. Después con el canje del 2010, bajó un poquito más. Pero la prueba es que si bien bajó un poco la deuda externa, como contraposición subió la interna porque para pagar los acreedores hubo que utilizar recursos del del Banco Central, del Banco Nación, etcétera. La prueba fundamental es que se fue Cristina Kirchner y la deuda era de 24.650 millones de dólares. Así que el 70% es una de las tantas ficciones del desendeudamiento kirchnerista que no resiste el menor análisis. Sí bajó un poco la deuda externa indudablemente; pero después volvió a crecer de nuevo porque se cambiaron bonos por bonos con un cupón atado al PBI, y actualizados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER). Por eso hubo que intervenir el INDEC, para decir que la inflación no era la que la que era.

Entonces, adulterar las estadísticas públicas para tratar de que eso que se había hecho no llegara a ser realmente explosivo. Esto es lo que habitualmente yo veo, ¿no? Esta visión donde, si yo estoy de este lado, entonces justifico todo lo de este lado y critico lo del otro lado. Lo que hay que tener en cuenta, es tratar de ver lo más objetivamente posible la realidad; no lo que me dice el partido que debo decir.

Recuérdenme la primera parte de la pregunta por favor…

¿Qué pasó en el tema del acuerdo con Chevron, con Dow Chemical, y la causa YPF?

AOG: Bueno el tema de Chevron… El gobierno del Ecuador había enviado un oficio al gobierno argentino en el año 2013 para que se embargaran todos los activos de Chevron. En ese momento, Argentina estaba negociando con Chevron. Cuando se embargan los activos desde el fuero administrativo federal, ya no se podía firmar nada.

Chevron apela a la Cámara Federal, pero esta confirma el embargo. La empresa apela a la Corte, y la Corte -contrariando su jurisprudencia-, ordena el levantamiento del embargo. En la Corte Suprema, los embargos y ese tipo de acciones no son sentencia definitiva; son medidas cautelares que no causan estado, y pueden ser modificadas en cualquier momento. Pero bueno, más allá de eso, la Corte ordenó el levantamiento del embargo, y al levantar el embargo, Cristina emitió el decreto 949 por el cual permitió que se le entregara a Chevron una enorme fracción del petróleo en Vaca Muerta de que es la cuarta reserva mundial de petróleo no convencional.

Un amigo mío, el senador Rubén Giustiniani, pidió al gobierno que le mostrara el contrato y le dijeron que no. Entonces inició una acción de amparo en la Justicia Federal que fue rechazado en primera instancia. En segunda instancia le rechazaron el recurso extraordinario. Fue en queja a la Corte, y la Corte -el 14 o 15 de noviembre- ordenó que se mostrara el contrato. Se fue Cristina, vino Macri. No mostraron el contrato, entonces se pregunta, “¿cómo es posible que, sin querer mostrar el contrato, ahora venga Macri y diga lo mismo?”. Continuidades inexplicables.

La realidad es que el fallo de la Corte es la máxima instancia jurisdiccional de la Argentina. Pero claro, Chevron es Chevron. Entonces empezaron las chicanas. No querían mostrar el contrato. Pidió una audiencia en la Cámara Federal. Ahí asistí con los senadores Linares, Giustiniani y Solanas; y allí los abogados de YPF dijeron que no; que mostrar el contrato podía perjudicar las exploraciones reservadas de YPF, de Chevron, etc. Toda una sanata propia de abogados para tratar de utilizar cualquier cosa hasta que la presidenta de la Cámara Federal dijo: “o nos traen el contrato o allano YPF y lo secuestramos”. Ahí recién se pudo ver el contrato; ocho o nueve meses después; en el mes de septiembre del 2016.

¿Por qué no querían mostrar el contrato? Porque el contrato no estaba firmado por YPF de la Argentina y Chevron de la casa matriz de Estados Unidos. Estaba firmado por una offshore de YPF con asiento en un paraíso fiscal y una offshore de Chevron en otro paraíso fiscal. En el medio del contrato había otras ocho offshore constituidas con el único objetivo de evitarle a Chevron cualquier tipo de problemas judiciales, fiscales, o de cualquier naturaleza derivados de la acción que había en el Ecuador. Es decir, todo eso se hizo para favorecer a Chevron; y además por supuesto sometidos a la jurisdicción extranjera.

Cuando a la semana y pico se firma el contrato con Dow Chemical, yo presento un recurso de amparo para que demuestre el contrato porque me lo habían negado. La jueza María José Sarmiento -en primera instancia- ordena que me muestren el contrato. YPF apela. Va la Cámara Federal, y en ese momento el Congreso dicta la Ley de Acceso a la Información Pública. En esa Ley del macrismo, había un artículo o un inciso -creo que el inciso 9 de uno de los artículos-, donde se establecía que una sociedad que cotizaba en bolsa podía negarse a dar información pública. Como YPF cotizaba en bolsa, el juez la Cámara Federal falló en primera instancia, y me negó el acceso al contrato. Ese contrato sigue en secreto. O sea, nunca se pudo ver. Por lo cual suponemos que también están las mismas cláusulas y lo mismo que siempre se ha hecho.

Respecto al juicio de YPF, cuando el gobierno llevó un proyecto al Congreso para estatizar el 51% de la empresa, yo redacté -se lo puedo mandar a todos para que lo vean- un análisis completo del sistema de hidrocarburos de la Argentina, diciendo que apoyábamos el proyecto pero efectuando una disidencia parcial. Es decir, apoyábamos el proyecto, pero decíamos que había que expropiar además el 25% de la familia que Eskenazi. Es decir, no el 51 sino el 76% de la petrolera, para después expropiar la totalidad que faltara a través de un proceso. Pero claro, como los Eskenazi habían hecho negocios con los Kirchner, eso fue rechazado y se expropió nada más que el 51%.

Consecuencia de eso, estos señores Eskenazi cedieron sus derechos supuestamente -habría que ver si es así- a ese grupo de fondos buitres Burford que accionaron contra la Argentina y consiguieron una sentencia por 16.000 millones de dólares.

Esto ha dado lugar a que toda la jauría se tirara contra Axel Kicillof -que era ministro de economía en ese momento-. Si bien lo he cuestionado a Kicillof cuando se firmó el acuerdo con el Club de París, y más allá de ciertas manifestaciones imprudentes de Kicillof diciendo que no les iba a dar un mango a los de YPF, y finalmente terminó dándole 10.000 millones de dólares; lo que no coincido en el ataque, es con el hecho de decir que se violó el convenio de YPF y el Estatuto de YPF. Porque el Estatuto decía que, si uno expropia una parte del paquete accionario, tenía que hacer un ofrecimiento similar a los otros accionistas.

El tema es que en Estados Unidos la legislación no es codificada como la nuestra, y a veces se manejan con ciertas particularidades. Pero acá hay una realidad: los que hablan de que no se respetó el estatuto de YPF, pareciera que ignoran que la Constitución Nacional establece que el Estado por razones de utilidad pública, puede expropiar lo que se le dé la gana. Entonces, ¿cómo es posible que el estatuto de YPF esté por encima de la Constitución?

Pero bueno… Hoy todos los que apoyan al sector privado -el diario de La Nación, Clarín, todos-, dicen que no. Que cómo no se reconoce el estatuto. Señores, la Constitución Nacional está sobre el estatuto de una empresa. La Constitución establece que se puede expropiar lo que el Estado quiera por razones de utilidad pública. Yo no sé cómo fue defendido ese juicio. Sé que hubo una acción que se hizo en España para nulificar el convenio que habían hecho los Eskenazi con Burford, y mostrar que la compra de los Eskenazi había sido de alguna manera fraudulenta. Pero no sé si existió del juicio. La cosa es extremadamente complicada, pero cabe aclarar que los Eskenazi compraron el 25% de las acciones de YPF sin un peso; pagándola con los recursos que les iba a dar la empresa; con las ganancias que les iba a dar YPF cuando ellos ya tuvieran el capital accionario que compraron.

Una cosa tan disparatada como si mañana cualquiera de los que están acá escuchando este espacio, deciden ir a un restaurant, y decirle al dueño que se lo quieren comprar. El propietario acepta y pregunta cómo se realizará el pago; y ustedes le responden que lo harán con las ganancias que da el restaurant una vez que ustedes lo lleven adelante. ¿A ustedes les parece que el Estado puede permitir eso? Pero claro, acá los negocios son los negocios; y por eso se hizo lo que se hizo con YPF. Se liquidaron utilidades al 90%, y después con los dividendos, iban comprando las acciones. Una cosa de locos. No te la creen; fue una cosa de locos.

*Pablo Casals -DNI 25.554.396

NOTAS

[1] Alejandro Olmos Gaona es un historiador argentino, dedicado al estudio de la deuda externa. Es hijo de Alejandro Olmos también historiador de la misma temática y querellante en el juicio sobre la legalidad de la deuda externa argentina. En 2006 presentó un recurso de amparo ante la Justicia argentina para que el gobierno de Néstor Kirchner suspenda el pago de 9.530 millones al FMI. Fue asesor del gobierno de Ecuador bajo la presidencia de Rafael Correa hasta 2008. En este país fue miembro de la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) que auditó los préstamos tomados por los gobiernos ecuatorianos entre 1976 y 2006. En Argentina se desempeñó como asesor del diputado Pino Solanas. Desde allí denunció al entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, por el acuerdo con el Club de París que aumentó los intereses de la deuda. Luego, con el cambio de gobierno, realizó presentaciones en la justicia para que se investigue la operatoria de las empresas off-shore del presidente Mauricio Macri. Posee varios libros publicados alrededor de la temática abordada en esta charla.