El Gobierno Nacional dictó una prórroga de 180 días más otros posibles 180, para el cumplimiento de las ventas externas de maíz, declaradas anticipadamente por las exportadoras. Más allá de las quejas o sensaciones de alivio en el sector, se sigue inflando con aire una piñata que cuando explote con salpicará a todos no precisamente de talco, papel picado y caramelos

Redacción

Tal vez recuerden cuando, allá por el mes de noviembre pasado, cubrimos la publicación de la Resolución que prorrogaba el plazo a las empresas exportadoras de trigo, para cumplir con los montos comprometidos en las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE), dado que a causa de la sequía ni los productores iban a alcanzar a entregar la mercadería en término. Ahora, el Gobierno Nacional anuncio lo mismo pero para el maíz.

Seguramente, para quién no esté familiarizado con la actividad, no se comprenda la razón de ser de tales DJVE, y por ende, el mecanismo de prórrogas. Pero primero demos cuenta de lo publicado en el Boletín Oficial.

Según la Resolución 78/2023, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, extendió los plazos de cumplimiento de las DJVE por 360 días; pero con algunas variantes intermedias. Por un lado, una prórroga por 180 días para las DJVE de maíz en grano con periodo de embarque comprendido entre el 1° de marzo y el 31 de julio de 2023, contados a partir del fin de embarque más la prórroga automática, la cual se transformará en el nuevo plazo de vigencia de la documentación.

Luego, la norma agrega en el artículo 3°, otra prórroga “excepcional” de 180 días que no sean alcanzadas por el rango de fechas establecido anteriormente; aunque deberá comprobarse mediante una serie de trámites y documentación a presentar, que se trató de casos de fuerza mayor y/o elementos fortuitos. Así, a lo anterior, se extenderían al plazo 180 días más.

Sin embargo, los solicitantes de esta segunda opción deberán presentar la DJVE; los elementos de acreditación de personería del solicitante; la documentación que respalde y justifique la nueva prórroga; el contrato de compra-venta de la mercadería; o factura que acredite la operación; y otra documentación que pudiera solicitar el organismo oficial. La resolución aclara asimismo, que los productores podrán alegar los mismos motivos de fuerza mayor para no poder cumplir con los exportadores, quienes deberán admitir dicha situación.

El motivo de las DJVE

En teoría y oportunamente, la implementación de las mismas fue para “fijar” o “contener” los precios de referencia de cada cereal respecto del mercado interno; pero fundamentalmente para que las operaciones hacia el interior de la cadena no estuvieran al salto diario de la cotización internacional. Además, las mismas prevén el anticipo por parte de las exportadoras del arancel de exportación – las famosas retenciones -, lo cual permite al gobierno financiarse anticipadamente a que las ventas efectivamente ocurran y de alguna manera también “asegurarse” un precio.

Así, lo que contienen las DJVE son cantidades de mercadería y embarques futuros que el Gobierno conoce con anterioridad y se cobra. Las empresas exportadoras, lo que deben hacer es salir a comprar la carga comprometida a los productores locales – en realidad a las cooperativas y organizaciones que los nuclean, acopiadores y demás intermediarios -.

Puede ocurrir, por supuesto, que el productor no quiera vender por algún motivo “X”. Cosa prácticamente improbable cuando se impulsó el sistema vigente de DJVE, y no se preveían por ejemplo una sequía de tal magnitud que afectará hacia abajo los rindes promedios históricos, tal como ocurrió en las últimas dos campañas. Lo que está sucediendo también es que son los productores los que tampoco saben a ciencia cierta si podrán cumplir con los contratos que los atan a los exportadores, por el hecho de no saber cuánto y cuándo podrán cosechar.

Es por eso que oportunamente, como referimos al principio, se aplicó el sistema de prórrogas con el trigo, y ahora se replica con el maíz.

¿Qué puede pasar en el próximo semestre o año? En el mejor de los casos, y dada la sumisión argentina hacia la cadena de valor internacional del comercio de granos y subproductos, se espera que la primera etapa prórroga dictada (hasta el próximo 31 de julio) sea suficiente.

Sin embargo, de continuar agravándose las consecuencias de la sequía, y que los productores no puedan cumplir con los contratos, y que las exportadoras salgan a buscar maíz desesperadas por todo el país y la región para cumplir con los embarques, pueden que los precios internos se disparen desequilibradamente.

Si eso ocurre, para el caso del maíz, es un problema que posee aristas muy sensibles, porque así como es un commodity de exportación; también es insumo básico para varias industrias: la industria de la alimentación; el combustible ecológico cuyos cortes se incorporan a las derivados del petróleo; y fundamentalmente forraje del cual se nutre la ganadería, la avicultura, y la cadena láctea.

En síntesis, el sistema de las DJVE que los intereses privados de la cadena agropecuaria demonizan con el mote de “intervención vejatoria estatal”; en realidad e indirectamente les terminará jugando a favor.

En el peor de los casos, las multinacionales exportadoras resignarán rentabilidad; aunque es algo que tampoco sucede jamás: empujan y socializan las pérdidas hacia el interior de la cadena porque “transmiten” los costos hacia abajo.

De allí que nuestra prédica siempre apunta al conflicto real del asunto agropecuario: la mayor parte de los costos y gastos reales -contantes y sonantes – los paga el productor, el primer eslabón. Porque paga sus propios costos de producción; y en forma directa e indirecta – según la etapa de comercialización -, también solventa un porcentaje importante del resto de los costos de la cadena, sea resignando rentabilidad o abonando taka-taka, fletes, seguros y prestaciones que no le corresponden.

Imagine el lector como será la parva de guita que se llevan las exportadoras, que el último de la fila de todos los productores, obtiene una ganancia mínima promedio que le permite un ingreso por encima del promedio de cualquier pequeño comerciante o empresario. Y eso es así, pensando en el chacarero que posee unas pocas hectáreas que él mismo trabaja.

Imagine y no deje de imaginar. Si el Gobierno Nacional dispusiera del manejo de comercio exterior, la multinacional exportadora no tendría razón de ser, y los equilibrios internos no tardarían mucho más allá de un lustro en resolverse (venimos de por lo menos 45 años de barranca abajo permanente).

La solución no pasa por la lluvia, sino por la política.

Fuente: SAGyPN / Boletín Oficial