El sector citrícola tucumano, secundado por la legislatura provincial, vuelve a la carga por su tipo de cambio específico. Tienen sus buenas razones y quieren aprovechar el año electoral. El Gobierno debería tomar nota del desmembramiento del aparato productivo.

Por Pablo Casals

Ya hemos visto que el famoso “dólar soja” no fue beneficioso para el conjunto de la nación y su aparato productivo. Ni siquiera los propios actores del sector lo aceptan del todo, porque resultó un “pan para hoy y no sabemos qué para mañana”. El resto de las cadenas no beneficiadas con el tipo de cambio específico no dejan de afirmar que lo no han parado de aumentar sus costos.

No se puede tampoco echarla la culpa de la inflación al “dólar soja”, dado que la escalada de aumentos comenzó años antes. Lo que sí se puede afirmar, es que las exportadoras obtuvieron una tasa de ganancia mayor y que el fisco pudo recaudar divisas, que utilizó y seguirá implementando para cumplir más o menos con los preceptos del FMI, y bancar los juegos financieros y las importaciones masivas de bienes manufacturados.

En este contexto, se convive en una organización económica cuya moneda nacional está devaluada en términos reales. Más allá de lo que dicte el valor del “dólar oficial” o el del ilegal (“blue”), si nos metemos en cualquier cadena de precios internos, veremos rápidamente que los valores no poseen relación concreta, complementaria o sustituta, respecto de las otras cadenas productivas. En criollo, nada tiene precio.

De allí que en mayor o menor medida, los sectores de la producción ligados a la exportación pugnan por su tipo de cambio específico. El Gobierno Nacional, surfea en un permanente tire y afloje con cada sector, y va aflojando soga no tanto para “dar la razón a los reclamantes” sino para suavizar los conflictos. El resultado es una especie de Frankenstein, donde ninguna actividad marcha conexa con la otra y carecen de patrón común de desarrollo.

Por lo tanto, es entendible que la cadena productiva asociada al limón, haga su propio planteo; que de lograrlo será efímero, peor en el mientras tanto zafan (o ventajean según el caso) un poco.

En Tucumán se vienen las elecciones y como se imaginarán todos los sectores toman posición y presionan. Los poderes locales responden; las urnas están cerca.

En la legislatura provincial, los jefes de bloques del oficialismo y de la oposición firmaron en conjunto un proyecto de resolución para gestionar ante el Gobierno nacional la implementación del «dólar limón». Es decir, un tipo de cambio especial para la campaña productiva 2023.

El proyecto indica que en función de los diagnósticos de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), “a las aproximadamente 250.000 toneladas de limones que no se cosecharon en el 2022, se suma que se están eliminando entre 3.000 y 5.000 hectáreas con plantaciones de limoneros para reemplazarlos por caña de azúcar, lo que tiene su correlato en la pérdida de puestos de trabajo». El texto además, se enmarca dentro de la Emergencia Agropecuaria para las actividades de producción de limón fijadas por la Ley 9.614 de esa provincia.

Esa norma, dispone para los productores una serie de beneficios tributarios durante 365 días, a fin de poder afrontar campaña productiva citrícola 2023. Entre los fundamentos, se expuso que “entre un 10% y 15% de la producción quedó en las plantas sin ser cosechada»; se dice que de las 410.000 toneladas producidas en 2021, la misma se redujo a la mitad en 2022.

Se registró una caída significativa de los precios a nivel internacional, como consecuencia de un crecimiento sostenido de la oferta por parte de otros países competidores como Turquía, España y Sudáfrica. Otro argumento, es que entre los mayores compradores de limón y fruta fresca estaban Rusia y Ucrania, en guerra entre sí hace poco más de un año.

Lo cierto es que lo perjudicados, son los de siempre: los productores independientes no agrupados en los esquemas de concentración vertical de las cadenas regionales.

Según los autores del proyecto, la producción del limón se exporta en un 95%, y su comercialización representan la mitad de las divisas que ingresan a Tucumán.

Otro de los fundamentos esgrimidos es el de mano de obra y el de los aumentos salariales. Los mismos fueron pautados en un 70% (en pesos), pero aún así, dicha suba aumentaría el quebranto de los productores (que liquidan en dólares). La comparación la realizan con el sector sojero: mientras la oleaginosa paga durante la campaña a razón de un jornal por hectárea, el limón abona 25 porque requiere mayor mano de obra.

Por lo tanto, el proyecto combina: sostener la rentabilidad; mantener y ampliar mercados; y ayudar a costear la mano de obra.

Hay que esperar a que se defina la situación y ver que resultados tiene el reclamo en el Gobierno Nacional. Peor es un año electoral. “Ya tu sabes”.

Fuente: Legislatura de Tucumán / La Gaceta