Dudas y temores del sector pesquero

“Más vale tarde que nunca”, dice el refrán; aunque el avance de leyes y normativas que presenta un Gobierno fortalecido parece de aplicación inminente. La pesca empezó a moverse. Hay 46.000 empleos directos en juego.

Redacción

Una buena parte del sector pesquero comenzó a criticar desde el vamos la política que impulsaría el actual gobierno previo a su asunción en diciembre. Otros se sumaron luego del DNU 70/2023; como así también hubo quienes lo hicieron durante las primeras negociaciones de la oportunamente denominada “Ley Ómnibus”. Por supuesto, hay actores que aún muestran apoyo crítico al Gobierno tras siete meses de gestión.

Sin embargo, los pocos adherentes pueden llegar a cambiar de opinión. La aprobación del RIGI y el “paquete fiscal”, más la confirmación del nombramiento de Federico Sturzenegger al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado – cartera creada a medida para el funcionario -, generó inquietud y expectativas negativas.

No se olvidan que Sturzenegger fue el autor intelectual de aquella primera versión de Ley Ómnibus, y en cuyo texto se planteaban severas modificaciones a la Ley N° 24.922 “Régimen Federal de Pesca” que pusieron en alerta tanto al empresariado como a los gremios y Organismos de control de la Pesca. Recuerden, se alcanzó a postular la implementación de un sistema de adjudicación de cuotas de captura mediante sistema de licitaciones internaciones, y el otorgamiento de permisos de pesca sin priorizar a aquellos buques construidos en astilleros Nacionales, aquellos que poseen menor antigüedad y aquellos que generan mayor mano de obra.

No sólo acabarían con esos tres pilares que protegen a la Industria Naval Argentina – que de por sí se arrastra -, sino que lo propuesto en el proyecto consistía directamente en entregar la bandera. Eso implicaría, dejar la industria, la navegación y las capturas a merced de los mercados internacionales, y a aquellos países que controlan la navegación internacional.

Por otra parte, el sector pesquero tiene una afrenta con el ministro de Economía Luis Caputo. Según dicen hacia el interior de la cabeza, Economía los “castiga” a partir de la imposibilidad de hacerse de flujos financieros externos (dólares) a causa del “cepo “.

Otra de las causas, es el aumento del impuesto PAIS del 7,5 al 17,55. Es decir, el 133% de incremento, que encarece insumos, repuestos, herramientas producidas en el extranjero; y en unos cuantos casos, provenientes de las casas matrices de las principales pesqueras que operan en nuestro litoral marítimo.

El tercer punto son las retenciones, fijadas para el sector en el 15% de todos los productos derivados de la actividad pesquera, sin discriminar por especie ni grado de valor agregado. Según los actores, la brecha entre lo que se exporta y lo que se importa en del 28% a favor del foráneo.

También es sector ve problemas de forma inminente. La restitución del Impuesto a la Ganancias con piso en $ 1.800.000 en la ley conocida como “paquete fiscal”, supone además de la carga tributaria, el conflicto de intereses con el personal pesquero y sus pares del personal formalizad en tierra. Es decir: se avizoran más conflictos gremiales, suspensión de actividades, bloqueos, etc. Lógicamente, la aprobación del RIGI, dejan la puerta abierta para la extranjerización total del sector.

De yapa, el Consejo Federal Pesquero – máxima autoridad de aplicación del sector -, sesiona poco y cuando lo hace, “administra favores y agranda problemas” – dijo una de las fuentes -. Por ejemplo, adjudicó 3.500 toneladas de cuota social en langostino para la provincia de Río Negro, como parte del “intercambio” por el asunto del “Pacto de Mayo”. Lo primero que hizo la medida fue general descontento en Buenos Aires y Chubut.

Otras de las molestias, es que el gobierno no resuelve respecto de cómo renovarán las denominadas “Cuotas Individuales Transferibles de Captura para la especie merluza hubbsi”; zafra insignia de la pesquería argentina.

Por último, la continuidad en la pasividad del Gobierno nacional respecto de la pesca ilegal y licencias pesqueras ilegales que otorga Gran Bretaña, a partir de su enclave invasor en Malvinas, y cuya flota navega con bandera de “Falkland Islands”. El gobierno mientras tanto, a través de Cancillería, firmó un acuerdo llevado a cabo en Nueva York junto a 90 países, para definir Áreas Marítimas Protegidas en inmediaciones a nuestra Zona Económica Exclusiva. Esto último, que es muy bien recibido por ecologistas, parte del progresismo socialdemócrata, y un puñado de empresarios libertarios; implica indirectamente, entregar jurisdicción soberana sobre esos territorios marítimos a una autoridad supra estatal y extranjera.

¿Qué es lo que está en peligro además de la cadena pesquera argentina en conjunto? Los 46.000 empleos directos; los 381 buques autorizados, y la cuota de divisas que produce la actividad para el país – cerca de 2 mil millones de dólares anuales -.

Tarde pió la pesca, el desastre anticipado ya está entre nosotros. Al sector le queda revelarse y regresar al modelo pesquero nacional, aunque a las empresas extranjeras no les guste demasiado la idea.

Fuente: SAGyPN / CFP / Informe Pesquero