El Gobierno de Mauricio Macri sumó restricciones al comercio exterior a través de un aumento del 500% a tasa administrativa por importaciones. La medida, admitieron desde la Rosada, sólo tiene fines recaudatorios. Lejos está también, de contribuir al impulso de la industria nacional.
Redacción
Mediante el Decreto presidencial 332/19, el Gobierno aumentó de 0,5 a 2,5 por ciento la “tasa estadística” que pagan las importaciones. La medida según el texto, es de carácter “transitoria” y se extenderá hasta fin de año. Éste gravamen, es un instrumento fiscal destinado a financiar el sistema estadístico vinculado al comercio exterior que involucra a diferentes organismos públicos. “Las operaciones de comercio exterior requieren de actividades específicas del Estado Nacional, las cuales comprenden registraciones, cómputos, sistematizaciones, fiscalizaciones, habilitaciones y certificaciones, entre otras tareas”, sostiene el decreto en sus fundamentos.
Durante 2018, por éste concepto ingresaron a las arcas del Estado alrededor de 2.200 millones dólares. Es por ello que el texto argumenta que los costos operativos mencionados, superan ese volumen de recaudación, y por lo tanto se cae en una situación de “subsidio a los importadores”.
Es la primera vez que dicha tasa se modifica en los últimos veinte años. Además, elimina las restricciones que imperaban en la normativa anterior e incluye a los productos que ingresen al país provenientes del Mercosur (origen del 30% de las importaciones argentinas). Asimismo se elevan los montos máximos a pagar por dicho gravamen, modificando la suma de 500 a 125 mil dólares.
Durante la década del noventa, ésta “tasa estadística” ascendía hasta el 10 por ciento. En 1999, ante un reclamo presentado por Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio, Argentina debió reducirla al 0,5 %, atento que según la demanda que la OMC acompañó éste gravamen constituía un “arancel encubierto”.
durante los años noventa, pero en 1999 la Argentina se vio obligada a reducirla ante un reclamo presentado por Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio. Primero cedió al 3 por ciento para terminar en el 0,5 por ciento. Las autoridades estadounidenses argumentaron ante la OMC que la magnitud de las alícuotas establecidas por Argentina no eran justificables como tasa en contraprestación de servicios estadísticos sino que constituían un “arancel encubierto”.

Las probables repercusiones de la medida

Sin poner el ojo en los detalles, la medida parecería positiva. Tal como reza el Decreto, se dejaría de “subsidiar” a los importadores en lo que respecta al pago de éste concepto; cosa que por fenómeno contrafáctico limitaría el ingreso al país de ciertos bienes e insumos del exterior que perjudican actualmente al desarrollo de la industria nacional.
Sin embargo, hacer esa deducción sería caer en la falacia. En primer lugar, porque la industria argentina con capacidad de sustituir importaciones, está incapacitada de reacción ante la ausencia de créditos movilizadores de la actividad y las tasas astronómicas. Segundo, en un contexto donde la industria admite índices de reducción de su capacidad instalada del 60% ; capacidad de consumo y circulación dentro del mercado interno en picada; suba permanente de los costos logísticos; y ahora la suba de un 500% a la tasa administrativa por importaciones, hace prever que el futuro inmediato de la industria nacional sufrirá un nuevo golpe.
Según un informe publicado recientemente en el diario BAE, se registra una caída interanual (marzo 2018 a marzo 2019) de las compras de Bienes de capital (-46,1%) y de las Piezas y accesorios para bienes de capital (-36,6%) dentro del mercado interno. “Complementariamente, se registra una disminución de las importaciones de Bienes de consumo (-32,6%) y de Vehículos automotores (-58,2%)”.
La secuencia lógica es simple: si no se consume a nivel interno, es cada vez más difícil producir; y al disminuir el ritmo de producción, es en vano importar más insumos o bienes de aplicación industrial.

¿Cómo debería funcionar?

En un proceso de franca reestructuración de la industria nacional, el Gobierno nacional debería alentar y conducir políticamente la sustitución de importaciones. Es decir, progresivamente, se dejan de importar desde el exterior, aquellos productos que Argentina puede volver o comenzar a fabricar.
De ésta forma, la canasta de importaciones, dejaría paulatinamente de componerse de agujas de coser, arandelas, vasos, vestimenta, productos plásticos de escaso proceso industrial, etc.; para pasar a comprar en el extranjero máquinas e insumos de alto valor agregado por aplicación tecnológica.
Para ello, se hace necesario una refundación de la política arancelaria al comercio exterior. Estipular la modificación porcentual de una tasa, con el sólo fin de recaudar una determinada suma de dólares al año, ni siquiera sumará al tal ansiado “equilibrio fiscal” que pregona la Casa Rosada.
Las tasas y aranceles a las importaciones, deben construirse acorde al “daño” que el ingreso de tal bien produce a nuestra industria nacional. Un ejemplo claro podemos observarlo en la actividad textil: dado sus exponenciales porcentaje de caída constante en los últimos cuatro años, los aranceles aduaneros a la importación de indumentaria e insumos para dicho sector, deben “penalizar” y ser equivalentes al daño producido por el dumping importador. Así, se podrá alentar nuevamente al sector perjudicado; y los aranceles bajarán al compás de la recuperación del sector textil, siguiendo el ejemplo.

Fuentes: Ministerio de Economía / Boletín Oficial de la Nación Argentina