A raíz de lo publicado por varios medios – inclusive Chasqui Federal – respecto de la situación de la flota del INIDEP, se fueron publicando durante la semana una batería de notas relacionadas, al organismo, la actividad pesquera, e incluso la industria naval. Pero hubo un artículo que nos sirvió de disparador; y allí surgieron estas líneas.
Por Pablo Casals
El miércoles pasado, el portal Revista Puerto, publicó una nota firmada por su Directora Editorial, Karina Fernández, titulada “El Estado, ese pésimo armador”, cuyo enlace compartimos aquí para quién esté interesado en su lectura.
El medio mencionado, es una fuente de consulta para esta Redacción respecto a los temas pesqueros, más allá de coincidir o no con su línea editorial. Tampoco es nuestra voluntad polemizar con Fernández. Solamente pretendemos marcar una diferencia de concepto.
La periodista titula de esa forma, un artículo donde da cuenta del desastre que significa que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), posee su flota de prospección e investigación impedida para navegar, sea por averías o por carencia de las habilitaciones pertinentes.
Durante la semana pasada Chasqui Federal se refirió al tema a partir de la noticia que narraba la rotura del “Mar Argentino”, y la suspensión de la campaña de prospección de la corvina, especie fundamental dentro del denominado “variado costero”. En el mismo artículo, también explicamos los correspondientes los otros dos buques, de mayor calado, embergadura y prestaciones: el “Angelescu” y el “Holmberg”.
Para no volver sobre los mismos datos, diremos rápidamente, que entre una cosa y otra, Argentina está comenzando la tercera temporada de carencia de prospecciones o una disminución significativa de las mismas, principalmente en lo que atañe al langostino y al calamar. Ambos – como también se sabe -, recursos de preponderancia geopolítica no sólo por su demanda y precio, sino también por su valor nutritivo.
En criollo, recursos estratégicos, que sufren permanentemente todo tipo de embates que van desde los saqueos de la flota con asiento en la milla 201, las licencias ilegales que otorga la invasión británica, el mal procesamiento en situación de captura que realizan todas las flotas.
Por lo tanto, la flota del INIDEP posee – valga la redundancia en el uso del concepto – importancia estratégica para el estudio y control de nuestros recursos soberanos. Casi tanto como lo deberían tener los patrulleros de la Armada Argentina, Prefectura, y el Comando Táctico conjunto de Operaciones en el Atlántico Sur, de cara a custodiar nuestro territorio marítimo, y los recursos de sus aguas y subsuelo.
En la nota de Fernández, se caracteriza al Estado como “pésimo armador”. Es decir, pésimo propietario de flota. La definición se basa en los desatinos cometidos por la actual dirigencia del INIDEP.
Sobre esto último, podemos llegar a coincidir. Pero en todo caso, no sería el “Estado” el “pésimo armador”, sino en todo caso, la actual cúpula del INIDEP; y por responsabilidad transitiva, a aquellos organismos a los cuales INIDEP debe reportar resultados. Y acá comienza a encontrarse la punta del ovillo.
El INIDEP es un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hemos referido largamente al rol que la actividad pesquera posee dentro del organigrama de los gobiernos semicoloniales argentinos de las últimas décadas: la principal actividad económica que se realiza en la porción de territorio más amplia de nuestro país (6,5 millones de kilómetros cuadrados de mar), la controla y dirige políticamente una Subsecretaría vaciada de presupuesto.
Entonces, más que definir al Estado como “pésimo armador”, estamos ante un Instituto de investigación que lleva adelante una actividad de suma importancia geopolítica para los intereses del país, pero que al mismo tiempo posee un estatus marginal dentro de la estructura de las últimas administraciones de Gobierno. Además, los resultados de su tarea debe reportarlos a la Secretaría mencionada y a “sus majestades británicas”. Sí; como leyó: entre los compromisos asumidos por Argentina derivados de los “Acuerdos de Madrid” de la década del ’90, está la consigna de que debemos informar a Gran Bretaña no sólo nuestros movimientos en nuestro territorio marítimo, sino también los resultados de las investigaciones.
Uno puede decir, “bueno, si no hay investigación porque la flota no navega; no hay datos para pasar”. Bueno; no. Eso no tiene importancia. Tanto Inglaterra, como China y España, hacen sus propias investigaciones con sus propias flotas de prospección, ilegalmente, a espaldas del pueblo argentino, y fortaleciendo la invasión británica.
Entonces más que estar ente un Estado “pésimo armador”, estamos ante un Gobierno cipayo – el actual y al menos los cuatro anteriores -. Que vienen consecuentemente liquidando nuestra flota mercante, entregando la bodega y la bandera de dominio del flete marítimo; la flota pesquera, la Armada de Guerra, la flota de patrulla marítima y costera; y por ende toda la cadena de la industria naval nacional que supo estar entre las mejores y más eficientes del globo con el Astillero Río Santiago a la cabeza.
¿O nos van a querer hacer creer ahora, que una industria que fabricó buques como las MEKO 140 o el Santísima Trinidad, no puede montar un buque de pesca de altura con laboratorio incluido para las campañas de prospección, que en lugar de encargarlo en España sea fabricado en nuestros astilleros?
Entonces el Estado no es un “pésimo armador”. Lo que hicieron – y siguen haciendo – fue desguazar nuestra industria naval, reventar al principal y mejor armador nacional que supo ser el Estado Argentino, para el ejercicio del libre albedrío de “sus majestades británicas” y sus socios estratégicos en la invasión: España, Corea del Sur, Tailandia y China.
Por último, repetimos: nuestra nota no va en contra de lo que firma Karina Fernández. No es de nuestro interés polemizar con ella. Pero lo cierto es que su nota nos sirvió de disparador para la presente y poder desarrollar algunas aristas de esta situación.
Fuente: Revista Puerto