Un Decreto presidencial suprimió la Dirección Nacional y sus atribuciones políticas, técnicas y operativas, que convertían al organismo en un ente público de carácter estratégico y con presencia en todo el territorio Nacional. Desarticular el INTA es atentar contra la soberanía.
Redacción
A través del decreto 571/25, el Gobierno Nacional suprimió la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que hasta ahora funcionaba como el principal órgano ejecutivo del organismo.
La medida deriva de un Decreto anterior -el 462/25 publicado el 7 de julio-, donde el Ejecutivo había dispuesto que el INTA dejara de ser un ente descentralizado para convertirse en un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía. De ahora en más, será el presidente del Instituto quién concentrará de forma directa todas las funciones que antes estaban bajo la órbita de la Dirección Nacional, respaldado por un Consejo Técnico encargado de fijar los lineamientos científico-técnicos.
Según el texto oficial, el cambio apunta a “dotar al organismo de mayor agilidad operativa” y unificar la conducción para acelerar la toma de decisiones, en un contexto en el que la investigación, el desarrollo y la extensión agropecuaria son considerados estratégicos para el sector.
Además, el Gobierno Nacional afirma que desde la entrada en vigencia del Decreto 462/25, la Dirección nacional no tenía justificativo para seguir existiendo. Sin embargo, esto último está en duda ya que el Congreso Nacional rechazó la mencionada norma la semana anterior. Entonces, la situación del INTA volvería automáticamente al estatus del 6 de julio pasado. Pero, dada la dinámica gubernativa del “Decreto fácil”, las amenazas de veto, y la franca decisión de desarticular los organismos ligados directamente a la producción, configuran un escenario indeterminado.
Por lo pronto, la supresión del Consejo Directivo y la Dirección General —con sus cargos de director nacional, directores nacionales asistentes y director general de administración—, fueron reemplazados por un único órgano ejecutivo: un presidente con rango y jerarquía de secretario designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
A partir de ahora, el funcionario a cargo, tendrá la responsabilidad de llevar adelante todas las tareas que ejercía la Dirección y el Consejo, a ser: la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de acciones estratégicas y operativas; la coordinación de todas las unidades y centros de investigación; la gestión económica, financiera y patrimonial —incluyendo la definición y control del presupuesto—; la articulación institucional y la vinculación tecnológica con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales; la planificación y el desarrollo de recursos humanos; la promoción de transferencia tecnológica; la comunicación institucional y la relación con gremios para atender cuestiones laborales. Además, deberá administrar el Fondo de Promoción de la Tecnología Agropecuaria y determinará los centros e institutos necesarios.
El actual presidente del INTA es Nicolás Bronzovich. A partir de hoy -martes-, todo lo mencionado en el párrafo anterior recae sobre sus espaldas. El funcionario afirmó en declaraciones públicas que “se mantendrá el personal existente con sus cargos, su situación de revista y unidades organizativas vigentes hasta tanto se adecue la estructura organizativa”. Supongamos que no miente, pero sabemos que tampoco depende de él.
De esta manera, el Instituto nacional de tecnología Agropecuaria, organismo fundamental, estratégico y con presencia técnico, organizativa, fomentista y con presencia en todo el territorio nacional, pasará ser un sello de goma.
La razón por la cual el INTA era un organismo descentralizado, se justificaba en el mencionado anteriormente. La inmensidad y diversidad de nuestro país, con una estructura profundamente agropecuaria, requiere de un ente flexible que pueda coordinar, acompañar, asistir y fomentar. Cada región y cada cadena tiene su particularidad y debe ser correctamente atendida.
Había centenares de aspectos a mejorar en el organismo. Las propuestas para ello se multiplican por miles en todo el país. Sin embargo, la solución política es dejarlo inerte como paso previo a descapitalizarlo y disolverlo.
Atentar contra el INTA es atentar contra la soberanía.
Fuente: B.O. / Archivo Chasqui Federal