Los informes sobre la pesca de la caballa en el enclave portuario marplatense son poco alentadores. Los precios no han sido actualizados, el volumen de capturas es muy reducido, y las políticas hacia el sector, es la del “no sé qué decirte”…

Redacción

Ayer, publicamos una nota respecto de las prospecciones argentinas relativas al calamar Ilex, y la disputa geopolítica que la pesca significa para Argentina. Casi dentro de la misma nota, aunque sin la repercusión internacional del molusco, también podría entrar la caballa.

Según los últimos reportes oficiales y también del sector pesquero, entre diciembre y enero, pocas lanchas lograron encontrar el cardumen, dentro de los pocos días a raíz del factor climático, que pudieron salir a pescar.

Las capturas fueron de magrúes chicos – las “lapiceras” – que conformaron la mayoría de las descargas; y por ende el precio tampoco acompañó. Se habla de ofrecimientos de 110 a 130 pesos por kilo de parte de las plantas procesadoras. Lo mismo que la zafra anterior. Algunos además, mencionan que la pesca se redujo a una cuarta parte que el año anterior.

Oficialmente se dice que entre los meses de diciembre y enero las lanchas aportaron algo menos de 200 toneladas de caballa pero algunos cajones se escaparon de los números finales. Desde el sector privado, se habla de un 10% más.

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, afirma que en enero de desembarcaron algo más de 89 toneladas de caballa en Mar del Plata. Volumen lo aportaron solo cuatro embarcaciones – 750 cajones cada una -; cosa que confirma que la flota amarilla va viendo reducido su nivel de capturas, año tras año. Según los informes oficiales, las lanchas amarillas (denominada formalmente “flota artesanal” o “de rada”), declaró descargas por 4.941 toneladas en 2020; 4.420 toneladas en 2021; y en el año pasado, apenas 2.831 toneladas.

Las capturas de las flotas de arrastre y altura, tanto con licencia nacional como las ilegales, saquean el recurso que tradicionalmente manejaron las flotas de rada. De allí la desaparición paulatina de lanchas, o la migración de las mismas hacia otros enclaves pesqueros posibles.

Las autoridades poco pueden hacer al respecto dada la política aplicada sobre el sector: desconocen los recursos potenciales; carecen de control sobre la pesca de altura; no existe el ejercicio propio de la actividad por parte del actor estatal – lo cual permitiría un control y regulación de la actividad  acorde a las realizades concretas de la misma -; y mucho menos cadena donde la flota artesanal pueda resguardarse: no es razonable que las procesadoras paguen el kilo de magrú al mismo precio que la temporada anterior, sin actualizar mínimamente por inflación.

Fuente: Subs PyA /Revista Puerto