Año a año la debacle del sector vitivinícola se agiganta. Las exportaciones de vino crecen pero los precios de la uva caen en picada. El 95 % del sector está concentrado en un puñado de empresas que también controlan los resortes estatales que existen para actividad. Redacción

Los pequeños del centro y el Este de la provincia de Mendoza se quejan de los altos grados de incertidumbre que concentra la producción viñatera campaña tras campaña. Responsabilizan a las grandes bodegas y a la pasividad estatal, por perder competitividad a la hora de exportar. Argumentan que ello sucede porque cuando liquidan las ventas, las mismas son pagadas al dólar oficial; pero a la hora de comprar insumos los mismos son cotizados al valor del paralelo.

La dinámica comercial que describen es más o menos la siguiente, según los valores del primer semestre del corriente año: el productor entrega la uva a las bodegas sin saber cuánto valdrá el producto ya que el precio se fija a partir de la producción de vinos. Es decir, el chacarero entrega la producción durante febrero y marzo, pero recién puede emitir la facturación a partir de junio. A esto se suma que la cadena de pagos se realiza en pesos, con plazos de hasta 18 cuotas fijas; y cuyos cobros se inician seis meses después de entregadas las facturas. Para resumir: la entregada en febrero de 2020 se termina de cobrar en febrero de 2022. Si bien, el precio del litro de vino aumentó de 8 a 12 pesos de 2019 a 2020, los costos de los insumos superaron los parámetros inflacionarios. Según estimaciones del INTA, el precio que recibe el productor por su producción está un 35% por debajo de un precio sostén.

Otras variantes que posee la dinámica de la actividad, es la de los productores que entregan directamente la uva a las bodegas sin esperar la elaboración posterior. Éstos sufrieron una baja en el precio del quintal del 20%: por lo que en 2019 se pagaba a $ 1.000, en 2020 se pagó $ 800.

Entre los fenómenos asociados a esta dinámica es el crecimiento año a año de la cantidad de chacras que dejan de producir por no poder afrontar los costos. La demanda de mano de obra cayó y los precios de los jornales son más bajos en términos relativos.

La Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), por su parte está sujeta a los designios de las cinco empresas que concentran el 97% de la actividad del sector: Bodegas Esmeralda (Nicolás Catena Zapata), La Agrícola (José Zuccardi), Leoncio Arizu (Alberto Arizu), Valentín Bianchi (Familia Bianchi), Dominio del Plata (Susana Balbo). COVIAR administra los aportes hacia el sector que proviene en su mayoría de la banca internacional y organismos estatales.

Se estima que en Argentina operan cerca de 500 bodegas, y el monto de las exportaciones ronda los 600 millones de dólares anuales.

Más allá de los números y los nombres, es evidente que de no impulsarse políticas desde es Estado que aparten a las grandes empresas del dominio de la actividad, y que la planificación productiva se oriente hacia las necesidades del pequeño productor y las conveniencias del mercado interno, el sector vitivinícola está condenado a la extranjerización, y el vino argentino pasará a ser extranjero.

Fuentes: COVIAR / INV / INTA