Embudos: Integrar y concentrar

En Argentina hay varios ejemplos de este tipo en todos los rubros. En este caso particular, lo que llama la atención es la prolijidad, la prestancia institucional, y la legalidad de los actos. Mendoza, el cobre, y la minería

Redacción

La provincia de Mendoza, a través de la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental, comenzó el proceso de análisis y realización de los estudios de Impacto Ambiental, previsto para las exploraciones de posibles desarrollos de proyectos de cobre en el denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO).

El puntapié inicial lo llevó adelante la propia empresa estatal mendocina Impulsa Mendoza SA (IMSA), constituyendo expediente para los trabajos en “El Seguro”, junto con otros 33 proyectos y solicitud de evaluación, que la propia firma gubernamental facilitó a los distintos interesados.

El procedimiento, una vez realizados los estudios, pugnan por obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) conjunta; y que a su vez debe ser aprobada por la Legislatura provincial tal lo establece la legislación vigente.

Revisando el listado de los posibles beneficiarios, se percibe que más de la mitad de los trámites están encabezados o inscriptos a nombre de la misma firma: APELEG SA. Según la fuente, la firma es presidida por Julio César Pulisich – contador público y copropietario del estudio Torre-Pulisich, de estrechos vínculos con la actividad minera -.

El mismo que obró de síndico cuando se creó PRC SAU por parte de la provincia con el objeto de recibir los activos de la firma Potasio Río Colorado. Posteriormente el 88% del paquete accionario de dicha firma fue vendida a Compañía Minera Aguilar Potasio S.A. – de José Luís Manzano -, junto con el yacimiento de potasio propiamente dicho ubicado en el Departamento Malargüe.

Esa operación fue un paso importante para la provincia, pues a partir de ese hito se creó Impulsa Mendoza Sostenible SA, que se quedó con el anejo de las acciones que la provincia aún conserva en Potasio Río Colorado; además de recibir el saldo de los 30 millones dólares que la brasileña Vale dejara Potasio Río Colorado, como parte del acuerdo para la entrega de sus derechos mineros al Estado mendocino. De hecho, el mencionado Pulisich continúa ligado al directorio de PRC SAU representando a Impulsa Mendoza SA.

En total, APELEG cuenta con 19 de los 34 proyectos que se están evaluando. El resto se reparte en un puñado de actores también de relevancia.

Entre ellas, la empresa Agaucu – dueña original del proyecto “El Seguro”, luego transferido a IMSA – que posee cuatro proyectos en revisión y está asociada con Wincul SA. Otras dos firmas, poseen tres proyectos cada una: Nueva Victoria S.A. y el grupo chino Hanaq (con presencia relevante en Salta y Jujuy).

Luego, con una propiedad aparecen Raúl Ernesto Concina (de manera particular, aunque también es socio de Agaucu), Condor Prospecting, Ontario Inc, y José Marcelo Caccavari.

Hasta acá nada que decir, ¿no? Todo legal.

Eso han conseguido estos últimos cincuenta años: que ante los ojos del mundo se realicen operaciones que tienden a la concentración en pocas manos de una actividad en un territorio, y no se puede objetar el asunto más allá del plano de las ideas.

El caso descripto aquí, es el típico de la propiedad transitiva de las sociedades anónimas. Una SA muy grande e influyente en una rama de actividad, que no necesita apoderarse directamente de otras que van apareciendo en su radio de influencia.

Las más chicas, van cayendo solas al centro del embudo.

Fuente: Gob. de Mendoza / MEMO / Los Andes