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“Fondo blanco” (o de cómo sacarle el traste a la jeringa)

Entre la saga de intrigas de Palacio que entregadores, cobardes y misteriosos le proporcionaron hasta ayer al pueblo argentino, finalmente la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo negociado con el Fondo Monetario Internacional. Ahora resta que el Senado haga lo propio, para que el mismo tenga plena legitimidad parlamentaria, y le de “carta blanca” al organismo.
Por Pablo Casals
Entregadores, cobardes y misteriosos. Tres tipos de personajes que no deben faltar para que una historia sea vendible, aunque se sepa de entrada cuál será el final porque todas las sagas son más o menos iguales. Eso mismo, es lo que vienen haciendo los representantes del pueblo en el Congreso Nacional. Y digo “vienen” por que falta el capítulo “La Batalla del Senado”; y del cual no esperamos distinto final.
Desde esta Redacción no le dimos demasiada cobertura a éste asunto del acuerdo, porque pensamos que para no aportar a la confusión general nos manifestaríamos al respecto en los momentos necesarios. Así, el 25 de enero pasado, resolvimos sentar postura periodística difundiendo el documento de Romina Cortaberría -integrante de Social 21, La Tendencia-, donde se explica clara y resumidamente la visión sobre el asunto, con la cual Chasqui Federal política y comunicacionalmente (Ver: Deuda Externa: la única opción es planificar el conflicto).
Luego resolvimos que nos manifestaríamos tras el resultado de Diputados, y finalmente, una vez que el Senado se expida y que dará cuerpo y contenido final al texto del acuerdo”. Todo lo demás son – como dijimos intrigas – intrigas de Palacio.

Créditos y Reparto

Informativamente hay que decir: la medida tuvo 202 votos afirmativos, 37 negativos y 13 abstenciones. Desde la interpretación periodística y por ende política, el culebrón del acuerdo dejo en evidencia un reparto de 202 entregadores, 37 misteriosos, y 13 cobardes.
Repasemos rapidamente su caracterización: los entregadores porque tejieron un acuerdo típico con el FMI de cogobierno; y un acuerdo no explicitado de gobernabilidad entre el massismo y aliados con el macrismo y aliados. Los cobardes están integrados por los 13 diputados que se abstuvieron, y que – por su origen político – deberían haber tenido el rol principal en éste partido. Entre ellos, Daniel Gollan – segundo en la lista de candidatos del FDT en 2021 -; el militante del Frente Patria Grande (Juan Grabois), Itai Hagman; los Diputados Nacionales de origen sindical: Hugo Yasky, Sergio Palazzo, Pablo Carro, Claudia Ormachea, María Rosa Martínez y Vanesa Siley; algunos del “peronismo federal” como los puntanos Zabala Chapur y Ponce; otros de origen patagónico como el santacruceño Jorge Verón; también el porteño Daniel González. Hay algunos más para agregar, pero su postura, sin explicaciones públicas ni documentos, fue la de mantenerse en silencio estos meses previos y flotar en la cloaca de los que no se animan a escracharse.
En tercer lugar, los misteriosos, los 37 que votaron en contra. Misteriosos porque – salvo Espert, hay que decirlo-, ninguno de ellos expresó en las semanas previas los fundamentos de su posición ante el acuerdo, ante las negociaciones, ante el futuro. Porque el faro de los berrinches de los votantes negativos se lo llevo el Diputado Kirchner, pero en ningún momento explicó claramente a sus votantes el por qué de su postura (desde la renuncia a la presidencia del bloque en adelante); sus compañeros de bancada tampoco lo hicieron. La izquierda tampoco se dedicó en lo previo a explicar sus fundamentos (que por otra parte son los mismos de siempre). Los restantes liberales, se atuvieron a su tradicional pliego de consignas y mantras.

Trazos gruesos del contenido del “Acuerdo” aprobado

Como ya enunciamos en algún pasaje previo, el contenido del documento-acuerdo “de facilidades extendidas” para con el Fondo Monetario Internacional, contiene un “reperfilamiento” keynesiano: pateamos la deuda para adelante; acomodamos el factor intereses; y el FMI acompañó la propuesta con algunos ítems que regirán de aquí en adelante.
Lo que se aseguró el organismo es la vuelta al cogobierno del Estado Argentino, a través del poder de veto que lo votado en Diputados le otorga; y de allí las famosas “revisiones trimestrales”.
Los ítems principales indican que el FMI tendrá incidencia sobre las medidas que el país tomará respecto de la ley penal cambiaria, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, determinando criterios para identificar a los mismos, y demás definiciones políticas subyacentes. Además, se definirá en cuanto al programa de relación con inversores financieros y el rol del Banco Central en ese marco. Determinará prioridades respecto de la inversión estatal en obra pública; evaluará los recursos destinados a políticas sociales y a la “sostenibilidad” del sistema de jubilaciones. Hacer más “eficiente” el sistema tributario, sin perjuicio de las normales operaciones del Comercio Exterior. También modificar el Presupuesto Nacional (o sea, armar uno nuevo); y redefinir el valor fiscal de las propiedades de cara a los ingresos por impuestos a las rentas y patentes.
En definitiva, un menú de gobierno donde se refrenda la mirada fiscalista: la vida argentina resumida a una bolsa de guita a repartir. En una sola cosa coincidimos con el Documento que publicó La Cámpora durante la madrugada del viernes (y como siempre, sin fecha, lugar, ni firma), tras votar negativamente: ¿qué se va a pagar y quién lo va a pagar, todo lo que implica el acuerdo negociado? Poco importa: al FMI no le interesa cobrar, le interesa conducir el conflicto a su favor; y el Congreso hasta el momento le está haciendo el favor, dadas las faenas de los entregadores de siempre; los cobardes de turno; y los misteriosos de corazón contento.

¿Por qué Argentina debería planificar el conflicto?

Porque hace más de 45 años que no lo hace. Repasemos aquel documento de fines de enero que mencionamos al principio, y por lo que entendemos que debe ser establecido por los Poderes de la República como un Crimen de Agresión contra el Pueblo Argentino.
El texto nos habla de una Maquinaria de Destrucción Económico-Financiera contra la Nación Argentina, tiene su origen en 1975 con el denominado “Rodrigazo” durante el Gobierno de María Estela Martínez. Una devaluación del 160% que respondía el esquema desregulatorio impulsado por el FMI, que implicó implicó la sujeción cambiaria y presupuestaria respecto de las reservas del Banco Central. El proceso continuó en 1977 con la Ley de Entidades Financieras sancionada por la Dictadura Militar, que desreguló las tasas de interés y el mercado de divisas. Posteriormente, en 1989, con la Ley de Reforma del Estado a los inicios del Gobierno de Carlos Menem, se quebró el orden económico-industrial de la Nación, destruyendo las empresas del Estado (que habían sido profundamente endeudadas por las Juntas Militares y el Gobierno de Raúl Alfonsín); siguiendo con las leyes de Convertibilidad (1991) y de Carta Orgánica del B.C.R.A. (1992), con las que se legalizó el sometimiento cambiario ante el dólar.
Durante el siglo XXI el modelo de subordinación tuvo continuidad, al abonarse en concepto de deuda externa alrededor de 200 mil millones de dólares. Los acuerdos de pago facilitaron el ingreso de grandes capitales en la explotación de recursos naturales a gran escala, tras el pretexto de aumentar el ingreso de divisas por exportaciones. El resultado de esto ha sido el saqueo permanente de los recursos naturales estratégicos de la Nación.
Dado este cúmulo de antecedentes, pagar la deuda externa es rendirse nuevamente y desistir del conflicto. Implica que Argentina continúe por el camino de la destrucción económico-social de la Nación, y entregando soberanía.
No pagar la deuda, es elegir por la libertad de planificar el conflicto y recuperar soberanía industrial, monetaria y financiera. Supone “poner en funcionamiento todas las fuerzas de la Nación para tomar el control de la logística nacional, mediante el empleo de instituciones productivas, financieras, militares, diplomáticas y de gobierno, a fin de garantizar: 1) Seguridad en el abastecimiento de bienes (transporte y telecomunicaciones); 2) Producción vital del sistema industrial (Energía, alimentos, medicamentos, acero y metal-mecánica); 3) Autonomía en la circulación monetaria y, lógicamente, 4) control de la información que circula por la Nación
Argentina”
, tal como consigna el documento firmado por Cortaberría de Social 21.

La Justicia como Poder de la República ¿qué espera?

Tal como consigna el texto mencionado anteriormente, es necesario que el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), inicien una investigación, imparcial y efectiva sobre el proceso de endeudamiento desde 1976 hasta la actualidad. Al mismo tiempo, deben expedirse de oficio a fin de reparar el daño ocasionado la ilegalidad de la Deuda Externa Argentina, probada en la causa “Olmos, Alejandro S/denuncia”.
Allí se explican los vínculos entre “la deuda externa, la entrada de capital externo, las altas tasas de interés, el sacrificio del presupuesto y el fraude en la gestión de las empresas públicas, que han sido obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios”.
Aquí hay una serie de acontecimientos que nadie menciona, pero que dicho documento sí analiza brevemente. Por un lado, la invalidez jurídica de todo acto dictado por las Juntas Militares, expresada en la Ley 23.062, y a la cual ningún sector del arco político con representación en el Parlamento hizo al menos mención.
La Corte también tiene trabajo. Debe analizar las violaciones a la Constitución vigentes por los Decretos: 319/04 firmado por Néstor Kirchner; el 563/10 suscripto por Cristina Fernández; y 29 y 334 de 2017, firmados por Mauricio Macri. Todos ellos coinciden en “violentar el sostenimiento del Estado al renunciar a la inmunidad soberana y a la inembargabilidad de los bienes de dominio estatal, del patrimonio cultural y de la Defensa Nacional”. Lo mismo corre para el crédito stand-by 2018 con el FMI, el cual, pone en riesgo la existencia del Estado y la dignidad del pueblo argentino.
Todos ellos entregaron la soberanía jurídica de la Nación; y es por ello que jueces de Tribunales menores como el de Griesa en Estados Unidos, pudo mantener en jaque a la institucionalidad del Estado Argentino.
Para finalizar, el Congreso debe garantizar la seguridad económica de la Nación “mediante una ley que determine el carácter de nulidad insanable de toda operación de deuda, siempre que se contraponga a los siguientes puntos mínimos: 1) Toda operación de deuda debe tener como fin el desarrollo productivo de la Nación, salvo casos de catástrofes climáticas o emergencias sanitarias; 2) Las deudas contraídas, sólo podrán ser canceladas con los frutos de las actividades previamente determinadas; 3) Son inembargables e irrenunciables y por ende no pueden ser afectados a operaciones de deuda, los bienes de los Estados Nacional y Provinciales, destinados a uso: militar, cultural, de un servicio público o productivo esencial. 4) La inmunidad soberana de jurisdicción, la autonomía en la elaboración de políticas macroeconómicas y la sostenibilidad de la deuda son principios, derechos y obligaciones que encuentran su sustento en la seguridad económica e institucional de la Nación; 5) Todo convenio u operación de deuda, debe previamente ser aprobado por Ley de Presupuesto Nacional.
En síntesis; el Congreso Nacional tiene una mejor alternativa como Poder de la República. Ya que está, desiste del papel de sede de la “Estudiantina del Color” que parece tener ante cada sesión parlamentaria.

Fuente: HCDN / Archivo Chasqui Federal Noticias

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