Una galleta de empresas, contratos y paquetes accionarios que vinculan entre sí diversas articulaciones en la actividad petroquímica, demuestran que oportunamente, de YPF, no se fue nadie. Además, con las nuevas inversiones, utilizan la inversión estatal en infraestructura para cubrir los quebrantos operativos. Las pérdidas se socializan y licuan en el bolsillo del pueblo argentino.
Redacción
Mega, la empresa controlada por YPF (38%), Petrobras (34%), y la estadounidense Dow Chemical Co. (28%), busca incrementar un 50% su capacidad de producción de etano, propano, butano y gasolina natural en su planta situada en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Según lo informado días pasados, la firma planea instalar en una primera etapa otro tren de fraccionamiento, con el que podría incrementar el tratamiento de líquidos de gas natural un 20%. Es decir, un equivalente a 900 toneladas por día (tn/d). En una segunda etapa, la empresa pretendería realizar obras complementarias que le permitan aumentar su producción hasta un 50% desde las 4.700 t/d actuales hasta las cerca de 7.000.
Según la Secretaria de Energía de la Nación, a cargo de Flavia Royón, acompañará la iniciativa de inversión aunque aún no esté garantizado el origen de los fondos, que parece ser la principal discusión de fondo. El Estado Nacional, al ser el accionista mayoritario a través de YPF, no ha explicado aún los planes al respecto si es que existen.
Se sabe por otra parte, que desde 2018, Mega ha realizado inversiones por cerca de 100 millones de dólares para ampliar su capacidad de captación de gas con la construcción del gasoducto Tratayén-Loma La Lata. A esto se le suman los trabajos de infraestructura en sus instalaciones, para eliminar cuellos de botella tanto en las plantas de Neuquén como en la de Bahía Blanca. Esto último implicó actualizaciones tecnológicas de equipos y muelle de carga; instalaciones y sistemas que permitieron aumentar la producción en alrededor de un 15%.
Geopolítica petroquímica
En función de lo anunciado, MEGA firmaría un contrato vinculante con su principal accionista, nuestra YPF, para llevar adelante el aprovisionamiento de gas natural a través del Servicio de Transporte Firme (STF1) – en criollo, camiones – desde el Gasoducto del Pacífico (Argentina).
Dicho gasoducto de 600 kilómetros de extensión que une Loma de la Lata en Neuquén con la región del Bio Bio en Chile, es propiedad de un cúmulo de empresas. Por un lado la trasandina Compañía General de Electricidad SA, más conocida como CGE, perteneciente a un conglomerado cuya mayor influencia la tiene la empresa china State Grid International Development Co.Ltd. y el grupo español, Gas Natural Fenosa (GNF), conocida en Argentina por ser co-propietaria de Metrogas y Gas del Sur entre otras. Comparten sociedad en el mencionado gasoducto, la estatal chilena ENaP (petróleo); la estatal argentina YPF; y el Grupo Trigas, también de GNF y socia de la angloholandesa Shell.
Una galleta de empresas, contratos y paquetes accionarios, que demuestran que oportunamente, de YPF, no se fue nadie. Además, con las nuevas inversiones, utilizan la inversión estatal en infraestructura para cubrir los quebrantos operativos. Las pérdidas se socializan y licuan en el bolsillo del pueblo argentino.
Fuente: SEN / Desarrollo Energético / Monitor Global de Energía