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Hacia la depredación del subsuelo marino

Compartimos un artículo originalmente titulado “Vamos a minar el fondo del mar, ¿qué podría salir mal?”, escrito por Juan F. Samaniego, publicado y replicado por varios portales no-masivos. La nota aborda la minería sobre en subsuelo marítimo, los avances internacionales y los intereses privados. Sobre un caso testigo (la Isla de Nauru) el autor desarrolla el tema que indirectamente, también implica a nuestro país y a toda la región.

Redacción

La revolución tecnológica de las últimas décadas, la industrialización y, más recientemente, la transición hacia fuentes de energía renovables han disparado la demanda mundial de minerales. En este punto, la industria minera mira con atención al fondo marino y, concretamente, a la minería submarina, cuyos impactos alarman a muchos especialistas.

En 1975, Nauru era el segundo país más rico del planeta. Solo Arabia Saudí superaba en renta per cápita a la pequeña isla del Pacífico. Este territorio de apenas 21 kilómetros cuadrados se asentaba sobre un tesoro de fosfatos y sus posibilidades de extracción parecían infinitas. La explotación minera había sido gestionada por la British Phosphate Commissioners, bajo control de Reino Unido, hasta 1967 y, desde entonces, los recursos eran manejados por la Nauru Phosphate Corporation, controlada por el estado de la isla.

Pero los yacimientos empezaron a agotarse. En los años 80 y 90 el dinero dejó de fluir como hasta entonces, pero la isla ya no tenía muchas alternativas. Una serie de reformas intentaron convertir el país en un paraíso fiscal en el Pacífico, pero sin mucho éxito. Más del 80% del territorio interior había sido destruido por la minería, por lo que la agricultura y la ganadería eran imposibles, y la falta de ingresos complicaba mucho las posibilidades de importar alimentos y otros bienes (Nauru recibía casi todo desde el exterior).

Hoy, tras tocar fondo, la economía local muestra leves signos de recuperación y lo hace, sobre todo, a lomos de una nueva promesa extractiva que podría cambiar el planeta para siempre: la minería submarina. Ocean Resources Inc (NORI), filial de la compañía canadiense DeepGreen, trabaja de forma estrecha con las autoridades locales para extraer minerales valiosos del fondo del mar en las aguas territoriales de Nauru. Su objetivo es remitir la que será la primera solicitud de explotación de minería submarina del mundo en algún momento del año que viene.

El proyecto ha divido al mundo. Hace pocos días, recibió el apoyo de la agencia científica australiana, CSIRO, y otras empresas del sector han mostrado su interés en que vaya adelante. Enfrente tiene a un grupo cada vez mayor de científicos y países que piden tomarse con calma la explotación minera del fondo del mar. Durante la última  Conferencia sobre los Océanos de la ONU, Fiji y Palau presentaron la Alianza por la moratoria a la minería submarina, alianza a la que la semana pasado se unió formalmente la Federación de Estados Micronesios.

“Todavía hay mucho que no sabemos de los impactos de la minería oceánica”, señala Kristina Gjerde, asesora de políticas de alta mar para el programa marino y polar de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). “Pero también hay muchas cosas que ya sabemos, y son alarmantes. Necesitamos más investigación para entender de verdad el problema, pero también necesitamos actuar en base a la información que manejamos en este momento para evitar la degradación sin remedio de los ecosistemas marinos”.

El ultimátum de Nauru

La revolución tecnológica de las últimas décadas, la industrialización y, más recientemente, la transición hacia fuentes de energía renovables han disparado la demanda mundial de minerales. Dado que la mayoría de yacimientos terrestres están ya explotados y, en muchos casos, han superado su pico de producción, la industria minera mira con atención al fondo marino. Actualmente existen 31 proyectos de exploración en marcha que ocupan 1,5 millones de kilómetros cuadrados de fondos en aguas internacionales, según la UICN. Aunque más que iniciativas de exploración, se trata de prospecciones mineras.

La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), lleva una década intentando definir las leyes que regulen esta actividad, pero no está siendo fácil. “Todavía existen muchas preguntas legales y financieras sin responder, así como de conflicto de intereses y de seguridad”, explica Gjerde. “Creo que, sinceramente, es poco probable que tengamos una regulación en julio de 2023”. Esa fecha está marcada en rojo en calendario, porque existe la posibilidad de que el proyecto de minería submarina de Nauru se ponga en marcha haya o no haya leyes.

Alegando retrasos excesivos en el desarrollo de la regulación (las discusiones estuvieron paralizadas por la pandemia), el gobierno de Nauru comunicó el año pasado a la ISA que podría empezar a trabajar en el plazo de dos años, en julio de 2023. Lo hizo aprovechando un instrumento legal, conocido como la regla de los dos años, que nunca hasta entonces había sido utilizado. Según su punto de vista, si no hay una normativa específica para mediados del año que viene, la extracción minera podría arrancar bajo la normativa existente. Ocean Resources Inc también ha mostrado interés en enviar la solicitud formal de explotación comercial en los próximos 12 meses.

“Hay muchos gobiernos a favor de una moratoria en la minería oceánica. Y hay muchas voces autorizadas, muchos científicos, mostrando su preocupación. Creo que esto va a ser difícil de ignorar en las reuniones de la ISA”, añade Kristina Gjerde. “La ISA debe actuar, según las leyes internacionales, en favor de la humanidad en su conjunto. Si finalmente se permite la minería submarina el año que viene, las generaciones del presente y del futuro estaremos lidiando con las consecuencias durante mucho tiempo”.

Los impactos de la minería submarina

Gjerde es también una de las firmantes del Deep-Sea Mining Science Statement, un manifiesto apoyado hasta ahora por más de 650 especialistas en el ámbito marino de 44 países diferentes que pide que se detenga la explotación minera en aguas profundas. De acuerdo con este documento, la explotación minera de los fondos marinos se sumaría a los factores de estrés de los océanos ya existentes, como el cambio climático, la pesca de arrastre y la contaminación, lo que provocaría una pérdida de biodiversidad y de funcionamiento de los ecosistemas que sería irreversible y pondría en riesgo la forma de vida de millones de personas en todo el mundo.

Así, más allá de todo lo que todavía se desconoce sobre las dinámicas del océano profundo, estos son los impactos de la minería submarina que más preocupan a los expertos y expertas:

– Pérdida directa de especies y poblaciones únicas y ecológicamente importantes por motivo de la degradación y la destrucción de sus hábitats.

– Producción de penachos de sedimentos persistentes que afectarían no solo a los ecosistemas del fondo, sino a las especies de toda la columna de agua hasta la superficie.

– Interrupción de los procesos ecológicos que conectan los ecosistemas de aguas medias y los del fondo, llamados bentónicos.

– Vertido de sedimentos, metales y toxinas en toda la columna de agua, tanto por la explotación de los fondos marinos como por el vertido de las aguas residuales de la minería desde los buques.

– Contaminación acústica por la actividad de la maquinaria industrial en el fondo del océano y del transporte de lodos de mineral hasta la superficie del mar.

– Consecuencias inciertas en la dinámica del secuestro de carbono en el océano y en su almacenamiento en las profundidades.

Soluciones a la espera de regulación

Estos días se celebra en Kingston, Jamaica, la reunión del consejo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, parte de la sesión número 27 de la ISA que lleva en marcha desde principios de año. “El consejo dio un paso muy importante el año pasado al permitir una participación mucho más activa de todos los gobiernos y la sociedad civil en las decisiones, que hasta entonces habían estado controladas por las partes interesadas”, señala Kristina Gjerde.

El trabajo, por ahora, no vislumbra un final claro. Según la científica, a finales de año llegará el momento de echar la vista atrás, ver en qué punto están las negociaciones y qué decisiones faltan por tomar antes de redactar un marco legal definitivo. Así, parece poco probable que la norma llegue antes de julio de 2023, aunque tampoco está claro que Nauru y Ocean Resources Inc vayan a lograr que su caso prospere y obtengan el permiso de explotación.

“Tenemos que lograr reducir los impactos de la minería en su totalidad, dentro y fuera del mar. Tenemos que reducir nuestra demanda de recursos minerales vírgenes y reutilizar más. Tenemos que diseñar la tecnología para que no dependa de estos materiales y para que todos los componentes sean siempre reciclables”, concluye Gjerde. “El mismo debate que estamos teniendo con los plásticos tenemos que tenerlo con los minerales y la tecnología. No podemos seguir como hasta ahora, tirando hacia adelante mientras ignoramos los impactos”.

Fuentes: Climática – La Marea / Rebelión

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