El gobierno nacional prorrogó las concesiones de las represas hidroeléctricas instaladas en las provincias de Río Negro y Neuquén. El caso arquetípico del federalismo de signo negativo. El planteo de las provincias. La postura de Milei. La cuestión federal.

Por Pablo Casals

La información tiene unos días. El pasado miércoles 17 de enero, la Secretaría de Energía de la Nación (SEN) comunicó mediante Resolución la prórroga por 60 días sobre las concesiones de las represas hidroeléctricas de los ríos Limay y Neuquén.

La medida publicada en el Boletín oficial, se hizo efectiva el pasado viernes 19 para las represas Alicurá (operado por el grupo estadounidense AES), El Chocón-Arroyito (la italiana ENEL) y Planicie Banderita-Cerros Colorados (actualmente controlado por Aconcagua Energía – de Trabucco y Basso – luego de comprar a Orazul del Grupo Morgan Stanley). Por su parte, para el caso de Piedra del Águila (manejada por SADESA, el mismo grupo que maneja Central Puerto, y que cuenta entre sus accionistas a Miguengs Bemberg, la familia Escasany y los hermanos Ruete Aguirre), también se extenderá el mismo plazo, pero a partir del 28 de febrero.

Según la Resolución, “las concesionarias deberán continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico correspondiente y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el referido periodo”. Durante las primeras semanas de la actual gestión del gobierno nacional, había trascendido que tanto el presidente Milei como el Secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, pretendían hacer uso de la cláusula que permitiría al gobierno nacional extender la prórroga por un año a partir del vencimiento del contrato de concesión.

Tales concesiones vencieron durante el mes de agosto pasado, luego de 30 años de vigencia del marco de la “reforma del Estado” impulsada oportunamente por el entonces mandatario Carlos Menem. La única excepción era Piedra del Águlia cuyo término tuvo lugar el pasado 28 de diciembre.

El tema fue cubierto por esta Redacción oportunamente. Ya en los últimos meses de 2022, cuando los entonces gobernadores de las provincias implicadas Arabella Carreras por Río Negro y Omar Gutiérrez por Neuquén, manifestaban la intención que una vez vencidas las concesiones, las represas quedaran en manos de las provincias, manifestábamos que era una oportunidad histórica para que el patrimonio y los recursos estratégicos del pueblo argentino tuvieran un abordaje verdaderamente federal, popular, y con jerarquía de cuestión de Estado.

El planteo de las provincias

Por aquél entonces, Neuquén y Río Negro, pretendían mediante una propuesta consensuada entre ellas, que una vez terminados los contratos concesionarios las centrales quedaran en sus manos. Nunca quedó del todo claro su se crearía una empresa específica biprovincial o un ente integrado por ambas, que controlase y gestionara la infraestructura. Tampoco estaba especificado públicamente, si la intención de las provincial era volver a entregarlas en concesión privada.

En el interín, los meses corrían y tanto Río Negro como Neuquén debían enfrentar anticipadamente al resto de las provincial los respectivos periodos electorales. En criollo: en octubre y noviembre de 2022 ya estaban de campaña.

El tema fue cobrando dimensión nacional, hasta que tomó intervención la SEN y el propio ministro de Economía de entonces, Sergio Massa, que actuaba con atribuciones de “superministro casi presidente”.

El argumento de las provincias era que si bien las centrales eran (son) propiedad del Estado Nacional, el agua que les da razón de ser, a partir de la vigencia de la Constitución de 1994, es propiedad de las provincias. La entonces titular de la SEN, Flavia Royón – ahora titular de la secretaría de Minería -, argumentaba que independientemente de lo que dictara la Constitución en términos de propiedad, la generación de energía respondía al sistema integrado nacional para el cumplimiento de un servicio esencial, y que el Ejecutivo debía garantizar la provisión.

Ante esto, la estrategia de las provincial viró unos grados, e impulsó la idea de armar un entre tripartito entre Río Negro, Neuquén y el Estado Nacional. Una especie de “nueva HIDRONOR”. Pero no fue una idea que prosperara.

Casi inmediatamente llegó el eterno periodo preelectoral 2023. Massa se posicionó como candidato presidencial, y los gobernadores provinciales que impulsaron el proyecto cayeron en desgracia, no en términos partidarios, pero sí en cuanto a figuran de peso en los respectivos climas domésticos de cada provincia. Fue allí donde Massa y Royón anunciaron que las empresas pasarían a la égida de ENARSA una vez vencidas definitivamente las concesiones; y que mientras tanto, dicha empresa cumpliría el rol de veedora de transición dada la inminencia de la finalización de los contratos.

La postura del nuevo gobierno

El “run-run” es grande, pero todo indica que para fines del mes de abril se lanzarían los nuevos pliegos licitatorios de todas las centrales, con contratos que se extenderían por 25 años. Hasta tanto se seguiría con la política de renovación de prórrogas. Asimismo, ENARSA también continuaría como “veedora”; es decir, actuar como ente contralor asistiendo a reuniones de directorio y asambleas de accionistas; solicitar informes y revisión de libros contables, archivos, documentación jurídica y demás atribuciones establecidas legalmente.

Recordemos que ENARSA también es una de las empresas que, según está comprendido en el plexo jurídico impulsado por el Ejecutivo – el DNU 70/23 y la denominada “Ley Ómnibus” -, estarían sujetas a privatización.

Por otra parte, en el marco de las desventuras presidenciales en el Foro de Davos, el propio Milei, hiciera lugar a un raro argumento de la italiana ENEL, que controla las centrales de El Chocón y Arroyito. La firma que también tiene parte de las acciones de EdeSur viene amagando con retirarse del país una vez que venzan las concesiones, supuestamente por la “inestabilidad permanente” del país, que provoca la mala gestión en la empresa proveedora en la zona metropolitana de Buenos Aires.

Según trascendió, es posible que una vez que estén lanzados los nuevos pliegos licitatorios, el Ejecutivo prorrogue por un año más las concesiones. Más allá del negocio de la continuidad, el marco jurídico también abre la puerta para que tanto ENEL como las demás actuales concesionarias puedan participar de los nuevos procesos licitatorios.

Los gerentes del directorio internacional de ENEL felicitaron a Milei por la estampida desregulatoria iniciada en el país. A ellos les conviene y Milei necesita amigos en el mundo. Máxime, tras su bizarro discurso en Davos.

La cuestión federal

Primero, unos datos para contextualizar. Las represas en cuestión, se construyeron y entraron en operaciones entre los años 1972 y 1999. Son patrimonio estratégico del pueblo argentino, al igual que las cuencas hídricas sobre las cuales están emplazadas.

El dinero para construirlas provino de créditos internacionales; avales del Tesoro Nacional, las propias tarifas a los usuarios del servicio eléctrico. Esos recursos se acumulaban en las cuentas de dos fondos específicos: el Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas y el Fondo Energético El Chocón-Cerros Colorados.

Si analizamos las líneas temporales, alguna de las represas fue concesionada durante el menemato antes de que entrara en producción. Un disparate entre tantos que acontecieron durante la década del ’90, y que el actual gobierno prometió profundizar.

Pero como se mencionó al pasar líneas arriba, la Constitución de 1994 es la que determinó gran parte del descalabro actual.

Las cuencas hídricas son recursos naturales estratégicos del pueblo argentino que, tras la reforma de la Carta Magna, pasaron a ser propiedad de las provincias. Por otro lado, ya se dijo recién, las represas hidroeléctricas son patrimonio estratégico del pueblo argentino, y por lo tanto no deberían ser enajenables, empeñados o regalados.

Sin embargo, la reforma del Estado impulsada por Menem y la reforma de la Constitución le pusieron el moño, a una desastrosa situación que trajo, trae y traerá demasiados problemas al pueblo argentino. Entre ambas, con el espíritu de superar la dicotomía “unitarios contra federales”, la hicieron más grave institucionalizando el “federalismo de signo negativo”.

En criollo, desmembrar al pueblo en jurisdicciones prácticamente independientes, y con autonomías perjudiciales para el interés de la Nación en su conjunto.

Las dos cerezas que coronaron la torta fueron, por un lado, la de convertir la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires – sede del Gobierno Federal -, en una jurisdicción autónoma con rango de provincia. La otra, la de delegar a manos de las provincias la propiedad de los recursos naturales – generalmente estratégicos – y permitirles un uso y usufructo prácticamente discrecional.

De allí que desde entonces tienen fundamento discusiones tales como: la central hidroeléctrica será de la Nación, pero el agua que les mueve las turbinas es de las provincias. Por lo tanto, las provincias deben resolver por sí mismas, es destino de la generación y el uso del agua – necesaria para riego y equilibrio ambiental.

Un debate que no tiene gollete, pero que hace 30 años mantiene entretenidos a los actores de la política. El marco actual abre la puerta aun sinnúmero de negocios que podemos visualizar claramente en la explotación de hidrocarburos y de la actividad minera. Los argumentos que se utilizan son los mismos.

Obviamente, ante la avanzada privatizadora semicolonial de las últimas tres décadas, este debate fue pisoteado todo lo posible. Hoy, con el actual gobierno, parece una lejana utopía poder conversarlo seriamente.

¿Qué debería suceder? Algo muy elemental que se estableció en los principios de nuestra organización como pueblo durante las primeras décadas del siglo XIX: un federalismo confederado de autonomías provinciales, con principio de hermandad y obligación de asistencia recíproca en materia económica y de defensa ante ataques externos.

Puesto el tema 200 años después, la manera más simple, justa, soberana y portadora de independencia, es que tanto los recursos naturales como los patrimonios estratégicos sean propiedad de todo el pueblo argentino, y responsabilidad de la Nación en conjunto con las provincias. Tales principios pueden extenderse casi para cualquier tema de este tipo que se emprenda.

Entonces, ¿es junto que Río Negro y Neuquén reclamen cierto privilegio respecto de las centrales hidroeléctricas? Puede ser justo, pero al mismo tiempo es erróneo.

Las cuencas hídricas son todo el pueblo de la Nación y las represas también. El beneficio del trabajo generado tanto directo como por reflejo social de las obras, queda en la región en las cuales las infraestructuras están emplazadas. Sin embargo, los pasivos ambientales consecuentes también quedan en la misma región.

Por tanto, es justo y correcto un trato diversificado, pero no exclusivo ni privilegiado. Si el Chocón abastece al sistema interconectado nacional de energía, corresponde un grado tarifario promedio menor para las población e industria de cercanía. Máxime, cuando en la actual desproporción de densidad de poblamiento, las regiones por fuera de la denominada zona núcleo (AMBA, Norte de Buenos Aires, Sur de Santa Fe, centro Este de Córdoba), padecen los altos costos y carencia de infraestructura logística para los abastecimientos generales.

Otro principio justo y correcto, es que si se crean Sociedades del Estado como las propuestas oportunamente por este asunto de las centrales, todas las provincias argentinas tengan participación accionaria de la misma, salgo alguna proporción mayor para Río Negro y Neuquén en este caso particular.

Si la cuestión tratada, en lugar de las hidroeléctricas del Comahue, fuera el litio de las provincias de Catamarca, Jujuy y Salta; los principio serían los mismos, y los beneficios puntuales serían para las provincias mencionadas.

Dado que vivimos en una tierra maravillosa, no hay provincia argentina que no tenga algún potencial de este tipo. Lo que hay que hacer es tomar el toro por las astas.

Las posibles inequidades relativas, pasan por una decisión política muy simple: dejar atrás el federalismo de signo negativo, y pasar al de signo positivo.

La concepción federal popular es la llave. Sobre todo ahora, en la época de actualización doctrinaria del orden conservador semicolonial encabezado por Milei y conducido por la usura internacional.

Fuente: SEN / BO / Gobiernos de Neuquén y Río Negro / Archivo Chasqui Federal