El Proyecto de Ley de Presupuesto incluye la creación de una “SAU” para administrar las represas hidroeléctricas cuyas primeras concesiones privadas vencen el 9 de diciembre. Hasta el momento son 5 centrales ubicadas en Río negro y Neuquén.

Redacción

El tema había pasado desapercibido porque la agenda la ocupó el asunto del impuesto a las ganancias. Sin embargo, en el proyecto de Ley de Presupuesto nacional 2024 que el “superministro” de Economía, candidato a presidente y mandatario en funciones reales tras la abdicación no formal de la dupla “Fe-Fe”, Sergio Massa, mandó al Congreso el pasado viernes a última hora, figura una partida prevista para la creación de una empresa para administrar las centrales hidroeléctricas tras el vencimiento de sus concesiones.

Tales contratos comienzan a caducan el próximo 9 de diciembre. Previo a las PASO, Massa había decidido prorrogar el tema 60 días. Sin embargo, a la vista de los resultados electorales de agosto, todo indicaría que la decisión final de qué hacer con las centrales la tomará el signo político que gane en las urnas.

Además, en aquel momento se había dado una discusión con los mandatarios de Neuquén y Río Negro por el futuro control de las centrales. Algo que ante el contexto de los últimos 29 años es absolutamente lógico: la Constitución del ’94 le da potestad a las provincias para resolver sobre las obras y recursos que existen en sus territorios.

El “detallecito” respecto de las centrales hidroeléctricas, es que la mayor parte de la energía generada no abastece a ninguna de esas dos provincias. Por lo tanto, cabe la posibilidad quedos provincias condiciones arbitrariamente el costo energético de los centros urbanos más poblados del país. Es un ejemplo equivalente al conflicto Mendoza – La Pampa con la cuenca del río Atuel, donde la primera concentró las aguas del cauce el perjuicio de la segunda.

Cabe aclarar que ni Neuquén ni Río Negro plantearon una cosa semejante. Aunque sí manifestaron la intención de relicitar la explotación de las centrales.

Hay una cosa que obedece al sentido común, aunque en Argentina sea el menos común de los sentidos: así como debería ocurrir con el agua, la energía es un recurso estratégico de la Nación y para el beneficio del pueblo argentino en conjunto. No es patrimonio de una provincia o varias en particular.

Por lo tanto, la intención expresada por el “superministro”, era que la administración de las centrales quedara en manos de ENERGÍA ARGENTINA S.A. (ENARSA). Dado que luego se entró en franco conflicto con las dos provincias patagónicas y se venían las PASO, Massa “pateó” el tema para adelante.

Los complejos hidroeléctricos en cuestión son: Alicurá (1.000 Mw) actualmente operada por la empresa AES Argentina; El Chocón (1.200 Mw) y Arroyito (120 Mw), a cargo de la firma ENEL Generación; Planicie Banderita (450 Mw), operada por Oroazul Energy; y Piedra del Águila (1.400 Mw), a cargo de Central Puerto.

Así las cosas, y según el artículo 78° del proyecto de Presupuesto Nacional 2024, “a la finalización de las concesiones hidroeléctricas de jurisdicción nacional, la administración, operación y explotación de cada uno de los aprovechamientos hidroeléctricos otorgados oportunamente en concesión será asumida por ENERGÍAS HIDROELÉCTRICAS S.A.U., dependiente de ENERGÍA ARGENTINA S.A. con el objetivo de asegurar la plena operatividad de las centrales, la continuidad de los servicios y el correcto funcionamiento de las instalaciones, sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por las obligaciones asumidas por los actuales concesionarios”.

En criollo, Massa – suponemos que con anuencia de la dupla “Fe-Fe” – impulsaría la creación bajo el control de ENARSA de una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU), figura societaria creada en Argentina hacia mediados de 2015 (Ley 19.550).

Las características de este tipo de firmas, es que están constituidas por solamente un socio, que puede ser una persona física o jurídica. Lo determinante es que la responsabilidad del socio está limitada a la porción de capital que invirtieron en la sociedad y no al resto del patrimonio. Por lo tanto, todo indicaría que ese socio único sería ENARSA.

Habrá que ver qué terminará sucediendo en realidad. Resta todavía definirse la cuestión electoral. Por lo tanto, lo más probable es que terminen prorrogando la situación de las represas con los actuales concesionarios, tal el gobierno del tridente “Fe-Fe  +A” nos tiene acostumbrados.

Fuente: Gob. Nacional / MEcoN / Congreso Nacional / Diario Río Negro