Pasan las semanas y el tema de la recuperación para el pueblo argentino de las instalaciones de la Junta en Puerto Quequén, sigue quedando en los tinteros de la agenda política y mediática. Sin embargo, hay movilización social en torno a esta necesidad soberana, que está siendo llevada adelante por la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén. Tras una breve introducción compartimos el documento publicado semanas atrás por dicha organización.

Redacción

Las próximas semanas son claves para el futuro de Puerto Quequén y para el sistema portuario argentino. Durante el mes de noviembre se vence la concesión de las instalaciones de la ex Junta Nacional de Granos con asiento en el mencionado enclave marítimo bonaerense.

Hasta dónde se sabe – aunque oficialmente no se conocen convocatorias formales -, la intensión del Gobernador Kicillof sería la de volver a convocar a una nueva licitación, con “algunas modificaciones importantes en los pliegos”. Aparentemente, la más osada sería proponer un canon de U$S 1 por cada tonelada exportada, contra los 16 centavos de dólar que la multinacional concesionaria paga hoy.

Tales dichos que habrían sido aplaudidos con pies y manos por los círculos cercanos del permanente autobombo oficial, sin poner la mirada por un segundo en: por un lado, la oportunidad histórica en materia de soberanía que Kicillof tiene en sus manos; por otro, la posibilidad de comenzar a resolver un problema que lleva décadas en el sudeste bonaerense, que es la articulación productiva en términos integrales.

Hace unos días atrás, a raíz de un columna en un medio de Capital Federal, donde se mezclaban varios aspectos relacionados con la navegación fluvial-marítima, la “copla” del Canal Magdalena, y diferencias con la Administración General de Puertos, se metió al tema de Puerto Quequén en una bolsa que embrollaba y desviaba la discusión por otros carriles.

En una suerte de “respuesta poco profesional” – ver, aquí -, escribimos unas líneas que tuvieron buena repercusión y donde mencionáramos a Miguel Bayón: uno de los mejores conocedores del tema Puerto Quequén, y referente de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén.

Esta última, una organización libre del pueblo, ha recuperado la memoria local y regional respecto de las instalaciones en conflicto, plantea una solución soberana para el mismo, y proyecta el tema hacia adelante.

Pero lo mejor, es que está poniendo la cara y explica el asunto ante todo el que quiera escucharlo. Seguidamente, compartimos un documento que está haciendo circular por todos lo medios posibles la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén, que contiene la propuesta hacia el enclave portuario y una caracterización del estado de situación del mismo. Lean y difundan.

Las instalaciones de la Junta Nacional de Granos deben volver al Estado

“Es necesario conocer para luchar contra el despojo”

“En noviembre de 2022 vence la concesión otorgada a la empresa Terminal Quequén (T.Q.) fruto de las políticas de desguace del Estado Nacional ejecutadas en la década de 1990, y por las que se entregó al capital privado los Silos, el Sistema de Elevación de Cereales, los Sitios de Embarque, y del Sistema de Distribución de Cargas y Pago de Fletes que la Junta Nacional de Granos administraba en Puerto Quequén hasta 1992.

Quienes operan las Terminales de este Puerto, en su mayoría multinacionales extranjeras, son casi las mismas exportadoras que lo hacen en el resto de las estaciones portuarias argentinas, aprovechándose de una inducida falta de control Estatal, actúan en perjuicio de los intereses de toda la Nación; resultando un caso paradigmático el de la Empresa santafecina Vicentín que ejecutó maniobras comerciales y financieras confiscatorias contra los productores rurales y el Estado Nacional.

Terminal Quequén no escapa a este tipo de funcionamiento empresarial. Entre sus principales accionistas se encuentran: BUNGE S.A empresa que inició sus actividades hace 204 años y que opera en más 40 países por medio de unos 32.000 empleados; GLENCORE S.A. que ahora lava su cara haciéndose llamar VITERRA, es una empresa canadiense que con su accionar malicioso que facilitó el vaciamiento fraudulento de Vicentín; COFCO S.A. holding estatal chino que opera en los principales mercados del mundo, también la integran la BOLSA DE CEREALES DE Bs. As. y la SOCIEDAD RURAL ARGENTINA.

• A pesar de que en su página web expresa que “es su misión generar espacios que permitan incrementar la participación de la comunidad”, al tomar posesión de las instalaciones despide al 60% de los trabajadores de la ex JNG.
• Cuando en 1994 los puertos se desnacionalizan, se desata una controversia legal reclamando para sí la titularidad de las instalaciones y la percepción del canon, la disputa termina cuando en 2015 Cristina Fernández de Kirchner sanciona el Decreto 2603, quedando establecido que la propiedad de las instalaciones queda para de la Prov. de Bs. As., mientras el canon lo ha de percibir el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén (CGPQ).
• A pesar de haber quedado convenido en el contrato original que debía pagar un canon en dólares, al desarmarse la política cambiaria denominada Convertibilidad en enero del 2002, aprovecha los laberintos judiciales para pasar a pagar desde entonces solo un tercio de esa tarifa.
• Cuando se incorporaron las plataformas levadizas de descarga, directivos de la Empresa T.Q., formaron una empresa de transporte más eficiente con camiones “bateas”, monopolizando el nuevo sistema; no planteamos frenar el progreso tecnológico, lo que decimos es que con un plan de reconversión tutelado por el Estado hubiesen sido posible que los propios transportistas llevasen adelante la modernización requerida.
• Con el excesivo avance del cercado ha contribuido a perjudicar la actividad pesquera de Necochea y Quequén, el sector no ha logrado reconstruir su banquina con los consiguientes perjuicios para la actividad recreativa y turística
• Se afirma que T. Q. retrasa intencionalmente los embarques para generar multas a las filiales exportadoras locales, transformando esos pagos en evasión impositiva y dinero fugado.
• Con sus cuantiosos excedentes trasvasa capitales de la producción a la especulación financiera parasitaria y extorsiona al Estado Nacional para dificultar sus políticas económicas soberanas.
• Junto a otros operadores portuarios promovió acciones para que el C.G.P.Q. elimine 23 rubros de tasas que cobraba por distintos servicios, se concretó a principio de 2019 a poco de iniciado el gobierno de Mauricio Macri, así, el entonces presidente Arturo Rojas ayudó a desfinanciar al C.G.P.Q. sin que hasta el presente el actual presidente Jorge Álvaro haya hecho algo para derogar esa Resolución.

El fracaso del Gobierno Nacional en su intento de nacionalizar Vicentín, es la prueba más elocuente de que para dar batallas contra los monopolios, hay que prepararse y mostrar a la ciudadanía, cuáles son las tramas ocultas de la actividad económica en la que desarrolla su vida cotidiana. Se nos presenta, entonces, la oportunidad histórica de recuperar esta parte del territorio nacional que emerge en la ribera del Quequén, sin comprometer al Estado a ningún esfuerzo económico, pues las instalaciones se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento, solo se trata de una decisión política. No dudamos que una solución definitiva para los problemas que genera la actual matriz de la agro exportación argentina llegará cuando el Estado logre establecer un control total sobre el Comercio Exterior, pero estamos convencidos que la vuelta a una Empresa con participación mayoritaria del Estado, puede cumplir la función de “testigo soberano” para detectar con mayor facilidad todas las distorsiones del comercio exterior que perjudican a toda la Nación:

1° Se podrá establecer con exactitud las calidades, las cantidades y los precios de los productos de exportación. Es claro que la comparación con las declaraciones de las empresas privadas servirá para evitar maniobras de evasión y elusión fiscal.

2° Se podrán minimizar los obstáculos para la libre participación de organismos como SENASA, Aduana y Afip en el imprescindible control de las exportaciones. Esto permitirá a su vez reconstruir cuadros técnicos y políticos para administrar con eficiencia los bienes del Estado, cuando los liberales lo desguazan no solo se apropian de nuestros bienes materiales, sino también hacen desaparecer de la esfera pública a la intelectualidad patriótica.

3° Sabremos que al menos un 40% de las exportaciones de las Empresas privadas por Puerto Quequén no realizarán sub facturaciones para la fuga de capitales y sobrefacturación de importaciones. Contabilidad creativa que con el uso tramposo de los Precios de Transferencia dibujan inferiores beneficios para pagar menos impuestos y atesorar mayor cantidad de dólares con destino a la fuga de capitales a sus Cuevas Fiscales o a la especulación financiera improductiva.

4° También disminuirán los delitos económicos que se realizan por: a) El falso pago de servicios realizados por las Centrales de las Empresas radicadas en el exterior. b) La comercialización de Empresa a Empresa con la opacidad que ello representa. c) El uso delictivo que realizan con las Declaraciones Juradas a futuro para perjudicar al Estado y a los pequeños y medianos productores. d) Los falsos prestamos entre filiales para disminuir ganancias y eludir el correspondiente impuesto. e) La ejecución de contrabando y falsificación de las guías de transporte.

5° Si ese 40 % de las exportaciones de nuestro puerto se convierten en un caso testigo, obligarán a transparentar la comercialización de las Empresas privadas que exportan el 60 % restante. Si Puerto Quequén logra este objetivo en sus operaciones de exportación e importación, también logrará influenciar sobre la comercialización en todos los puertos cerealeros del país al convertirse en un “patrón de medida” con el que se podrá comparar el total de cifras que muestren la realidad de nuestro comercio exterior. Sabemos que la Petrolera estatal YPF controla el 55% del mercado de los combustibles, por lo tanto, YPF Agro puede convertirse en un actor relevante de la actividad agropecuaria y “nos permita tener una sociedad autónoma de referencia del Estado en el sector cerealero” (Presidente Alberto Fernández en ocasión de anunciar la fallida estatización de Vicentín). YPF Agro ofrece servicios de proyección y nutrición de cultivos, semillas, bolsas para silos, lubricantes y combustibles; tiene participación en Y-TEC (La unidad de científica y tecnológica de YPF) y en Profertil que impulsa la innovación en el agro. Con estos servicios practica el canje de grano al 70% de las parcelas agrícolas que luego vende a las exportadoras.

Que inmenso paso se daría si YPF Agro pudiera exportar directamente desde las instalaciones de la hoy privada Terminal Quequén podría aliviar a pequeños y medianos productores al estar en condiciones de ofrecer una mejora sostenida en el precio de compra al transparentar los valores de la cadena comercial agroexportador y fortalecería el stock de divisas asegurando la liquidación inmediata de los dólares, dejando al descubierto la inmensa bicicleta financiera que hacen la exportadoras.

6° Otro tema que la estatización de las ex instalaciones de la Junta Nacional de Granos va a transparentar, es el de los precios que pagan las exportadoras a los productores de los cereales que se exportan por Puerto Quequén. Cuando, a fines de 1989, libramos la batalla para evitar la privatización de nuestro Puerto, ya todos los conocedores del comercio granario planteaban que eran necesarias dos obras fundamentales: A) Profundizar el calado y B) Extender la Escollera Sur para una mejor protección de las naves, ellas permitirían incrementar la capacidad de carga y reducir los tiempos de espera para el acceso a Puerto, alcanzando una operatividad cercana a los 365 días anuales; con ello se evitaría el encarecimiento de los fletes, que era la razón esgrimida para justificar que los precios de cereales que salían por Puerto Quequén se pagaran a valores inferiores a los que se pagaban por el mismo producto exportado por el Puerto de Bahía Blanca; en 2004 se estimaba que el perjuicio para los productores de la región por el pago de sobre-fletes era de unos 20 millones de dólares por año. Esta mejora en los precios beneficiaría también a los profesionales, comercializadores, prestadores de servicios del agro y a la población de la región. A pesar de los cantos de sirena sobre las supuestas bondades de las inversiones privados esas obras las tuvo que realizar y financiar el Estado, se concretaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hoy el calado es de 50 pies y la Escollera Sur se extendió 400 metros a un costo de 90 millones de dólares; no obstante ello, los cereales se siguen pagando menos. Esperemos que lo aquí expresado sirva para que los pequeños y medianos productores agrarios entiendan que sus intereses están atados a los gobiernos populares y no a los monopolios que los expropian, y que apoyen nuestra Propuesta para que las instalaciones de la ex J.N.G. sean administradas por un Estado patriota.

7° Se evitaría el avance de los monopolios sobre los transportistas, la pesca y el turismo. Estos casos constituyen un claro ejemplo de que toda actividad privada sin regulación de un Estado popular lleva indefectiblemente a la destrucción del mediano y pequeño capital, a la desocupación y a la pobreza.

8° Si bien con aquella lucha de 1989 evitamos la privatización absoluta y monopólica de Puerto Quequén, con la creación de las Concesiones privadas queda demostrado también que este sistema muestra sus contradicciones, pues las Empresas realizan sus inversiones inicialmente, calculando la rentabilidad solo para el período establecido en la concesión, es decir a medida que pasan los años las inversiones decaen por más que sean necesarias; una muestra más de que el capitalismo liberal frena el desarrollo de las estructuras del trabajo.

9° La nueva Empresa Estatal deberá establecer Convenios laborales de alta remuneración que superen a la del resto de las exportadoras o participación de sus trabajadores en la gestión y ganancias, hecho que generará por derrame, beneficios para toda la comunidad. Los trabajadores de los gremios portuarios deberán ser los más interesados en tomar nota de lo expuesto en estos puntos.

10° Es sabido que cuando el trabajo en los muelles está en manos privadas, el Estado tiene muchas menos posibilidades de ejercer el control del narcotráfico en las ciudades portuarias; lo mismo ocurre con la polución y los daños ambientales urbanos.

Se desprende de todo lo descripto, la inmensa importancia política que esto implica, pues el Estado Provincial tendría herramientas para tomar medidas segmentadas por magnitudes de producción y distancias a Puertos a favor de pequeños productores, de trabajadores rurales y portuarios, de prestadores de servicios del sector; todos diariamente explotados por las exportadoras extranjerizadas. Se podrá de este modo romper el falso bloque político que los capitales ultra concentrados han logrado crear bajo la también falsa consigna “todos somos el campo”, ideario con el que han sabido captar sus mentes para que las víctimas asuman la defensa de sus victimarios.”

[Nota del Editor: lea, difunda y reparta. El tema no será en los diarios ni en los medios capitalinos y el pueblo argentino debe saber de qué se trata.]

Fuente: Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén