Con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 423/2023, el pasado viernes, el Poder Ejecutivo Nacional, estableció la garantía de perpetuidad para la explotación de los trabajadores rurales, principalmente aquellos que anualmente se afectan a las distintas zafras que demandan gran cantidad de mano de obra. La medida prorroga por dos años – hasta el 1° de septiembre de 2025 -, la vigencia del Decreto 514/2021.

Redacción

La queja en las economías regionales, principalmente en aquellas donde se requiere gran cantidad de mano de obra temporal, desde hace al menos una década, es que no se consigue la suficiente cantidad de gente para las labores de cosecha. Los motivos argumentados son que los trabajadores, no quieren perder a cambio de unos días de cosecha bajo registro formal por parte del empleador, los beneficios de planes sociales de todo el año.

Recordemos que la reglamentación que engloba generalmente a los programas de subsidios sociales, se “cortan” al mes siguiente de que el beneficiario estuviera contratado o ejerciendo una actividad económica registrada. Anualmente, se pueden encontrar esos argumentos en la cadena del tabaco, frutas, cítricos, yerba mate, y la vid.

El mencionado decreto de 2021, terminó parcialmente con ese problema. Es decir, resolvió el problema burocrático, pero no modificó la realidad. De hecho, abrió la puerta para que la informalidad laboral en ese segmento del empleo rural se perpetúe, al tiempo que la propia Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) apoyase un proyecto de ley para consagrar esta compatibilidad entre planes e ingreso salarial.

En criollo, la posibilidad de que estos trabajadores obtengan condiciones de contratación, continuidad y e ingresos dignos está cada vez más lejos.

¿Qué dice el Decreto de 2021? Establecía una “compatibilidad” entre quienes cobraban planes sociales “nacionales” y además pretendían tomar un trabajo temporal y registrado en el sector agropecuario. Sin embargo los problemas no se han resuelto, porque el propio Poder Ejecutivo Nacional no reglamentó en un plazo razonable el Decreto original, ya que Desarrollo Social terminó de homologar en 2023.

Además, las provincias no adhirieron a la normativa impulsada desde el Gobierno Nacional, como tampoco las provincias emitieron legislaciones propias que incorporaran el mecanismo.

El nuevo decreto que prorroga la normativa, además de no innovar la situación para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los titulares del Programa Potenciar Trabajo y la ex Tarjeta Alimentar. Pero además encarga especialmente al Ministerio de Trabajo de la Nación, que “lleve adelante en conjunto con las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los Municipios, acciones territoriales de difusión, asesoramiento y capacitación en materia de registración laboral y de la seguridad social, dirigidas específicamente a los trabajadores y las trabajadoras rurales, a las asociaciones sindicales y a las asociaciones de productores”.

Es decir, el Gobierno legaliza una situación irregular y le da “consejos” al Ministerio de Trabajo y a las cadenas agropecuarias regionales.

Fuente: Boletín Oficial / Noticias AgroPecuarias