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Concesiones de explotación, acuerdos de regalías, consensos de impacto ambiental: una ensalada de ingredientes que visten la política exterior del Gobierno argentino en materia de explotación de los recursos naturales geopolíticamente estratégicos.

Redacción

El viernes 30, se conoció que el Poder Ejecutivo Nacional mediante Resoluciones y Decretos, estableció las condiciones para la explotación de ciertos puntos de las reservas petroleras argentinas situadas en la denominada Cuenca Argentina Norte (CAN). Los textos abarcan resoluciones de otorgamientos de concesiones y cobro de regalías.

La sucesión de acontecimientos es, al menos éticamente desprolija: Argentina vuelve a entregar concesiones estratégicas a los socios de la Corona británica. Según lo que se desprende de la normativa, YPF, actuará en sociedad con la noruega equinor y con la anglo holandesa Shell.

Oficialmente, el Gobierno aprobó el proyecto de exploración sísmica en 2D, 3D y 4D para la búsqueda de petróleo en las áreas CAN 100, CAN 108 y CAN 114, de la Cuenca Argentina Norte.

El bloque CAN 100 distante a 300 km de Mar del Plata, comprende un área de 15.000 km2, donde Equinor – además de compañía operadora – posee 35% de la sociedad, YPF otro 35% y Shell un 30%. En caso del bloque CAN 114, ubicado a 440 km de Mar del Plata, la noruega comparte la sociedad total en partes iguales con la compañía de mayoría estatal. Equinor e YPF son socios además en el bloques CAN 102, que todavía no tiene permiso de exploración. Ambas firmas asimismo comparten negocios en áreas de Vaca Muerta.

Respecto de las regalías, el Gobierno hasta ahora sólo se expidió sobre el área CAN 100, y estableció un 6% para la primera década de explotación; 9% para la segunda; y 12% para los años subsiguientes.

La historia de la concesión de estas áreas arrancó durante el Gobierno de Mauricio Macri a instancias del entonces Secretario de Energía y Gerente Operativo de Shell, Juan José Aranguren. El actual Gobierno respetó los acuerdos firmados a la fecha respecto de estas explotaciones y canalizó la Audiencias Públicas y demás mecanismos previstos por la ley.

Según Darío Martínez, la Secretaría de Energía de la Nación otorgó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tras “una Audiencia Pública con un amplio margen de participación”. Sin embargo, otras fuentes aducen que, la decisión gubernamental “contraría todo lo que se expresó a las audiencias de consulta popular”.

Geopolíticamente, las empresas multinacionales, no sólo accederán a información estratégica del subsuelo marítimo nacional, sino que consolidarán su presencia operacional y logística en el Atlántico Sur.

Respecto de las exigencias ambientales que Equinor, Shell e YPF se comprometieron a respetar, las mismas abarcan: observación de fauna marina a bordo, que incluye el monitoreo visual y acústico para mamíferos marinos, tortugas marinas y otras especies; prevención de impactos sobre la avifauna, a través de la reducción de la iluminación externa de los buques al mínimo y la inclusión de boyas terminales con protectores para tortugas marinas; prevención de impactos por potenciales interferencias y de coordinación con otras actividades como puede ser la pesquera; gestión de residuos y efluentes a bordo.

Fuente: Boletín Oficial de la Nación / CGN / Agenda Malvinas

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