El gas es el mayor recurso implicado en la matriz energética argentina. Sea a través de las usinas termoeléctricas, red domiciliaria o las distintas formas de envasado, éste combustible alimenta el 56,31% de nuestro consumo familiar e industrial. Algunos negociados en ciernes por un nuevo gasoducto y las dificultades de la población para el acceso a dicho servicio.
Redacción
El Gobierno argentino viene planificando la obra del gasoducto desde Vaca Muerta (Neuquén) hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires y las provincias del Litoral. El argumento principal, es ampliar el suministro del servicio y amplificar el volumen de de gas que abastece al Conurbano, dado que la producción del denominado “no convencional” creció un 48% durante 2018 y lo que va de éste año. Los otros dos motivos que se esgrimen son: reducir la importaciones, y y ampliar las exportaciones del gas natural licuado.
Las empresas que se estaban disputando la obra eran Techint – a través de su empresa Transportadora Gas del Norte (TGN) – y Pampa Energía – quién controla Transportadora Gas del Sur -. El plazo de presentación de los pliegos licitatorios vencieron el pasado 8 de abril, y se sumaron al concurso Velitec y Fyresa.
La primera es una empresa constructora radicada en Córdoba que se ha desenvuelto en áreas de petróleo, gas y telecomunicaciones. Propietaria de Servicios Petroleros Argentina (perforaciones y logística), cuanta entre sus principales clientes a YPF, Total, ArSat y EPEC.
Fyresa es una firma de origen mexicano vinculada a proyectos de gas y petróleo; vinculada en diversas obras con Tecpetrol (de Techint) y PeMex (la estatal petrolera mexicana). Los miembros de su directorio tienen historia en Argentina: varios de ellos formaron parte de las gerencias principales de la ya quebrada ICA, empresa azteca entre 1985 y 1988, estuvo a cargo de la construcción del gasoducto troncal Neuba II, que va de Loma de La Lata (Neuquén) a Gutiérrez (sur del Gran Buenos Aires).
Hasta aquí, estaríamos describiendo una arista más de la red de negocios que monitorea el Grupo Techint, sus subsidiarias y capitales internacionales. Sólo eso.
El dilema planteado es el siguiente: ¿quién y cómo se pagará la obra?.
La Resolución 82/2019 de la Secretaría de Energía anticipa que podría echar mano a los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de AnSeS, para costear el 25% de la obra; es decir 450 millones de dólares sobre un total previsto de 1.500 millones.
El ducto tiene dos grandes tramos: Vaca Muerta – Salliqueló, Salliqueló – San Nicolás; y una capacidad de transporte de 15 a 17 millones de metros cúbicos diarios. Cada etapa significan unos 750 u 800 millones de dólares. El dilema que se le presenta al Gobierno, es que nadie quiere poner el dinero para financiar la obra; y muchísimo menos, pueden recurrir a organismos internacionales a gestionar préstamos dada la actual insolvencia argentina.
Desde la Rosada aspiraron en principio a que las empresas generadoras y transportadoras de gas financiaran la obra. Cómo vimos en párrafos previos, dichas empresas presentaron ofertas para la construcción de gasoducto; y por tanto, no están dispuestas a autopagarse el trabajo si no van a poder tener a futuro la gestión directa del mismo.
Entonces, se barajan algunas alternativas además de los fondos del ANSeS. La primera, CAMMESA, empresa Estatal que administra el mercado eléctrico mayorista, contrataría casi el 50% de la operatoria de transporte del futuro gasoducto, que luego vendería a sus clientes (empresas termoeléctricas). La segunda, que la obra la paguen los usuarios residenciales e industriales; propuesta que entre otras hacían las principales empresas vinculadas al sector.
Si bien la decisión no está tomada, altos funcionarios del Ministerio de Hacienda estarían pugnado para que la obra sea afrontada a través de los usuarios.

¿Y los usuarios?

Mientras aún estaba al frente del entonces Ministerio de Energía, Aranguren explicó que de los 13,5 millones de hogares argentinos que utilizaban gas, 8,1 estaban conectados a la red de gas natural, y el resto se abastecía con garrafas. Tengamos en cuenta que las provincias del Noeste y el Litoral no poseen red de gas natural; y en las del centro del país sólo el 50% posee infraestructura instalada para su conexión.

En términos geográficos entonces, no es menor la porción del país que aún se abastece con gas envasado.
Durante la semana, el Gobierno nacional anunció un nuevo incremento para éste tipo de provisión del bien, estableciendo precios de referencia para garrafas de 10, 12, y 15 kilos, a ser: $ 278,41, $ 334,10, y $ 417,62 respectivamente, a lo que deberá sumarse el cargo por IVA del 10,5%.
Ahora bien; éstos no son los precios finales al consumidor. Dada la dinámica de la venta “al menudeo”, los comerciantes suman un margen que va del 20 al 50% del precio de referencia según la región y la localidad del país. Por lo tanto, si se respetara lo pautado por el Gobierno, una garrafa de 10 kg, debería costar alrededor de $ 310. Teniendo en cuenta lo descrito, el precio final de la misma a cada familia ascendería de $ 380 a $ 450 según el caso.
El consumo medio de garrafas en los meses de invierno, que sólo alimenten una cocina y un calefón o termotanque, es de un envase semanal. Así, el gasto mensual de cada familia sería al menos $ 1.520 a $1,800. Restaría calcular un costo equivalente y adicional destinado a calefacción.
En las provincias patagónicas por ejemplo, el tradicional “tubo” de gas propano de 45 kg, sin estar afectado por los incrementos directos, asciende a $ 2.500 cada uno; y el consumo promedio por hogar es de dos mensuales.
Quedará para otro informe, el abuso y la repercusión de la nueva política tarifaria aplicada por el Estado al gas de red. Lo que queda claro en el presente, es el circuito de los negociados energéticos, las pocas manos que lo integran, y quiénes financian sus exponenciales ganancias.

Fuentes: Secretaría de Energía / Télam / OETEC