Si bien ya se había dejado entrever durante la semana pasada, la decisión fue publicada a través del Boletín Oficial. Massa mató tres pájaros de un tiro. De ganar las elecciones, es probable que el delineado sea un mecanismo de negociación para todos los vencimientos de concesiones que se avecinan en los próximos años.

Redacción

Durante la jornada de ayer, la Secretaría de Energía de la Nación (SEN) publicó en el Boletín Oficial lo que ya se había anunciado durante el fin de semana: la prórroga hasta diciembre de las concesiones hidroeléctricas que vencen durante el mes de agosto próximo.

A través de la Resolución 574/2023 de la SEN, decidió hacer uso de la cláusula que contempla la extensión por 60 días, más otros 60. Es decir, tal como lo establece el Artículo 67.1 de los Contratos de Concesión comunes a las Centrales Hidroeléctricas Alicurá, El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila, sobre el río Limay, y Cerros Colorados, en el río Neuquén; las actuales concesionarias seguirán a cargo por 60 días de las tareas de prestación, con opción a una prórroga por otros 60 días más.

La normativa, se encarga específicamente se aclara que las empresas prestadoras deberán garantizar “la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca”. Esa definición, apunta no tanto a lo específicamente meramente contractual, sino a las posibilidades de sabotajes y triquiñuelas que podrían acontecer en esos 120 días de plazo. Una falla por desidia del o los concesionarios, podrían causar una catástrofe en las zonas inmediatas.

La Resolución, además, establece que las provincias directamente implicadas como Neuquén y Río Negro, designen un representante cada una para que, conjuntamente con el representante que designe el Ministerio de Economía, “colaboren con ENARSA durante el período de transición establecido”, de 60 días más 60.

La ubicación de la norma también tiene contenidos preelectorales. Aquí nadie es sonso. Por una la, los 120 días de plazo máximo coinciden con la asunción del nuevo gobierno a partir del 10 de diciembre. Es decir, el superministro casi presidente por las atribuciones que tiene desde que se hizo cargo de la cartera, Sergio Massa, espera abordar el tema de resultar electo mandatario, o bien no comprarse el conflicto en su propio camino a la Rosada.

Desde que corrió el rumor a través del Senador neuquino, Oscar Parrilli, de que la intención era traspasar en forma absoluta las centrales al Gobierno Nacional, causó malestar y declaraciones cruzadas con los referentes políticos de Neuquén y Río Negro. Cada una a su modo, expresaron que de ocurrir esa situación, las provincias acudirían ala Corte Suprema de Justicia, dado que tal acción vulneraría las autonomías provinciales, su patrimonio y derechos Constitucionales soberanos.

Es claro, Parrilli no habla por sí mismo. Es el “vocero oficial” del Instituto Patria que conduce Cristina Fernández. Además el Senador tampoco es una voz autorizada en lo que respecta a protección de recursos soberanos y patrimonio público estratégico del pueblo argentino. Fue él quien con su voto de última hora, propicio el pase a privatización de la empresa YPF, allá en la década del ’90.

Massa, que tampoco es un echado de virtud respecto de la protección de soberanía, fue práctico y salió del conflicto por arriba. Pateó las concesiones y encargó que las provincias implicadas que designen un interlocutor para participar de las negociaciones de la propuesta para las represas en conjunto con ENARSA y la propia SEN.

Según sus propias declaraciones, ese grupo deberá elaborar una propuesta que permita “garantizar los derechos del uso del agua y la generación de la energía y además que permita establecer precios justos para la generación del sistema eléctrico nacional y convocar al sector privado para mejorar la infraestructura».

Con esos dos artilugios, logró un tercer hecho: que las reuniones de negociación respecto del traspaso con las concesionarias actuales (ENEL, AES y OrAzul), queden suspendidas hasta tanto se constituya esa comisión y transcurra el plazo de la Resolución.

Massa quiere la legitimidad política que le daría su posible victoria electoral. Máxime cuando se vienen años donde los vencimientos de las concesiones de las empresas privatizadas por sus mentores menemistas, irán sucediéndose una tras otra.

Fuente: SEN / B.O.R.A. / Econojournal