El tema se toca de costado y sólo es noticia por las sequías o las inundaciones. Sin embargo, es lo que mantiene en pie el andamiaje institucional del país: sin cuencas no hay dólares; no hay roscas; no hay odios u amores.

Redacción

Rara vez se pone el foco de atención política en uno de los factores de consolidación de soberanía territorial de las naciones: las cuencas y los recursos hídricos. Desde hace unos años, Argentina viene insertando el tema en las grandes mesas de discusión aunque en forma solapada desde lo que entendemos que debería ser el centro del debate.

Una cuenca hídrica no sólo está comprendida del agua superficial – la que se ve -; sino que también comprende a las aguas subterráneas que siempre son complementarias y concurrentes a las primeras; y abarcan una enorme superficie en kilómetros cuadrados adyacentes a los ríos, lagos o lagunas.

Si bien no hay mal que por bien no venga, el debate público respecto de las cuencas gira entorno a la conservación de los humedales; la navegabilidad de barcos de ultramar en el sistema Paraguay – Paraná – Río de la Plata; y el denominado Acuífero Guaraní. Más de costado, o con menor repercusión pública, se abordan cada tanto los problemas de la cuenca del río Salado bonaerense; o la del río Atuel por el conflicto entre Mendoza y La Pampa.

Todos los puntos de visibilidad de esos conflictos son importantes –más bien, muy importantes -. Sin embargo siempre quedan “rengos” de una dimensión o cara de la realidad que atraviesa a las cuencas mencionadas y a todas las demás en el país. Es decir; ¿quién domina territorialmente?

Desde los marcos legales, está claro y existe sobrada normativa. También desde lo institucional – las autoridades interjurisdiccionales de cada cuenca -. Pero, ¿quién conduce? ¿quién dice cuáles son los temas a discutir respecto de cada una de ellas? Y aquí es donde vemos uno de los puntos de conflicto, que al mismo tiempo, actúan como denominador común en la gran mayoría de los conflictos territoriales del momento.

Para hacer más simple la explicación: Argentina posee fundamentalmente una matriz productiva agro-minera exportadora; los recursos se extraen a granel en su mayor cantidad posible, al menor costo y tiempo posible. El resultado de esa etapa se exporta sin significativo valor agregado: transformar el girasol o la soja en aceite; o el trigo en harina no requiere una complejidad industrial y tecnológica demasiado avanzada.

Este modelo requiere asimismo, de grandes extensiones de tierra donde cultivar, criar o extraer; y al mismo tiempo, amplia disponibilidad de agua. Pero esto no es lo problemático en sí, sino que el conflicto se encuentra en quienes toman las decisiones sobre la tierra y sobre el agua.

Es aquí donde el asunto de las cuencas se vuelve fundamental para el ejercicio soberano de gobierno. No se trata de una mera alarma ecologista o ambiental de nuestra parte. Todo lo contrario: debemos hacer agricultura, debemos hacer ganadería, debemos practicar la minería. El asunto es quién conduce los procesos productivos. Si el mercado global tomando a nuestro país como primer eslabón de una cadena de valor internacional o vientre cautivo de riquezas; o si los procesos de producción, uso y ocupación del territorio y sus recursos, se piensan y planifican para el propio abastecimiento de las necesidades de sus habitantes y la industria.

Necesidades que pueden calibrarse y planificarse si la mirada está puesta en el propio pueblo y su futuro próximo – a por ejemplo, el año 2100 -; y no en función de la “demanda y oportunidades del contexto internacional” que es el verso con el cual se gobierna desde hace más de cuatro décadas.

Lectores y lectoras se preguntarán si estos tipos no quieren exportar más al mundo. La respuesta es sí, claro; por supuesto que no descartamos el ejercicio soberano del comercio exterior. Pero hacerlo con productos industriales. Ejemplo básicos: en lugar de exportar cobre, exportemos manufactura industrial que contenga el cobre ya procesado; en lugar de exportar trigo a mansalva, vendamos la pasta seca o la pastelería refrigerada (siempre habrá algún europeo o chino que le quiera entrar al postre Balcarce); y así podemos dar catorce docenas de ejemplo más.

El rol del INTA en la cuenca del Colorado

Volvamos rápidamente a las cuencas que es el asunto que nos llevó hasta aquí. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), lleva adelante en la cuenca del río Colorado un programa de control y relevamiento permanente, donde se recolecta información sobre cantidad de nieve en sus nacientes, la calidad de agua, caudal y pronósticos para la planificación del uso y la gobernanza del recurso.

Con base en la Agencia de Extensión Rural INTA 25 de Mayo – La Pampa –, se elabora un informe hidrometeorológico de la cuenca, en colaboración con el Instituto de Clima y Agua del INTA y con la Estación Experimental Agropecuaria Hilario Ascasubi – Buenos Aires –. De allí se genera un informe bimestral que a su vez contribuye a un programa de alcance nacional denominado Aportes para la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) en cuencas del Sistema Agroalimentario Argentino.

El trabajo presta un servicio público al productor como al resto de la población: disponer de pronósticos a corto y mediano plazo que permiten planificar y gestionar de manera integral los recursos hídricos a escala de cuenca. Para el caso del Colorado, por ejemplo, la mayor área de agricultura bajo riego en la provincia de La Pampa se desarrolla en la cuenca media. En provincia de Buenos Aires, la aguas de este sistema motorizan la zona de mayor desarrollo productivo de la región. Así, poseer información de la evolución de la cuenca es fundamental para la subsistencia.

Además, la cuenca del Colorado posee características diversas en su extensión. Nace en las subcuencas del Grande y del Barrancas, y recorre alrededor de 1200 km atravesando parte de las provincias de Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires. Tiene un derrame anual promedio de 4.410 hm3 y la superficie total de su cuenca es de 47.459 km2. Su caudal medio anual es de 140 m3 por segundo.

Para finalizar, una consideración: el trabajo que en este caso, lleva a delante INTA, cae en saco roto porque la población no recibe los beneficios acordes a la dimensión y grados de actividad alrededor de sus cuencas. Esto es así, porque quien decide sobre cuál es el destino y provecho de las mismas, lo resuelven a propio criterio, los propietarios y arrendatarios de las tierras que rodean el recurso hídrico.

De alguna manera, exportar a mansalva recursos agropecuarios o mineros, sin valor agregado y por cuenta y orden de los grandes conglomerados privados internacionales, es al mismo tiempo exportar tierra y agua.

Es muy probable que en las “mesas de situación” y cafetines capitalinos este tema no se comprenda o no interese. Sin embargo, son temas sobre los cuales el pueblo debe comenzar a preguntarse y demandar propuestas y respuestas. No todo es el dólar; ni mucho menos las roscas de palacio. Se trata de la vida real del paisano argentino.

Fuente: INTA / Sudoeste BA