Las mañas de los muchachos para no pagar regalías

El enfrentamiento entre provincias viene siendo fomentado hace tiempo por este tipo de mecanismos. Una multinacional que explota recursos y presta servicios en distintos distritos con distintos nombres, pero dentro de un mismo complejo territorial. Al fin y al cabo, para ellos, los límites provinciales son una raya imaginaria que les permite poner huevos en varias canastas.

Redacción

La empresa Minera del Altiplano (Arcadium Lithium tal su nombre de radicación en Catamarca) mantiene un conflicto judicial con el gobierno de la provincia de Salta, ya que se niega a pagar regalías por la producción de litio con salmuera que extrajo en la parte salteña del Salar del Hombre Muerto.

Arcadium es una firma de origen norteamericano, surgida de una fusión entre Allkem y Livent. La multinacional, posee explotaciones en Catamarca, Salta y Jujuy, y una de sus subsidiarias es la ya mencionada Minera del Altiplano. Según las fuentes, no es la primera vez que los norteamericanos practican la maniobra.

Lo que alega Arcadium – repetimos: radicada legalmente en Catamarca -, es que la provincia de Salta no puede reclamar regalías por el citado motivo, ya que la línea de límites entre ambas provincias que atraviesa el mencionado salar, no está debidamente delimitada. Además, y en principio, como “empresa catamarqueña”, tiene derecho a hacer valer la jurisdicción de su provincia de origen.

Lo que reclama la provincia de Salta es muy simple: algo menos de 215.750.000 pesos en regalías estimadas por la explotación de las minas Litio I y Litio II, entre agosto de 2019 y septiembre de 2022. Ambas concesiones fueron otorgadas por la provincia de Salta – ahí nadie levantó las banderas de ningún localismo -, y su producción abastecen la planta procesadora que posee la ex Livent.

Si bien el litigio avanza y la provincia de Salta rechazó el planteo, se trata se unos de los tantos mecanismos que las firmas externas utilizan a través de sus subsidiarias: no reconocer jurisdicción provincial; declarar insolvencias; o reclamar beneficios y subsidios para hacerse de una cadena de proveedores que, si no existe en la provincia, proponen traer de sus países de origen.

¿Cómo puede ser posible que estas cosas ocurran? Se escribe mucho al respecto y falta bastante por escribir. Pero existe un factor común, que puede funcionar como uno de los pilares fundantes del problema: la Constitución de 1994.

Allí se establece que los recursos naturales pertenecen a cada provincia, y por lo tanto, cada una de ellas es soberana en su explotación, administración y conservación.

Tal principio visto con ojos federales es discutible: si la disposición individual afecta los principios unión, de solidaridad y reciprocidad entre provincias, tal “derecho soberano” comienza a relativizarse y puede rebatirse.

Lógicamente, los ejércitos de constitucionalistas y juristas se hacen los tontos en el mientras tanto o – cuales gallardos guerreros de la independencia – caen contra las organizaciones, comunidades o periodistas que denuncian este tipo de cosas.

El común denominador es la trampa de la Constitución del ’94. El resto podemos desmenuzarlo como quieran.

¿La solución? Mediante aquellos principios de unión, solidaridad y reciprocidad, las provincias deberían establecer un acuerdo para declarar a recursos y territorios como estratégicos para el pueblo argentino, y que por lo tanto, los mismos pasen a una conducción Nacional sostenida por los mandatos provinciales. Al mismo tiempo saltarán lo centralistas con sus monsergas.

No importa. Algo hay que hacer.

De lo contrario, este tipo de mecanismos de división entre provincias calarán hondo en nuestro país. Lo único que necesitan para consolidarlo es un fallo a favor.

¡Ojo! Con el RIGI vigente esto se multiplicaría por miles, y sería el fin de la Argentina tal como la conocemos.

Fuente: Gobierno de Salta / El Tribuno / Archivo Chasqui Federal