Las Zonas de Sacrificio: el costo humano de la transición energética

Que las extensiones mineras de las ETN extranjeras, tan demandantes de recursos como el agua y la tierra, tengan tantos privilegios e influencia frente a los Estados, y que se deje librado a los mercados internacionales la regulación de sus consecuencias, es una práctica definitivamente neocolonial. En este caso, de “Colonialismo Verde”.

Por Francisco Zanichelli*

La Economía Internacional actual presenta dos desafíos clave para el sistema internacional: la desigualdad y la crisis climática. Visto desde una perspectiva crítica, ambos son derivados del capitalismo. Más precisamente, de un capitalismo cada vez más extractivista, es decir, vinculado inexorablemente a la extracción intensiva de recursos naturales como modelo de crecimiento económico.

Por su parte, las economías nacionales se fueron acomodando en ese sistema internacional de producción. Mientras algunos países lograron “autoimpulsarse” produciendo manufacturas y bienes industrializados (el “Centro” o Norte Global), otros han cumplido históricamente el rol de proveedores de materias primas para esas industrias, desde su pasado colonial a la actualidad (la “Periferia” o Sur Global). Aún cuando esta distinción no sea tan lineal en el Siglo XXI, es llamativo que las últimas décadas regiones como Latinoamérica hayan entrado en un proceso de “reprimarización”: es decir, una regresión a la intensidad y dependencia de la exportación de bienes primarios.

Esto se puede observar, por ejemplo, en los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED). Luego de la Crisis del 2008, la redirección de los flujos de IED registrados como efecto de la crisis internacional tuvo a Latinoamérica como el destino principal, incrementando su participación del 6% en 2007 al 10% del total mundial en 2011 (CEPAL, 2013). Estas inversiones se dirigieron mayormente a la exploración y explotación de recursos naturales, particularmente en Sudamérica. Así el sector primario (exportación de commodities) pasó de explicar el 33% del total de IED recibidas entre 2005 y 2009, al 43% de las recibidas en 2010 (CEPAL, 2013). Esto coincide con la “desindustrialización” de Latinoamérica, perdiendo incidencia las exportaciones manufactureras frente a las de recursos naturales desde la década del 90’. Esto se produjo durante el famoso “Boom de los Commodities”, entre 2003 y 2014.

Este proceso profundizó el extractivismo y también la dependencia. De algún modo, la región tiene un rol “subordinado” en la economía internacional. Subordinado al Centro, a los flujos de IED y a los capitales extranjeros que los movilizan. Sin embargo, esta forma de inserción de Latinoamérica, no resolvió los problemas ambientales ni las desigualdades globales. De hecho, se puede decir que los agravó.

En las últimas décadas, aumentó la proliferación de “Zonas de Sacrificio». Espacios remotos y al márgen de las economías, donde la explotación de recursos naturales para el mercado global de commodities deriva en abusos, asociados a la actividad de las empresas extranjeras en territorios nacionales. Los casos de contaminación del agua o bloqueo de acceso a sus fuentes; los desplazamientos forzados de Indígenas y Campesinos; la destrucción de la biodiversidad; la arbitrariedad en los procesos de Licencia Ambiental; los abusos laborales; y hasta los ataques a activistas, incluyendo asesinatos, son cada más frecuentes y vienen escalando desde el 2000 en Latinoamérica. Todos estos impactos, asociados directamente al incremento de la actividad extractiva en la región, derivan de un fenómeno social que creció exponencialmente entre el 2000 y el 2022 (un crecimiento del 260% en los casos registrados), sobre todo en Sudamérica: los conflictos socioambientales por resistencia al extractivismo.

Aún cuando este patrón de violencia extractiva debería preocuparnos, la realidad es que las Zonas de Sacrificio se siguen extendiendo. Paradójicamente, la última oleada de proliferación se asocia directamente a una “solución” a los problemas ambientales del Capitalismo: la transición energética. Un nuevo modelo de desarrollo económico y social orientado a la “descarbonización” de la economía y el cumplimiento de las metas climáticas del Acuerdo de París, promovido principalmente a través del Pacto Verde Europeo. Se enfoca en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de energías renovables y eficiencia energética.

Sin embargo, lograr sus metas depende, paradójicamente, de la extensión de la minería, liderada por Empresas Transnacionales Extranjeras (ETN). La demanda global de minerales como el litio, cobalto y níquel ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsada por el auge de tecnologías de energía limpia. Entre 2017 y 2022, la demanda de litio se triplicó, mientras que la de cobalto y níquel saltó un 70% y 40%, respectivamente. Este fervor extractivista no solo ha elevado el valor de mercado de los minerales clave de la transición energética, alcanzando los USD 320 mil millones en 2022, sino que también ha intensificado las prácticas neocoloniales.

El «costo humano» de esta carrera por minerales clave no es sólo un problema de commodities, sino que es una cuestión profundamente enraizada en los derechos humanos. Particularmente, en el derecho a la supervivencia de las Comunidades más vulnerables que habitan las Zonas de Sacrificio.

¿Quién gana y quién pierde en este esquema? ¿A quién beneficia? ¿Cuáles son las relaciones de poder que están por debajo? A través de una serie de Informes basados en cada uno de estos minerales, buscaremos no sólo informar y analizar, sino también inspirar una reflexión sobre estas preguntas vitales para Latinoamérica.

Índices de Gini sobre la distribución del consumo per cápita de los hogares por regiones (2017). Se puede observar la desigualdad internacional en términos de la distribución del ingreso. Latinoamérica sigue siendo la región relativamente más desigual del planeta. Tomado del Informe regional de Desarrollo Humano 2021, PNUD.

Las agendas del desarrollo del Norte

¿Qué tienen en común el Protocolo de Kyoto, la Agenda 2030, los ODS, el Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo? Son todos instrumentos de concertación internacional, que plantean agendas y pautas económico-productivas para que la Economía Global abandone, paulatinamente, su actual paradigma lineal y se mueva hacia uno nuevo: la sostenibilidad. Esto último es urgente y, por supuesto, se vincula de manera directa con nuestros modos de producción y generación de energía.

No hay que olvidarse que el 73% del total de GEI liberados provienen del sector energético; la proyección indica que para el 2050 la demanda global de energía crecerá un 57% (PNUD, 2022).

No en vano se apunta a la Revolución Industrial como “kilómetro 0” del problema, y a las posteriores oleadas de globalización económica como sus aceleradores (IPCC, 2023).

Quizás la más concreta de las metas sea la mencionada descarbonización, es decir la reducción de la dependencia a los combustibles fósiles en diferentes sectores como el transporte, la energía, la industria y la edificación, con el objetivo de mitigar los impactos del cambio climático. A esto apunta la “transición energética”.

Este verdadero Proyecto Global de Desarrollo es la manera de operativizar las metas del Acuerdo de París: “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles pre-industriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5°C” (ONU, 2015, p. 3).

Ahora bien, surge un interrogante ¿Qué implica dicho proyecto de desarrollo concretamente? Un punto de partida puede ser analizar la actual economía global, como caracterizada por la división internacional del trabajo, que desde las décadas del 70’-80’ ingresó en una hiper globalización y financiarización; el crecimiento del poder de los mercados; y políticas estatales de desregulación, apertura y liberalización de las economías nacionales.

En este contexto, y particularmente frente a la creciente influencia de nuevos actores, como las Empresas Transnacionales, que en gran medida definen qué y cómo se produce, debemos preguntarnos: ¿qué rol le asignan estas nuevas “pautas de desarrollo” al Sur Global? ¿Cuáles son los impactos locales? ¿Qué tanto se regula a los actores económicos privados?

Transición y Extractivismo

Para dejar atrás la dependencia de combustibles fósiles, se necesitan minerales como el cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel, tierras raras y zinc, como materias primas para producir energía “sostenible”: turbinas eólicas, paneles solares, vehículos eléctricos o baterías. En la última década, la demanda por dichos commodities se ha disparado debido a que las empresas productoras de tecnología “verde”, asentadas principalmente en el eje Asia-Pacífico, Europa y Estados Unidos, buscan proveedores y recursos para competir por ese mercado.

La Agencia Internacional de Energía proyecta que la demanda por estos minerales se duplicará o cuadruplicará hacia 2040, según la tecnología que se trate (IEA, 2021). Grandes transnacionales mineras aceleran sus proyectos de inversión para suministrar esa producción, incentivadas por las políticas de desarrollo del Norte Global, como el Pacto Verde Europeo, que desde 2015 intenta alinear sus planes de crecimiento económico a los ODS, la Agenda 2030 y las metas del Convenio Marco de Cambio Climático. Firmas tecnológicas y mineras se asocian en torno a las nuevas pautas de producción global. En el “Cuadro 1”, se puede observar el listado de ETN mineras asentadas en Latinoamérica, que están explotando los minerales claves para la transición.

Transformar la matriz energética es una buena iniciativa para la progresión de derechos en el Sur Global. Existe sobrada evidencia de que el Cambio Climático impacta negativamente en el goce de derechos fundamentales en Países “subdesarrollados”, como el acceso al agua segura, la seguridad alimentaria, la salud, el desarrollo económico, etc. (IPCC, 2023). Pero al mismo tiempo, podría estar reforzando el rol extractivo-exportador de nuestras economías. En efecto, la CEPAL viene dando cuenta del llamado “proceso de reprimarización” (CEPAL, 2020) de Latinoamérica en las últimas décadas.

Es decir, nuestras economías nacionales sufren una regresión hacia la intensidad en exportación de recursos naturales sin valor agregado, tanto en oferta exportable como en atracción de Inversión Extranjera, donde la minería lidera los flujos hacia la Región.

A su vez, existe evidencia de que el modelo extractivista genera en nuestra región un patrón de conflictividad socio-ambiental asociado a las operaciones de las empresas mineras transnacionales y la resistencia ejercida por Comunidades locales, que ven en riesgo la garantía de sus derechos humanos reconocidos internacionalmente (Gudynas, 2015). Más aún, los impactos del extractivismo se observan principalmente sobre poblaciones y territorios socialmente marginados, como poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas (CIDH, 2016). Este esquema se profundiza con la demanda de minerales “críticos” para la Transición.

Empresas y DDHH

En 2023 la ONG “Centro de Empresas y Derechos Humanos” publicó un informe que registra y analiza más de 500 casos de violaciones a DDHH por parte de empresas transnacionales extractivas en todo el mundo, relacionadas con operaciones para cubrir la demanda de minerales de la “transición”. Tomaron denuncias y reportes públicos realizados por Comunidades, ONG, activistas, etc.; presentadas en la justicia local e internacional, o alegadas de manera pública, relativas a derechos humanos y ambientales: derecho de acceso al agua, contaminación, violación del derecho a la consulta, violencia contra activistas, vejaciones, derechos indígenas, de género, sexuales, violación a derechos de propiedad etc.

En el siguiente gráfico, se ve ilustrada la incidencia geográfica de 512 casos registrados entre 2010 y 2023. De esa investigación se puede observar: a) el Sur Global parece ser escenario principal de este tipo de impactos, derivados del impulso extractivista para la “Transición” – Latinoamérica, África y el Sudeste Asiático dan cuenta del 90% del registro -; b) sólo en Sudamérica se registra el 50% del total de casos y c) el 74% de los impactos ocurrieron sobre poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.

Incidencia de casos por Zona geográfica. Elaboración propia en base a datos del informe “Transition Minerals Tracker” (2023), del Centro de Empresas y Derechos Humanos.

Reflexiones finales

¿Quién se beneficia de la Transición Energética? ¿Es justo que el Sur continúe en su rol de exportador de naturaleza para que el Norte cumpla sus metas energéticas? Parece haber algo de injusticia en la forma de distribuir las cargas globales de los desafíos climáticos. Mientras las economías del Norte se transforman, pero no resignan crecimiento, las del Sur parecen históricamente destinadas al extractivismo sin valor agregado y diversificación. La combinación de desigualdad (PNUD, 2021) y reprimarización de la economía está generando condiciones de vulneración para gran parte de nuestros pueblos.

A su vez, esto recicla una práctica colonial, pero de la mano de nuevos actores: las ETN extranjeras. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue clara en un informe publicado en 2016, donde señala que: “poblaciones vulnerables como los pueblos indígenas y las comunidades afro-descendientes son víctima de violaciones de derechos humanos como resultado de las acciones e inacción de las compañías y la incapacidad o la falta de voluntad del Estado en donde operan estas compañías de proteger a estas poblaciones, por miedo de que la regulación promueva que las compañías dejen el país.” (CIDH, 2016, p. 46).

Este es un problema de “commodities y derechos humanos», donde es menester criticar las prácticas extractivistas y las maneras en que se vienen abordando los derechos vulnerados por ellas. No se trata sólo del derecho al medio ambiente, sino a la supervivencia de los más vulnerables ¿Cuál es el costo humano que afronta la periferia para abastecer al mercado mundial de commodities? Las poblaciones afectadas por la proliferación de Zonas de Sacrificio, son también las más marginadas del sistema capitalista.

Son las Comunidades Indígenas que viven de la producción ganadera, que necesitan mantener su acceso al agua segura y a la tierra. Son también los campesinos, que se ven desplazados por las grandes transnacionales. Que las extensiones mineras de las ETN extranjeras, tan demandantes de recursos como el agua y la tierra, tengan tantos privilegios e influencia frente a los Estados, y que se deje librado a los mercados internacionales la regulación de sus consecuencias, es una práctica definitivamente neocolonial. En este caso, de “Colonialismo Verde”.

Al mismo tiempo, no se trata de rechazar por completo la explotación de los recursos naturales. Por supuesto que significan una oportunidad de desarrollo económico, pero son fundamentales el control, el escrutinio público y el rol del Estado.

Pareciera que la Región no tiene claro cómo poner límites a los actores que invierten en su territorio. Una cosa es dar condiciones institucionales para atraer capitales y promover el desarrollo justo y sostenible, y otra muy distinta es la apertura y desregulación irrestricta que vuelve a proponer el neoliberalismo, y que termina atentando contra los derechos humanos. Es allí donde las Zonas de Sacrificio, en tanto ejemplos de las injusticias que pueden derivarse de la Economía Internacional, nos muestran los impactos de la arbitrariedad con la que se explotan los recursos que demanda el mundo. Tener recursos estratégicos no puede ser sinónimo de aceptar todo “daño colateral” asociado. Mucho menos cuando las poblaciones más afectadas son también las más vulnerables, y en el contexto de operaciones extranjeras. La buena noticia es que la solución ya existe: hacer cumplir las leyes, regulaciones y estándares ambientales y de DDHH que están en Tratados y Resoluciones de Organismos Internacionales.

Por último, es central llamar la atención sobre éste tipo de violaciones a los DDHH como parte de un ciclo de dependencia. Y uno de los aspectos más vitales para dejarlo atrás, es tener un plan productivo de industrialización, de valor agregado de los recursos naturales. Es la primarización lo que lleva a nuestra Región a esta situación. La violencia extractiva es sólo un indicador de sus consecuencias. Por eso es importante trabajar con los entramados productivos, científicos tecnológico y educación nacionales, para que los recursos naturales generen el desarrollo que nos saque de la dependencia y el extractivismo.

Elaboración propia en base a datos de S&P Global “Top 25 Mining Companies By Market Capitalization” (2018) y Reportes Anuales de Firmas Mineras. Se muestran las 25 principales empresas Mineras Globales, ordenadas de acuerdo a su capitalización de mercado, los países de la región donde tienen operaciones de extracción de commodities minerales y el año en que se instalaron.

Alertar sobre este patrón de violencia extractiva y despojo, es una forma de indicar las injusticias del sistema internacional de producción. Queda por delante la tarea de construir una Política Exterior verdaderamente popular, que busque incidir en la economía internacional, para que ésta beneficie a los Pueblos en lugar de atentar contra su dignidad. De algún modo, que la Transición Energética sea socialmente justa y equitativa también debería ser interpretado por el Sur Global como parte de Agendas Globales, como la 2030 y los ODS. Es cierto que el Cambio Climático afecta particularmente al Sur Global, y se necesitan estrategias de respuesta. Pero debemos construirlas de manera tal que generen progreso y desarrollo justo y equitativo. El humanismo y la dignidad de los Pueblos, también son desarrollo sostenible.

*Abogado, Diplomado en Diplomacia Contemporánea, y Tesista de Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es Profesor en Estudios sobre Regionalización, en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma Universidad. Actualmente ejerce el cargo de Director General de Relaciones Multilaterales y Cooperación, en la Municipalidad de Córdoba. Estuvo a cargo del Área de Ambiente y Cambio Climático de la Agencia Córdoba Joven entre 2016 y 2020, en la misma organización. También es parte de la Red Alumni de Global Shapers Community y ex Curador del Hub de Córdoba.

Fuente: El Aluvión