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Litio: una OPEL por 30 monedas o la soberanía industrial Argentina

Los conflictos geopolíticos en torno al “petróleo blanco” crecen día tras día. Nuestro país se encuentra en el punto exacto donde confluyen los caminos de la entrega del recurso o la recuperación de la soberanía. Se están repartiendo las barajas y hay muchos apostadores.

Redacción

Allá lejos y hace tiempo, por el mes de junio de 2021, ya se había hablado del tema. El entonces Secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, había descartado la idea y se proponía avanzar con el plan delineado en conjunto con el Ministerio de Producción encabezado por Kulfas: transformar al litio en la nueva vedette para la atracción de inversiones internacionales para su explotación a cambio del puñado de regalías en dólares y contra declaración jurada.

La manifestación del Secretario, había nacido de la necesidad de cortar con la iniciativa de varios sectores del arco político nacional que proponían la nacionalización del mineral y la creación de una Empresa estatal similar a YPF o a YCF, pero en este caso abocada al litio. Asimismo, intentaba cerrar un debate que impulsaban los Diputados Heller, Junio y Koening – éste de mandato cumplido – por la estatización y declaración del mineral como “recurso estratégico”, a cambio de llevar tranquilidad a los capitales multinacionales que están participando de la explotación y a los gobernadores de las provincias implicadas: Gustavo Saenz de Salta; Gerardo Morales de Jujuy; y Raúl Jalil de Catamarca.

El revuelo alrededor del litio no terminó allí. El “petróleo blanco” se ha convertido en uno de los commodities más valiosos del mundo porque se utiliza para construir baterías de dispositivos electrónicos (celulares, computadoras, automóviles; etc).

Por eso los aires de nacionalización y estatización de la explotación son tan resistidos por los principales actores en el negocio, como la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM) y el Consejo Federal Minero (COFEMIN). Estas, entre otras entidades más, apoyan el esquema de extracción cruda del mineral y que el proceso de industrialización quede en manos de las multinacionales chinas, alemanas, japonesas y coreanas que se están radicando en las tres provincias del NOA, y proyectan importantes inversiones.

Un semestre más tarde, el tema vuelve al tapete. Ya no está Hensel a cargo de Minería. Ahora está Ávila. Pero la discusión parece ser la misma; aunque desde algunos sectores del Gobierno argentino no ven en la estatización algo descabellado.

En contra de ese posible paso juega la indeterminación que ha caracterizado la gestión para todo lo que tenga olor a ejercer derechos soberanos. La primera excusa, es que los recursos mineros pertenecen a las provincias tal como se estableció en la reforma Constitucional de 1994. El argumento es débil porque por más potestad que una provincia ejerza sobre el recurso, no puede dar rienda suelta a su explotación sin la autorización del Estado Nacional.

Esto que parece una nueva función del federalismo de sentido negativo en Argentina, puede transformarse en una ventaja: si el Ejecutivo Nacional impulsara la declaración del litio como «recurso estratégico», habilitaría a la Nación a establecer un régimen específico para ese mineral. Es decir, crearían las condiciones para la creación de una empresa pública que se encargue de la explotación, administración, industrialización y producción de toda la cadena de valor del recurso. Es más, desde algunos sectores de la alianza gobernante ven con buenos ojos esa posibilidad.

Hasta el momento, quienes plantean una solución de fondo para el asunto, y una proyección hacia el futuro respecto del litio y de toda la cuestión minera, es Social 21, La Tendencia. Martín Ayerbe, una de sus principales voces, ha repetido cada vez que tuvo oportunidad que la única alternativa posible para la minería argentina es la vuelta a los postulados base de la Ley Savio. Allí se anunciaba la nacionalización de todos los recursos mineros, y que cuya custodia, planificación, prospección, explotación e industrialización quedaba en manos y bajo la conducción de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Es más, el mismo plexo legal garantiza el abastecimiento y reserva para el desarrollo industrial autónomo, y prohíbe la exportación del mineral en bruto.

Lejos está el Gobierno de Fernández de impulsar una cosa así. La industrialización del litio se volvió así una pata esencial de las políticas globales y una carta de negociación de casi cualquier cosa, dentro de los términos de la Agenda 2030 del Cambio Climático, y la alineación con la política exterior estadounidense.

Lo más osado que el Frente de Todos está tolerando -y tanteando- al respecto, es la posible creación de una OPEP del litio. Es decir, en lugar de una Organización de Países Exportadores de Petróleo, se impulsaría una Organización de Países Exportadores de Litio (OPEL). En ese caso quedarían bien con Dios y el Diablo: el modelo permite la explotación privada multinacional y la libre exportación. Es decir habría baraja para todos. A China eso le interesa y estaría dispuesta a acompañar.

Pero para ello Argentina necesita del apoyo manifiesto de Bolivia y Chile. Por la relevancia de sus yacimientos, los tres países podrían regular el mercado internacional de este mineral. La “Nueva Arabia Saudita del Petróleo Blanco”, deberá tomar decisiones rápidamente sobre qué rumbo tomar. Bolivia, que nacionalizó el recurso con Evo Morales y que se encuentra haciendo un proceso de transferencia tecnológica con los alemanes, está esperando que Argentina resuelva. Nuestro país hermano posee las reservas más grandes del mundo pero sola no puede atender el movimiento geopolítico alrededor del recurso. Necesita de Argentina, segundo en reservas, y con potencial industrial para integrar verticalmente la cadena de valor.

En otras palabras: aquella decisión clave que Hugo Chávez esperaba de Argentina respecto del desarrollo petrolero continental y que nunca llegó; hoy la espera Bolivia respecto del litio.

Por el momento, la posibilidad de un proyecto unificado se la están tirando al todavía no asumido Presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Claro, la cuenta que hacen en la calle Balcarce es lineal: el Gobierno de Arce, que tiene las mayores reservas de litio en el mundo con 21 millones de toneladas, espera a Fernández (que tiene 14,8 millones de toneladas, y todo el complejo industrial al alcance de la mano); y éste le patea la pelota a Boric, que si bien tiene 8,5 millones de toneladas, hasta marzo no puede firmar nada. Eso le permite al Gobierno argentino ganar tiempo y seguir cerrando concesiones privadas junto con los gobernadores y las multinacionales.

Trascartón, a Boric se le complicó el panorama, porque Piñera acaba de cerrar dos contratos de veinte años de extensión y 121 millones de dólares, para la explotación de 160.000 toneladas de litio a una firma china y otra local. Es decir, Boric primero deberá desarticular el “regalo” del mandatario saliente para luego poder atender la propuesta concreta de Bolivia y la muy tibia de Argentina.

La historia del litio en nuestro país recién comienza. No serán los últimos movimientos. Una de los frentes de disputa en la coalición gobernante gira en torno al mineral “del futuro”. Sin embargo, la pelea de fondo es la de siempre: Liberación (nacionalización y explotación soberana de los recursos mineros), o dependencia (entregar todo a cambio de 30 monedas)

Fuente: Secretaría de Minería de la Nación / LPO / LA Piensa

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