Biocombustibles, ley Bondi, y un comentario que seguramente quedó viejo. Tras múltiples modificaciones, las nuevas iniciativas para el sector se tratarán en el marco de la Ley Ómnibus.

Redacción

La preocupación en la provincia de Santa Fe por la cadena del biodiesel es real. Las 19 plantas operativas producen más del 80% del volumen nacional, con la relación directa en cuanto a empleo y el “famoso” valor agregado en origen, que todo el mundo enuncia, pero casi nadie defiende. La preocupación – más allá de la proporción -, también se extiende a Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy.

El sector viene con problemas hace tiempo, pero el asunto de la “Ley Bondi” y su manifiesta intención monopolista y extranjerizante puso en vilo no sólo a las empresas, sino también a las provincias que contienen la actividad. Los episodios acontecidos la semana pasada con los legisladores tucumanos no han sido un hecho aislado.

Según algunas fuentes, las últimas discusiones fuertes comenzaron con los primeros borradores de la Ley. Al principio, se enunciaba una postura gubernamental que imprimiría un quiebre profundo en el actual régimen de promoción de la industria de biocombustibles.

El texto plasmaba de manifiesto la desaparición de las pequeñas y medianas empresas ligadas a la actividad, al establecer una liberalización del mercado que sólo favorecería a las grandes firmas permitiendo el ingreso de las empresas petroleras, eliminando el piso de corte obligatorio con gasoil, y abriendo la posibilidad de importar biocombustible.

Discusión va, discusión viene, el gobierno nacional envió días más tarde algunas modificaciones, donde se garantizarían un piso de mezcla obligatoria, elevándolo al 10% con la sanción de la ley, y una evolución ascendente hasta el año 2026, donde se proponía un 12,5% en el corte. Luego, ya una discusión para el 2027, la promesa de elevar al Congreso el aumento hacia el 15%, que siempre ha sido el horizonte a alcanzar por el sector, siempre y cuando las políticas públicas de fomento acompañen la posible evolución.

Sin embargo, según se dijo, con el establecimiento de este último porcentaje de corte, se permitiría el ingreso de las petroleras. Por más que se proponga que hasta 2035 las mezclas que se comercialicen en el mercado interno deban ser producidas en plantas argentinas, el sector PyME tendría fecha de vencimiento al poco andar.

El proyecto de Ley Bondi que se empezará a tratar hoy en el Congreso Nacional, estipula la eliminación de cupos y precios regulados que el actual régimen otorga a las PyMEs; e impulsa la libre competencia entre grandes, medianas y chicas. Asimismo, propone un sistema único de licitaciones, donde podrán participar empresas de cualquier escala. El único límite es que ninguna firma se quede con más del 14% del volumen licitado.

El problema es concreto: las PyMEs del sector, no pueden competir en forma directa con las denominadas “integradas” (aceiteras y productores de biocombustibles al mismo tiempo), por una cuestión simple: estas últimas cuentan con materia prima y logística asociada en forma directa. Por lo cual, además del volumen de producción, poseen un esquema de costos mucho más bajo que cualquier PyME que sale a buscar al mercado materia prima (aceite) y contrata logística.

Lógicamente las “integradas” – agrupadas en CARBIO – siempre apoyaron las propuestas gubernamentales; limitando el ingreso de extranjeras, y dejando el 5% para las PyMEs, con el argumento que “nunca pudieron superar ese margen”.

De parte del oficialismo, hubo otras irregularidades y cambios intempestivos, como incluir el reciclado de plásticos – derivados del petróleo – en el sector de biocombustibles, y varias idas y vueltas. De allí que las mencionadas provincias productoras, encabezadas por Santa Fe, presentaran un proyecto alternativo.

La propia secretaria de Energía santafesina buscó ponerse al frente de dicho impulso. La propuesta fomentaría el equilibrio y competitividad entre el segmento PyME y las “integradas”, aunque sin oponerse del todo a la “cultura desreguladora” del gobierno nacional.

Impulsan un régimen de licitaciones separadas: el 6,5% del corte del 10% lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí. El 3,5% restante, lo disputarán las integradas o grandes aceiteras, también entre ellas. De cara a la evolución de los porcentajes de cortes a partir de 2025, el proyecto propone que lo que pase del 10%, el margen será licitado entre todos los sectores sin distinción de tamaños.

Pero las observaciones no terminan acá. En un comunicado conjunto el Centro Azucarero Argentino, la Cámara de Bioetanol de Maíz y la Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de Biocombustibles en Origen, se mostraron renuentes a las propuestas gubernamentales y apoyan el proyecto impulsado por las provincias.

Las principales observaciones que exponen, es que el esquema de evolución del porcentaje de corte hasta 2026, “rompe el equilibrio de abastecimiento entre el bioetanol a base a caña de azúcar y a maíz y, además, fija precios máximos”. Para estas entidades, la propuesta gubernamental está siendo impulsadas por las petroleras, ya que deben adquirir el biocombustible para el corte obligatorio. Es decir, esperan que el sector esté de rodillas.

Se espera en definitiva, lograr en el reciento que el capítulo “biocombustibles” sea sacado del proyecto de ley, y que pueda debatirse específicamente en sesiones ordinarias. Pero, dado cómo se fueron dando las cosas, no es de descartar que los cambios de último momento continúen.

Hoy comienza el debate en el recinto de Diputados. Suponemos que la cuestión biocombustibles llega a la sesión en estos términos. Peor puede suceder que para las 8 de la mañana la esta nota haya quedado vieja.

Fuente: Gob de Santa Fe / CASFER / CARBIO