Hay un modelo de explotación minera en Argentina, cuya base de sustentación proviene de la Alianza del Pacífico. Catamarca es una de sus bases.
Redacción
Poco se habla de Catamarca. Pero allí acontecen procesos que dan cuenta de la dinámica aplicada en las distintas regiones del país. No son anécdotas. Son realidades que determinan el futuro de generaciones de argentinos por venir.
Según un reciente informe de la consultora internacional Global Data, la extracción de litio a nivel internacional se triplicará hacia 2022; con un volumen de 86 mil toneladas del mineral volcadas al mercado para la producción de baterías y acumuladores para artículos electrónicos, vehículos eléctricos y otras aplicaciones.
El mineral es por definición el conductor ultraliviano que determina la innovación tecnológica de cara al futuro según las reglas del mercado. Argentina, Bolivia y Chile, poseen las mayores cantidades de reservas de litio del mundo. El desarrollo de la extracción de ese insumo a nivel internacional, tiene a nuestro país como segundo productor global.
De aquí a 2023, desde los salares argentinos saldrá al mundo el 30% de la producción. Solamente superada por Australia en esa proyección – con el 37% -, Argentina supera a Canadá (16%), Chile (9%), Estados Unidos (6%) y México (4%). Se estima que en Catamarca, Jujuy y Salta se cuentan a cielo abierto 10 millones de toneladas del mineral prestas para ser extraídas. Los gobiernos provinciales, con la venia del nacional, incentivan su explotación. Las regalías “hacen caja” pero desarman el futuro. El precio internacional de la tonelada de litio ronda los 10 mil dólares.
Bolivia, principal tenedor del recurso del mundo, implementó un modelo soberano de explotación. Firmó convenios de transferencia tecnológica y de capacidad industrial con Rusia por un plazo de dos décadas. Un acuerdo que le conviene a ambos países. El gigante euroasiático garantiza el abastecimiento de ese recurso para su propio desarrollo interno; y a los hermanos bolivianos, les queda el control soberano del recurso, desarrollo industrial y control estatal de la cadena de producción y explotación del mineral.
En Catamarca se prevé el modelo de adoptado por la Alianza del Pacífico cuyos principales exponentes son Colombia y Perú en materia de manejo de sus recursos naturales; y Chile, como modelo de Estado. Básicamente es así: el recurso natural (el cobre, por ejemplo) es estatal. Su explotación y comercialización es terreno del capital privado. Sólo existe intervención del Estado en la producción, en aquellos sitios dónde no es rentable la extracción para los privados. Es decir, dónde no hay desarrollo de infraestructura (rutas, ferrocarril, puentes, represas, playas de transferencia).
¿Ya se imaginarán lo que pasa? El Estado construye las obras necesarias, y luego las pone a disposición de los privados. El modelo no es otro que la actualización doctrinaria de la Alianza para el Progreso de fines de la década del ’50 y principios de la del ’60.
Quién más aceitado tiene el modelo en materia minera es Perú. La extracción de minerales la hacen empresas nacionales o extranjeras radicadas en el país. El Estado contribuye en la facilitación de las obras de infraestructura para la cadena logística. Las empresas pagan al Estado el 45% de impuestos sobre las utilidades empresarias.
El porcentaje parece jugoso, pero analicemos. No es lo mismo para impuestos sobre las ganancias declaradas, o sobre las ventas realizadas, o sobre la cantidad declarada de materia prima extraída en función de la cotización internacional.
¿Qué empresa trasnacional va a reconocer grandes volúmenes de utilidades en el país? La lógica del capital es declarar ganancias mínimas o pérdidas en sus balances, que supuestamente se financian con recursos generados en otras sucursales de la empresa en otros países. Sólo serían veraces en sus declaraciones, si se les otorga libre explotación de los recursos.
EL tributo sobre las ventas, es menos bochornoso pero emparejaría a la minería al nivel de las denominadas commodities; dónde el precio lo impone el mercado internacionales y los acuerdos comerciales tienen escala trasnacional. El ejemplo de la soja es ilustrativo de ese modelo.
Imponer tributación sobre la extracciones – las “regalías” que para la minería es del 3% -, parecería más “justo”, atento a que el impuesto se aplicaría en base a lo plasmado en Declaraciones Juradas. Lógicamente, se puede mentir en dichos documentos para pagar menos – como efectivamente se hace -, pero otorga al Estado provincial la posibilidad de controlar más de cerca la actividad.
En un escenario ideal, el Estado catamarqueño debería explotar y comercializar soberanamente dichos recursos; fomentando el desarrollo industrial provincial y la integración de sus regiones.
El inconveniente de ese modelo es “la caja”. La entrada de dinero sería mayor, pero el reparto del recurso tocaría los intereses internos del oficialismo y la oposición.
En un contexto de campaña electoral de cara a la gobernación, los principales candidatos, tiene como principales arietes a la minería y al destino de los fondos de “la caja” provincial. Jalil, el candidato a suceder a la gobernadora Lucía Corpacci por el oficialismo, argumenta que la provincia debe tener continuidad y previsión de gastos para afrontar sueldos estatales y la provisión servicios públicos. La aventura minera sería una especie de salto al vacío que desestabilizaría las cuentas provinciales y su gestión en caso de ganar en las urnas.
Su principal oponente, Gómez, quién responde al Gobierno nacional, alienta el modelo de la Alianza del Pacífico, o sea Catamarca para el mundo. Los recursos provinciales se destinarían a construirle el camino a las empresas canadienses que solicitan licencias de exploración y explotación minera.
Mientras tanto, los conflictos sociales en la provincia se suceden como en el resto del país: pequeñas y medianas empresas industriales que cierran sus puertas; lo que tiene un reflejo casi inmediato en el comercio minorista. En ambos sectores no dejan de perderse puestos de trabajo.

Fuente: El Ancasti / Global Data / Ministerio de Hacienda / Gobierno de Catamarca.