Durante el día de ayer, la Cámara de Diputados analizó en plenario de comisiones el proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial impulsado por el Poder Ejecutivo, que busca generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción agropecuaria y agroindustrial de las 24 cadenas de valor del país.
Redacción
Estaban todos; no faltó nadie. Mirá que se la iban a perder. Una ley hecha a medida de las multinacionales y de la concentración de la cadena de valor internacional de las producción agropecuaria, a la que se le están haciendo los ajuste finales para lograr los famosos “consensos” para que salga por un tubo en un tiempo no muy lejano.
El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a lograr una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con mayor valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología (semillas, fertilizantes, genética, maquinaria y comunicaciones). Es decir: se continuara con lo de siempre, exportar materias primas a granel para importar productos manufacturados de mayor complejidad industrial (por ejemplo, tornillos chapa-chapa).
Entre otras cosas fenomenales en cuanto a innovaciones instrumentales, el proyecto impulsa un “bono de crédito fiscal computable para el impuesto a las Ganancias por las compras incrementales en fertilizantes, semillas, bioinsumos, genética y sanidad animal”, por el periodo de una década; es decir, devengamiento de impuestos por 10 años.
La redacción del proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Economía – todavía con Guzmán – y los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) – que nuclea a todos los sectores de poder económico tanto nacional como internacional dentro del complejo agropecuario argentino -.
Durante el plenario, José Martins – titular de la Bolsa de Cereales -, destacó que el proyecto implica “la industrialización para ver de qué forma podemos crecer en exportaciones agregando valor”. Sostuvo además que la iniciativa “tiene fuerte implicancia en generación de divisas para ayudar a estabilizar la macroeconomía y crear fuentes de trabajo”. Por su parte, Paseyro -de la Asociación Semilleros Argentinos- propuso modificar el texto para que la amortización sea en el primer año, al considerar que «el contexto inflacionario hace necesario acelerar esa amortización para que salga la mejor ley posible», y dijo que «tenemos altas expectativas para que esto avance».
En tanto, Cane, de Argentrigo, destacó que la iniciativa busca «atenuar la problemática del sector», y dijo que «este incentivo para fertilizantes ayuda mucho al cultivo en si». A su turno, Ianizzotto -de Coninagro- aseguró que la Argentina «sale con este tipo de acuerdos» y puso de relieve que «esta iniciativa es un foco de esperanza porque hay aliento a la producción, aliento al empleo y promoción al federalismo».
También Chemes, de CRA, cuestionó que no se haya incluido en el texto de la iniciativa «una reducción de la carga impositiva y la eliminación de los derechos de exportación», dos puntos sobre los cuales reclamó su incorporación, de cara a que se concrete “un acto de igualdad para todos los eslabones”. La Sociedad Rural se sumó a esto ultimo, porque consideró que la iniciativa «no contempla las verdaderas reformas estructurales que causan la baja de la inversión y que hace que la economía no crezca, como la alta presión tributaria y los derechos de exportación».
El plenario fue encabezado por el presidente de la comisión de Industria, el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos), junto con el titular de la comisión de Agricultura, Ricardo Buryaile (Juntos por el Cambio), que contó con la presencia del secretario de Agricultura, Matías Lestani, y de representantes del sector, así como de los referentes de la Mesa de Enlace. Del plenario participaron el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins; el director ejecutivo de la Asociación Semilleros Argentinos, Alfredo Paseyro; el presidente de Argentrigo, Miguel Cané; el director ejecutivo de Syngenta, Antonio Aracre; y los titulares de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto y Elbio Laucirica.
Se espera que en las próximas semanas el proyecto se eleve y se trate en el recinto; y nadie duda que más allá de alguna modificación, la norma será aprobada por el Congreso. Mañana les comentamos algunas cosas más que estamos chequeando; pero para empezar, tienen panorama

Fuentes: Ministerio de Economía / Télam / CAA