El INIDEP elaboró un informe sobre la merluza negra, el manejo, las capturas y la conservación de la especie en los últimos años. El documento devela una serie de mecanismos legales pero nocivos para la especie, que se suman a las prácticas empresarias agravadas por la invasión y el saqueo a nuestro Atlántico Sur.

Redacción

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), presentó un informe sobre la situación de pesca de la merluza negra por el periodo 2000 – 2022: El trabajo fue elaborado a partir de los datos obtenidos por las capturas y proporción de ejemplares juveniles en el periodo mencionado.

El documento ofrece pautas favorables y desfavorables alrededor de la especie, al tiempo que recomendó la continuidad del plan de manejo oportunamente adoptadas.  Por ejemplo, la captura máxima permitida por el Consejo Federal Pesquero (CFP) para la especie el año pasado fue de 3.700 toneladas. Según los informes confeccionados con las declaraciones de desembarques, en 2022 la cantidad fue de 3.638 toneladas.

De acuerdo al régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) que establece el CFP y asignadas a cada buque, lo provistos con artes de arrastre reportaron el 99% de las capturas totales; y el restante 1% fue aportado por un palangrero que capturó 3 toneladas.

Según el INIDEP, volvió a repetirse para 2022 la alta concentración de las tareas de pesca por parte de la flota arrastrera en el área de protección de juveniles de merluza negra. Para el organismo, esto sucede por la falta de buques palangreros, que por su arte de captura, atenuarían la presión sobre los ejemplares juveniles.

El documento menciona que la proporción de ejemplares menores a 82 centímetros de longitud total (considerada la primera madurez sexual) resultó ser del 13%, valor igual al registrado en 2021 y sustancialmente menor al máximo permitido desde fines de 2019 (20% respecto del total capturado en número).

Si bien, dentro de los estándares legales, se estaría cumpliendo con la normativa, los investigadores de INIDEP, afirman que no existen planes de manejo para otras áreas donde se encuentra la especie como ser: las Áreas Marinas Protegidas Namuncurá, Banco Burdwood y Yaganes. Además, se conoce que las capturas son importantes en las aguas lindantes a la milla 201, y la progresiva ausencia en las mareas de los observadores de abordo que permitirían reunir mayores elementos de diagnóstico y control.

¿Qué piensa una parte del sector privado?

Ante el diagnóstico comentado, las empresas solicitan a la Dirección de Control y Fiscalización Pesquera que modifiquen la normativa vigente, de cara a “blanquear el descarte”. En particular, en referencia al “baycatch” o pesca incidental. Es decir, aquella que se produce mientras se busca capturas otras especies.

Para la merluza negra, la normativa dice que está permitido un 1,5% de bycatch sobre el total de la captura de un buque durante una marea. Las empresas argumentan que es un margen pequeño considerando las características técnicas de la flota destinada a esas zonas de pesca. Es por ello que proponen o llevar el bycatch al 10% o bien establecer un máximo por buque de 2,5 toneladas.

La variante formal de la propuesta, se argumenta desde el criterio de que las bodegas varían en capacidad según el tipo de buque; y que estableciendo en lugar de un porcentaje de bycatch sobre la captura total, el mismo se mediera en tonelaje, la cosa cambiaría.

En criollo, lo que está admitiendo la flota arrastrera, es que por la propia metodología de pesca levanta mucha más cantidad de merluza negra de la permitida, y que la misma es descartada en alta mar. Lo cual implica depredación de la especie. La propuesta entonces, está “blanqueando” un promedio estimado de capturas reales de merluza negra por marea, y sobre la cual se entiende que el descarte sería menor.

Volvemos por lo tanto unos párrafos para arriba. La pesca en dichas áreas está concentrada en pocas manos, los controles son insuficientes, y los criterios son errados.

A pesar de esto, hay dos cosas que son las más preocupantes desde una visión periodística: la predominancia de buques arrastreros por sobre los palangreros incrementa el potencial de daño. Segundo, la pasividad del Gobierno Nacional para combatir la pesca ilegal fomentada bajo protección de Gran Bretaña o desde la milla 201, hacen el resto.

Fuente: INIDEP / Revista Puerto