El gobierno de Santa Cruz intimó a las empresas mineras a actualizar las declaraciones en el RUPAE, con el objetivo de conocer la relación con la cadena de proveedores de cada una. El caso testigo de Cerro Vanguardia. Una changa fenomenal.

Redacción

Cuando el Estado no ejerce las actividades estratégicas por sí mismo, y deja la explotación de recursos naturales en manos privadas exclusivamente, pasan una serie de cosas cuyos extremos podrían sintetizarse en por un lado, el saqueo discrecional de los del patrimonio soberano; y por el otro, el desconocimiento alarmante sobre el ejercicio de una actividad que – al menos – debiera controlarse.

Así, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, ordenó el envío de cartas documento a empresas mineras por no cumplir con una ley que las obliga a detallar cuál es su red de proveedores locales. Según se difundió, el objetivo del gobernador es redefinir el sistema de compras del sector minero.

La actividad es la segunda en materia de inversiones privadas en la provincia después del sector de hidrocarburos. Además, Santa Cruz, es la principal provincia exportadora de materias primas mineras, principalmente oro y plata.

El impulso del Ejecutivo provincial estaría motorizado por la sospecha de ciertos mecanismos non santos que vinculaban a proveedores mineros privados con funcionarios provinciales de los gobiernos anteriores. Para eliminar esas “discrecionalidades”, es que busca transparentar el sector.

Según lo consigna la fuente, luego del análisis realizado por el gobierno provincial de las declaraciones juradas presentadas por las empresas mineras, concluyó que sólo Cerro Vanguardia (de la empresa anglosudafricana Anglo Gold Ashanti) y la canadiense Patagonia Gold cumplieron en tiempo y forma con el envío de los datos exigidos.

Por el lado de las firmas Minera Santa Cruz (perteneciente a la británica Hochschild Mining), Yamana (adquirida recientemente por la canadiense Pan American Silver) y Triton (también de Pan American Silver), realizaron sus presentaciones, pero con datos erróneos o mal confeccionados. datos ya procesados por la empresa, es decir, en un formato que no sirve a los fines previstos en la norma. Minera Don Nicolás, propiedad de la canadiense Cerrado Gold Inc, ni siquiera presentó su declaración.

Respecto de las dos empresas que presentaron correctamente la documentación, la provincia informa que la documentación especifica los montos y porcentajes correspondientes a compras realizadas por ambas compañías en Santa Cruz, en el resto del país y en el extranjero. Asimismo, incorpora un ranking de los 20 principales proveedores que corresponden al total de compras y también a cada uno de los subgrupos.

Por último, se analizan las compras declaradas para Santa Cruz contrastando la nómina de proveedores informada con el Registro Único de Proveedores de Actividades Económicas (RUPAE), a fin de verificar que los mismos estén inscriptos, condición excluyente para su cómputo dentro del porcentaje de compre local, y la categorización establecida por el índice porcentual al momento de concretar su inscripción.

El caso testigo de Cerro Vanguardia

La fuente indica que, para el caso de Cerro Vanguardia, de los 29.400 millones de pesos que destinó a compras el 31,9% fueron operaciones con proveedores de Santa Cruz, el 59,5% con empresas del resto del país y el 8,7% con firmas del exterior. A su vez, se informó que de los 534 proveedores con los que trabaja la firma, 109 son de Santa Cruz y 54 figuran en el RUPAE. Luego se informó que el porcentaje de compre local de la firma en bienio 2022-2023 fue del 28,56%, sin considerar a los no inscriptos en el RUPAE.

Para cerrar, y tener alguna dimensión sobre el volumen de operaciones, inversiones y ganancias que manejan estas firmas, según publicaciones oficiales de la Anglo Gold Ashanti, la explotación que lleva adelante a través de Cerro Vanguardia, implicaría 2,8 millones de onzas de oro y 3,7 millones de onzas de plata durante un periodo de al menos 25 años. Cada onza es equivalente a 28,35 gramos.

La firma dice que el costo total de explotación ronda en 1,30 dólares por onza (U$S/Oz), y que la inversión total para toda la explotación en el proyecto, alcanza los 66 millones de dólares.

En el mercado internacional cada onza de oro cotiza aproximadamente 2.030,30 U$S/Oz; mientras que la plata gira en torno a 23,05 U$S/Oz. Así, multiplicando, la empresa obtendría en términos brutos (antes de pagar regalías, impuestos, y costo de comercialización) algo así como: U$S 5.684.840.000 en oro y U$S 85.285.000 por la plata extraída, según los valores internacionales. Asimismo, declara la elaboración de 170 kilogramos de oro en lingotes, lo que equivale a U$S 11.093.520.

Sumando: algo más de 5.780 millones de dólares sin impuestos, contra 66 millones de inversión total. Haga el lector la cuenta respecto de los beneficios que la empresa a lo largo de los años que dure el desarrollo del proyecto.

¿Qué queda para Santa Cruz solamente en este caso?

Nobleza periodística obliga… Hay que decir que Cerro Vanguardia pertenece en un 92,5% a la Anglo Gold Ashanti, y el restante 7,5% a FOMICRUZ, la empresa minera estatal santacruceña. Por lo tanto, participa de la detallada ganancia exorbitante en el porcentaje correspondiente; aunque también es responsable de el conjunto de la actividad, más allá de algún acuerdo estatutario que releve a la provincia de algunas responsabilidades.

Vista las diferencias, y solamente contemplando un caso un caso de una empresa, podemos tener un panorama mínimo de lo que significa la actividad en términos económicos, y la sangría de todo signo que se genera al no ejercerla soberanamente.

La riqueza extraída, se va al exterior (Suiza, Gran Bretaña entre otros destinos de exportación). El pasivo ambiental, queda en la provincia.

Lo que se dice una changa fenomenal.

Fuente: Gobierno de Santa cruz / Econojournal / Minería y Desarrollo / Anglo Gold Ashanti / Archivo Chasqui  Federal