La Ley que permitiría el aumento de las tarifas de servicios que proveen los activos del Estado a ser privatizados también tiene un beneficio más al sector empresarial: el no pago de impuestos o exenciones tributarias.
Redacción
Ecuador perderá más de 31 millones de dólares al año por efecto de la Ley Privatizadora. Según un informe firmado por Jonathan Báez Valencia*, y tal lo que establece la legislación ecuatoriana vigente respecto de los impuesto a la Renta, al Valor Agregado, y a la Salida de Divisas -denominado ISD.
El informe afirma que el Estado ecuatoriano va a crear Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Zonas francas que no tienen otro objetivo que permitir que los agentes económicos no paguen impuestos. Esto le costaría al Estado más de 31 millones de dólares al año solo por concepto de Impuesto a la Renta e IVA según el informe del SRI, el monto por el ISD fácilmente puede elevar esta cifra, pero no puede ser calculado según esta misma entidad.
El tiempo pasa y la Ley Privatizadora puede ser aprobada por el ministerio de la Ley, lo que ocurrió con la Ley Tributaria que está afectando profundamente a la clase media del país. Los y las defensoras del gobierno no tardan en vociferar que esta última afectó a los más ricos, situación que, debido a la elusión, uso de paraísos fiscales y otros mecanismos para no pagar impuestos, se sabe que no es así.
La Ley Privatizadora no solo les resarciría, sino que les dejaría enormes ganancias por la serie de exenciones que propone en materia de impuestos. De esa manera, los artículos antes señalados indican el no pago de impuestos. En el caso del impuesto a la renta se menciona que no pagarían impuestos por más de 10 años. Esto recuerda a la Ley de Fomento Productivo de 2018 promocionada por el Ministro Martínez (que pasó del Comité Empresarial Ecuatoriano al Ministerio de Economía y Finanzas) que exoneraba por 12 años de impuesto a la renta,[1] pero que no trajo ni empleo de calidad, ni mejores condiciones de vida, excepto para los que se beneficiaron de ese no pago de impuestos.
Lo que si implicó fueron menos recursos para el Estado, por ello los recortes a la salud pública,[2] cuyo desenlace fue fatal para miles de familias. Lo propio ocurre con la Ley privatizadora que, según el informe del SRI implicaría una pérdida de más de 31 millones de dólares para el Estado, en otras palabras, menos recursos, menos servicios públicos, menos salud, menos educación.[3]
A modo de comparación, estos 31 millones de dólares es lo que destinó el Ministerio de Salud Pública para la compra de emergencia de medicamentos por el desabastecimiento en diciembre de 2021.[4] Desde luego esta cifra se encuentra subestimada y tampoco mide los impactos en fuga de capitales respecto al ISD, pero es una muestra de los perjuicios que causará a las grandes mayorías, porque estos recursos faltarán para lo esencial: salud y educación.
Por otro lado, significará ahorro para los más ricos, lujos y demás. A eso se debe agregar que en la Ley Privatizadora no se menciona por ninguna parte cómo y en cuánto el país se verá beneficiado. Y es que lo que está de fondo es la premisa de que disminuir impuestos a las sociedades empresariales grandes genera bienestar, algo que la evidencia ha mostrado hasta el cansancio que no es así.[5] Así como tampoco disminuir impuestos a los más ricos, esto solo genera desigualdad y no fomenta el empleo ni el crecimiento.[6]
Por tanto, la Ley Privatizadora no solo pretende generar ganancias a través de aumentar las tarifas, también pretende exonerar del pago de impuestos, lo que a su vez va a generar una disminución de recursos del Estado, lo que se traduce en menos presupuesto para salud y educación, obligando a recurrir a prestadores y agentes privados, enriqueciendo sus bolsillos y dejando a la población en la total miseria. En fin, privatización por todos lados.
De tal modo que esta Ley Privatizadora es una forma de zanjar el poco daño que la Ley Tributaria causó a los más ricos, otorgándoles una serie de beneficios, pero en detrimento de una serie de perjuicios para las grandes mayorías, razones más que suficientes para negarla.

Notas

[1] Artículo 26. Ver: https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-09/Documento_Ley-Org%C3%A1nica-Fomento-Productivo-Atracci%C3%B3n-Inversiones.pdf
[2] https://coyunturauceiie.org/2020/03/28/los-recortes-cobran-factura-al-ecuador-la-inversion-en-salud-se-redujo-un-36-en-2019/
[3] http://ppless.asambleanacional.gob.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fdfc81a3-cd56-46ad-aa9b-8d1eb7d33149/pp-inversiones-415976-lasso_compressed.pdf
[4] https://www.salud.gob.ec/el-gobierno-realiza-compra-masiva-e-inmediata-de-medicamentos/#:~:text=Para%20el%202022%2C%20se%20invertir%C3%A1,todos%20los%20ecuatorianos%20y%20ecuatorianas.
[5] https://coyunturauceiie.org/2018/07/03/ley-trole-3-fomento-a-los-grupos-economicos-paraisos-fiscales-y-elusion/
[6] http://eprints.lse.ac.uk/107919/

* Investigador de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador.

Fuente: Nodal