El gobierno nacional impulsaría un “nuevo modelo” de concesiones para las vías navegables fluviales. Los ojos están puestos en los ríos Paraná – Paraguay, que ahora se dividiría en “tramos”. Se abandonaría la horrorosa “licitación internacional” impulsada por los Fernández-Massa con el Decreto 949/20, para pasar a un perfeccionamiento del formato noventista.
Redacción
Si bien no hay nada definido y las manifestaciones oficiales han sido escasas al respecto, todo indica que la entrega de la cuenca del Paraná – Paraguay perfeccionaría los niveles de entrega conocidos en los últimos treinta años, beneficiando al capital internacional.
Según las fuentes, el Gobierno nacional impulsa un nuevo esquema para concesionar el dragado y balizamiento de la vía fluvial, más un aumento de los peajes. La idea de Milei es volver a entregar la administración de la navegación de los ríos interiores al capital privado, y fundamentalmente el de la mal llamada “hidrovía” Paraná – Paraguay.
Lo único que quedaría en manos de la Administración General de Puertos (AGP) sería el cobro de peaje a los buques y embarcaciones que naveguen por la vía. Actualmente dicha dependencia controla el dragado y balizamiento, a partir de la tercerización a Jan de Nul – empresa belga propietaria de Compañía Sud Americana -, a EMEPA respectivamente. Respecto de los peajes, trascendió que la idea del gobierno sería impulsar un aumento del 30% en las tarifas de los peajes
Digamos que esto de las tarifas es lo único más o menos novedoso, en función de las distintas especulaciones sobre el futuro de la vía fluvial. Lo demás, sería un reacomodamiento de las condiciones previas al vencimiento de la concesión, con algunos “perfeccionamientos” al sistema de entrega vigente.
Se dice que, en primer lugar, se derogaría el Decreto 949/20 que preveía un llamado a licitación internacional, para volver al esquema de concesiones vigente hasta 2020, pero con la novedad del peaje y la división de toda la vía fluvial en “tramos”. Cada uno de ellos tendría los concesionarios de dragado y balizamiento correspondientes
La licitación quedaría en manos de la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables (SPVN); y también sería facultada para la adjudicación de los distintos tramos y canales complementarios que hacen al sistema fluvial total.
Otra “innovación”, es que el Ejecutivo Nacional promoverá la supresión del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA), órgano regulador creado en 2021 que está integrado por 15 miembros designados por la Nación y los gobiernos provinciales. El ECOVINA tiene a su cargo la supervisión de los contratistas actuales, más la confección de los pliegos de bases y condiciones de la licitación que había impulsado el gobierno de los Fernández – Massa con el mencionado Decreto 949/20.
Por último, el gobierno nacional tendría la intención de declarar como “servicio público a todas las actividades inherentes a la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal y demás vías navegables de la República Argentina”. Tal medida – acorde a lo que plantea el DNU 70/23 todavía vigente, apunta a “evitar paralizaciones y medidas de acción directa por parte de los sindicatos de dragado, balizamiento, amarre, estiba y remolque de buques que desarrollan actividades consideradas como esenciales”.
Como se dijo, más allá de que no hay nada totalmente definido, el rumbo pretendido por gobierno de Milei seria el del perfeccionamiento de la entrega.
Hay que esperar, pero no generarse expectativas positivas. Han resuelto acabar con la soberanía.
Fuente: DNU 70/23 / Letra P / Archivo Chasqui Federal