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El industricidio sigue en marcha en Argentina. El Gobierno bate el parche con el impulso de una Ley PyME, que está siendo diseñada por los equipos financieros y la UIA. Sí, adivinó. De PyME tiene poco.

Redacción

El Gobierno Nacional está impulsando una “Ley PyME”, da cara a dar respuesta a uno de los sectores que – según la voz oficial -, más los ha respaldado y fortalecido en estos casi siete meses de gestión. En realidad, tal proyecto de normativa, habría sido redactado por la Unión Industrial Argentina (UIA); es decir, el sector de grandes empresas. En criollo: no PyMES.

Según la información del sector industrial y del propio Ejecutivo, la propuesta tendría seis líneas fundamentales. Estas serían: la simplificación tributaria; la creación de un régimen de incentivo a las inversiones PyME industriales complementario del RIGI; la actualización automática de parámetros de categorización; generación de herramientas para la internacionalización de las empresas; simplificación de la creación de nuevas empresas; y acceso a financiamiento.

En ese marco, desde Industriales Pymes Argentinos (IPA), se mostraron preocupados por los niveles de consumo y advirtiendo que lo fundamental es la recuperación del mercado interno, dado que si “los trabajadores no consumen, nosotros no vendemos”. 

IPA, pone el eje en el régimen de apertura de mercados e importaciones “desleales”; así como los altos costos que afrontan todas las actividades económicas. Estos últimos, afectan la capacidad de participar en el mercado y obturan las posibilidades de exportar. Respecto de las primeras, marcaron que se traen al país productos sin tener control de calidad ni salubridad y a precio muy bajo.

Por otro lado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) informó que se registró durante mayo, una caída en el consumo del 7,7% en el quinto mes del año. El dato confirma la profundización de la pérdida real del poder adquisitivo de las familias.

Desde el sector PyME y de cara a la sanción de una ley específica para el segmento, lo que se propone es que mejores las condiciones globales para alcanzar la competitividad que demanda el mercado.

Así, proponen la quita de los derechos de exportación – retenciones -, además de la baja impositiva en impuestos como ganancias e impuesto país; al tiempo que se deberían compensar los aranceles en productos terminados.

La semana pasada, desde el Movimineto Nacional Pyme (MoNaPy), manifestaron que, a la caída del consumo, se suma una ascendente baja en la producción, la actividad y un aumento acelerado de la capacidad industrial ociosa. La única respuesta más o menos ordenada de parte del sector, ha sido la de liquidación de stock, sabiendo incluso de las dificultades a afrontar para reponerlo.

Desde la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja su presidente, sostuvo que es necesario diseñar un “marco normativo, que permita una transformación tecnológica”. Según sus términos, cosa “central” para la reactivación industrial, que también involucraría a las PyMES.

Funes de Rioja insistió también en la baja tributaria y en la necesidad de ampliar la exportación. También respaldó la implementación del RIGI de cara a “promover el desarrollo de grandes inversiones y el ingreso de capitales”.

También trascendió que el proyecto PyME que impulsa la UIA, está pensado para potenciar un el universo de 530.000 pymes que generan más de tres millones de puestos de trabajo en todo el país.

Para ello, además de los ejes mencionados al principio de la nota, la Ley debe garantizar “un marco de igualdad de condiciones para la industria nacional, de tal manera que se promueva la competencia en condiciones equitativas”.

En criollo, una ley que le sirve alas grandes empresas y sus vínculos operativos con las extranjeras, y que tendrá de rehén alas pequeñas y medianas que por algún factor – y según la actividad – puedan participar de dicha cadena de producción.

Todo lo demás que pueda inferirse tiene olor a desocupación e industricidio.

Fuente: IPA / APyME / Agenda PyME

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