Hace un mes atrás, le habíamos pegado una leída a “Sudamérica en disputa: la nueva guerra de los commodities”, artículo del periodista boliviano Rafael Bautista Segales*. En su momento no le prestamos la debida atención: cierto hincapié en el lawfare por sobre otras temáticas más preponderantes y urgentes, motivó que el mismo quedara “en parrilla”. Sin embargo, habida cuenta de lo sucedido en las últimas dos semanas a nivel continental – e independientemente de las cuestiones judiciales de cada país -, resolvimos darle divulgación.

Redacción

Las recientes declaraciones de Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, exhiben la reformulación de la Doctrina Monroe en los términos del replanteo estratégico que exige la improbable contención de la expansión china y del poder militar que garantizaría el tránsito global hacia un nuevo orden multipolar.

En ese contexto, el anuncio de la creación de una moneda regional por parte de los presidentes de Brasil y Argentina (desechada y hasta ridiculizada por los portavoces de Wall Street, como el ex secretario del Tesoro Larry Summers, o los ex funcionarios del FMI Mark Sobell y Olivier Blanchard, y replicada fervientemente por la prensa derechista de nuestra región), configura el escenario de una Sudamérica sumida en una dramática disputa global.

Laura Richardson escenifica al conquistador. Vuelven Colón, Cortés, Pizarro y el ofrecimiento ajeno de una riqueza impensada a la corona de entonces (“el criminal siempre vuelve al lugar del crimen”, Dostoievski dixit). Pero la escenificación no es mecánica, porque si se considera que Washington calcula, de modo anticipado (por las prospectivas geopolíticas que realizan sus think tanks y sus agencias de inteligencia), el tipo de efectos generados para viabilizar sus mejores opciones, las declaraciones de Richardson (“tenemos mucho por hacer, esta región importa para nuestra seguridad nacional, tenemos que intensificar nuestro juego”) parecen más bien una advertencia y no una agenda de intenciones futuras. La misma que saliera de boca de Mark Milley, jefe de Estado Mayor Conjunto de EE.UU. en 2021 (cuando asumía Laura Richardson como jefa del Comando Sur): “El hemisferio occidental nos pertenece y a nadie más, y estamos para protegerlo de cualquier amenaza”. Esa amenaza, por supuesto, son Rusia y China.

En ese escenario cobra profundidad de contexto lo que sucede en Perú, y también lo que viene aconteciendo en Bolivia y en Brasil. No es casual que estos tres países constituirían (en el proyecto bioceánico) el corredor geoestratégico de la conexión de Sudamérica al Pacífico, o sea, con China. En ese sentido, los últimos hallazgos de litio en el Perú intensifican la política de captura de nuestra región (amplificando el «triángulo del litio»), siendo que este año debieran haber vencido las concesiones estatales a las transnacionales mineras (asunto que precipitó la destitución del presidente Castillo para imponer un gobierno dócil a las exigencias del capital transnacional). La disputa se hace abierta. De la política de contención se pasa a la ofensiva amplificada. En ese sentido, dilatar el conflicto en el Perú parece una opción que se le impone (desde afuera) al gobierno usurpador para agotar trágicamente las expectativas de un pueblo en insurgencia; porque las tres demandas (renuncia de la presidente Dina “Balearte”, disolución del Congreso y Asamblea Constituyente), aun cuando se cumplieran, configuran también escenarios de recomposición de una derecha empoderada gracias a la progresiva vandalización mediática de las protestas.

El sistema político neoliberal de la última década peruana ha terminado de corromper toda la cultura política y, de ese modo, ha logrado descomponer dramáticamente al bloque popular que, sin representación legítima de amplio alcance, no posee la mediación política que este momento de resolución histórica necesita. Eso lo sabe la derecha. Por eso no sólo le ampara el poder policial, militar y judicial a su servicio, sino esa misma seguridad. Por eso su racismo señorial se muestra envalentonado. En tales circunstancias, el pueblo no debiera capitular su poder emergente, pero sí administrarlo estratégicamente; pero eso requiere dirección y todo este desenlace, que carga la pesada memoria del senderismo, debiera también servir para constituir un movimiento popular articulado en base a la demanda suprema: una Asamblea Constituyente. Un camino en el que el pueblo mismo genere un legítimo proceso constituyente, donde lo que se debe constituir es el pueblo mismo como sujeto, es decir, como poder constituyente.

En Bolivia nos faltó intensificar y radicalizar ese proceso. El Estado plurinacional nació con varios caballos de Troya en sus entrañas; uno de ellos fue el chantaje autonomista de la élite cruceña que, hoy en día, se transmuta en un proyecto balcanizador con apariencia federalista. Desde la Guerra del Gas y la expulsión del último gobierno neoliberal de Bolivia, Santa Cruz se convirtió en el epicentro de la resistencia fascista al proyecto plurinacional. Todas las últimas aventuras desestabilizadoras de la derecha se han originado en el poder concentrado que las élites económico-políticas poseen en el cordón señorial de la ciudad y su operador político por excelencia: el Comité Cívico, desde donde se maneja incluso a la propia gobernación.

Desde el autonomismo hasta el federalismo, todos estos relatos operan como retóricas de relativización del Estado nacional, para afirmar un supuesto derecho exclusivista a estar por encima de la propia Nación. En el caso boliviano, la violencia, el revanchismo racista-urbano y la impunidad son el medio para minar constantemente y hasta deslegitimar todo lo que represente estabilidad y paz social. De ese modo se preludia toda «revolución de colores» que, en medio de la crisis civilizatoria global, sólo puede conducirnos a escenarios progresivos de balcanización.

Santa Cruz es la parte del país permeada por la influencia brasileña de derecha. En el golpe de 2019, el apoyo del gobierno de Bolsonaro a los golpistas fue fundamental para capitalizar una legitimidad postiza que la derecha siempre costeó con nuestras propias riquezas: la revisión de los contratos de exportación de gas, para beneficio exclusivo de Petrobras, fue prueba de eso. En ese año, el escenario regional inmediato era decididamente adverso a nuestro proyecto plurinacional; por eso la dictadura duró un año, aunque desearan los golpistas estar una eternidad. Ahora Brasil, con Lula de vuelta, tiene casi medio país en divergencia. El episodio del reciente fallido intento de golpe es apenas una muestra de lo que puede articularse como resistencia creciente de una derecha dogmatizada por un poder que ya no es disuasivo sino abiertamente ofensivo: el poder mediático.

En tal situación se nos presenta la articulación de una política de intimidación como factor de desestabilización estratégica, promovida por la connivencia entre el poder imperial y las oligarquías regionales. Como bien lo explica la escritora Jamileh Alamolhoda (primera dama de la República de Irán), “la esencia misma de la política exterior gringa es la intimidación, aterrorizar a nuestro pueblo para someterlo”. En Bolivia, después de unos ya disminuidos cabildos que siempre deliberan vía amenazas, se van tejiendo las ideas de un referéndum para la reforma judicial que, en los hechos, representará la transición al escenario del lawfare, donde la derecha se propondrá recuperar el Poder Judicial y, desde allí, judicializar al poder político, es decir, privarle al gobierno de toda capacidad decisoria.

Recordemos que el lawfare, creado en las academias gringas en medio de las modas del realismo jurídico y el neoconstitucionalismo, propaga la visión economicista al campo del derecho; el neoliberalismo como doctrina jurídica, y la lógica de la guerra como ideología normativa. Todo el episodio que condujo al apresamiento del presidente Castillo y la asunción de “Balearte” fue un operativo mediático-congresal que, por medio del lawfare, generó toda la narrativa de legitimidad constitucional para que el golpe no pareciera un golpe.

El lawfare está muy desarrollado en Brasil y Argentina. Perú y Bolivia son ahora la arena jurídica donde se piensa desarrollar sus formas actualizadas, más ofensivas. La racialización de la Justicia en estos dos países, además del señorialismo racista meritocrático de los colegios profesionales, es el campo ideal para la captura y manipulación ideológica del conjunto normativo social. A nivel local y global, como señala Thierry Meyssan, “las leyes ya ‎no buscan hacer respetar la justicia sino confirmar el orden impuesto al mundo y ‎castigar a quienes lo cuestionan”. Y el “orden democrático” peruano no podía permitir que un “serrano” sea presidente, por eso su destitución era un imperativo hasta del propio racismo jurídico.

“El lawfare está muy desarrollado en Brasil y Argentina. Perú y Bolivia son ahora la arena jurídica donde se piensa desarrollar sus formas actualizadas, más ofensivas”

Todo este escenario conduce inevitablemente a la anomia estatal, ya que la propia normatividad jurídica es no sólo incongruente sino hasta definitivamente divergente con los principios constitucionales que dice respetar y defender. Lo político es cercado por el cinturón legalista que hace imposible todo cambio. Por ello, la legitimidad política que origina y da lugar a una Asamblea Constituyente debe permanecer siempre como garante continuo de su implementación fáctica. Esto constituye la verdadera esencia de la praxis democrática que nuestros pueblos están demandando: crear y criar al poder popular.

El neoliberalismo ha demostrado que la democracia no se destruye necesariamente desde fuera, como solía señalar la argumentación de izquierda. Porque el neoliberalismo, más allá de ser solamente un modelo económico, es, en realidad, una racionalidad radicalizada del liberalismo, que destruye las bases mismas de la democracia, desde que lo político se somete a lo económico. La actual democracia made in USA, en tanto “institucionalidad democrática”, es reducida al management empresarial que hace de la gobernabilidad un apéndice de la performance administrativa. Es decir, el Estado desplaza su esencia política y se convierte en una empresa fantasma que sólo administra la garantía del máximo valor del capital que financia y sostiene su conservación. Los objetivos del Estado dejan de ser políticos y se hacen gerenciales. Cuando todo ámbito de la vida humana es reducido a su carácter mercantil, la lógica empresarial invade todo y las necesidades sociales, los bienes comunes, las reivindicaciones populares, etc., son comprendidos como proyectos gerenciales, es decir, son cotizados desde criterios de rentabilidad, donde los pobres son sacrificados en un mundo hecho sólo para los ricos.

Por ello, la racionalidad neoliberal pervierte las bases mismas de la democracia, una vez que introduce sus lógicas en la médula misma de lo político. Si las desigualdades se hacen extremas es imposible no sólo mantener la soberanía estatal, sino sostener toda comunidad política. Si el demos es desplazado, el ratos es el puro capital y lo que se genera es una sutil pero radical transformación de la política y la democracia desde dentro. Entonces se puede comprender mejor los procesos de implosión democrática que estamos viviendo y que permiten la mejor escenografía de la nueva guerra de los commodities.

Desde el definitivo colapso del dólar como moneda hegemónica global, el yuan y el rublo han ingresado obligadamente a la arena financiera. Eso se agudiza con la guerra en Ucrania, una guerra entre la Federación Rusa y la OTAN porque, producto de las sanciones y su fracaso, cobran ahora más relevancia el oro y todo aquello que es riqueza tangible, en este caso, los commodities más apreciados en la tan disputada transición energética global.

No se trata de cualquier commodity sino de aquellos comprendidos en una política de soberanía financiera. Al encontrarnos en un mundo post-Bretton Woods, no sólo el dólar sino cualquier moneda que aspire a ser divisa internacional ya no puede sostenerse, in the long run, como moneda fiduciaria. En ese sentido, una guerra de commodities es una guerra financiera al desnudo.

Reformulando la doctrina Rothschild (“controlas la moneda y controlas al mundo”), podemos decir: “Si controlas el sostén real de toda moneda, controlas todo el poder, hasta el de tus adversarios”. De ese modo, la nueva guerra de los commodities se opera desde las urgentes necesidades de reposición global de la esfera anglosajona (el remanente continuo del mundo unipolar), para minar toda posible democratización, aunque sea mínima, de las finanzas mundiales. Por eso el tránsito hacia un nuevo orden, en este caso, multipolar, se expresa inevitablemente como guerra financiera (que es la esencia de la guerra moderna, representada en el espectáculo de los conflictos bélicos, para un mundo que precisa héroes, villanos, epopeyas y efemérides).

Volvemos a las declaraciones de Laura Richardson porque todo lo enumerado, desde el petróleo de la cuenca del Orinoco, Guyana (que comprende el área del Esequibo), el triángulo del litio (+Perú), los acuíferos, tierras raras y minerales estratégicos, ya no constituyen un botín de guerra sino la soberanía misma de la esfera financiera imperial.

La convertibilidad del yuan y el rublo al oro acabará desplazando toda moneda fiat, pero no hay suficiente oro para respaldar todas las monedas, de modo que los commodities estratégicos se presentan como candidatos garantes. Esa sola mención genera la posibilidad de una guerra de los commodities porque, para el Imperio en decadencia, se trata de definir quién posee la soberanía mundial. La guerra en Ucrania tiene que ver con eso: con la soberanía. El pecado de Rusia consiste en afirmar su soberanía, por eso la rusofobia desatada en Europa y EE.UU. es la representación del desprecio imperial hacia el insumiso.

En un mundo unipolar, la soberanía absoluta le pertenece al Imperio y a nadie más (porque es el santuario de acumulación de capital); y hay soberanía absoluta por cesión y transferencia de soberanía formal y material, de la periferia al centro. En ese sentido, la nueva guerra de los commodities es una guerra contra toda soberanía. El Imperio en decadencia necesita ungirse de poder real y eso consiste en la renuncia absoluta de la periferia -en este caso, del arco latinoamericano– a su propia existencia estatal y nacional. Lo que no lograron en Bolivia (pero buscan reactivar, para así también escarnecer la idea de lo plurinacional), tratan de impulsarlo desde el Perú, para desatar una conflictividad creciente como balcanización regional.

“No hay suficiente oro para respaldar todas las monedas, de modo que los commodities estratégicos se presentan como candidatos garantes”

En el capitalismo, el capital es el único soberano. La modernidad es el tipo de mundo donde esta soberanía se despliega y desarrolla en toda su plenitud. Por eso la confusión analítica actual (por no respetar niveles de análisis) de señalizar a China como capitalista proviene de la ingenua separación entre capitalismo y modernidad. La diseminada sinofobia en Latinoamérica (que permea hasta al izquierdismo) es, en realidad, una declaración de guerra imperial por el alma de nuestros Estados: ustedes son míos y de nadie más.

La modernidad es un proyecto civilizatorio de dominación exponencial, por eso es heredera de la vocación imperial de Occidente. Para los chinos, el capitalismo es una mediación de su propio proyecto nacional, que responde a una civilización que no es occidental (al parecer los rusos están empezando a entender también eso). En ese sentido, para que una economía se defina como capitalista, el capital no puede ser mediación sino un fin en sí mismo y, como tal, se define de modo universal, es decir, su tendencia exponencial no admite limites. Por eso el capital se revuelve en su nicho financiero y ve la posibilidad de un orden multipolar como una verdadera amenaza a su lógica concéntrica.

Esto no quiere decir que los chinos sean heraldos de la justicia. Quiere decir que la expansión china nos abre a otro tipo de contradicciones complejas en lo que entendemos por dominación. La visión eurocéntrica no nos sirve ni para eso. El crecimiento chino ha desatado otro tipo de contradicciones globales que la actual ciencia económica ni siquiera puede adivinar.

La nueva guerra de los commodities como guerra por la soberanía exhibirá el profundo carácter antinacional de las élites latinoamericanas, como está sucediendo en el Perú. Esta exhibición hasta morbosa es lo que se irá reflejando como un dramático alarde de poder irracional, como sucede cuando el criminal es descubierto. Tratándose de una guerra híbrida y multidimensional, desmontará también las narrativas que en el siglo XX definieron las oposiciones políticas y veremos cómo ahora se definen dramáticamente los actores en una escenografía nunca antes experimentada y mucho menos pensada.

Para nuestros pueblos será la prueba definitiva de su éxodo de liberación. Como dicen los que saben: es fácil salir del mundo, lo difícil es que el mundo salga de uno mismo. Para afirmar nuestro propio proyecto de liberación deberemos afirmarlo también en los términos de un proyecto civilizatorio y devolvernos a lo que éramos: uno de los seis ejes civilizatorios que constituyen y son la base de lo que se conoce como civilización humana. Ya no hay un orden unipolar, lo que significa que ya no hay un mundo único, sin alternativas, según la narrativa moderna. La alternativa son los pueblos y su historia milenaria. Desde esa historia es que emergerán las alternativas ante la crisis civilizatoria. Porque la esperanza es una memoria que despierta.

*Filósofo, teórico político, epistemólogo y geopolitólogo boliviano. Ex titular de la Dirección Nacional de Geopolítica del Vivir Bien y Política Exterior de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Autor de más de 18 libros.

Fuentes: ALAI / Nodal