El Ministerio de Transporte prorrogó el contrato con la Administración General de Puertos por la concesión de la denominada “Hidrovía Paraguay-Paraná”, hasta tanto se determine un adjudicatario en el marco del proceso licitatorio.

Redacción

La medida fue dada a conocer a través de la Resolución 515/2022 publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación. La extensión del plazo del contrato con la Administración General de Puertos (AGP) regirá a partir del próximo 11 de septiembre. Según la normativa, la decisión obedece a que los pliegos del proceso licitatorio nacional e internacional privado no se encuentran en trámite administrativo.

Recordará el lector que la “famosa” licitación fue dispuesta por el Decreto 949/2020, por la cual, el Ejecutivo Nacional impulsaba la vuelta a entregar a concesión los servicios a la navegación que se prestan en la cuenca del Paraná-Paraguay, y que fundamentalmente favorecen a los conglomerados extranjeros exportadores de materias primas y sus cadenas de fletes marítimos asociadas.

El proceso licitatorio está a cargo del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, que es conducido por Ariel Sujarchuk y cuenta con la participación de las siete provincias por donde atraviesa la traza (Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe).

De esta manera, la AGP continuará con la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización; dragado y redragado; y control hidrológico de la denominada “Vía Navegable Troncal” comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata exterior.

Existe un dato -seamos buenos – “curioso”. La posibilidad de la extensión de la operación en manos estatales de la mencionada traza, ya está contemplada en el decreto 427/2021 que dispuso la toma de posesión del Estado, el cual fijó un plazo de los 12 meses que se vencen en septiembre próximo. Esto se complementa con la realidad de la dinámica operacional de la mal llamada “Hidrovía” : el canal completo posee 3.400 kilómetros de extensión, y es compartido con Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Sólo para el caso argentino, el 80% del volumen de las exportaciones salen por esta traza; y el 95% de las importaciones también ingresan por allí.

Parece un negocio redondo que desde el sentido común, no se comprende cómo alguna vez Argentina permitió que – dadas las reglas del juego de la cadena de valor global agropecuaria y la división internacional del trabajo – hay entregado a manos de la empresa belga Jan de Nul y a la nacional EMEPA.

Las cosas son muy simple: el negocio se diversificó un “poquito” desde 1995, y se deben ajustar los términos para los nuevos contratos. Algo así como una “actualización doctrinaria de dependencia”.

Actualmente, no es que la AGP con su propio personal, remolcadores, dragas y prácticos presta los servicios de dragado y balizamiento.

La Administración General de Puertos, una vez teniendo a favor el decreto 427/2021, llamó a concurso para adjudicar dichas prestaciones de servicios, y ¿adivinen quién las ganó?… Sí señor: Jan de Nul y EMEPA (actualmente denominada Hidrovía S.A.).

Para esta última, el servicio de balizamiento cotizó US$ 13.522.671,58 más un margen para ítems eventuales por US$ 3.569.839,00 hasta el 11 de septiembre. En cuanto al dragado, la belga casi obtiene formalmente la gestión del servicio, pero el proceso de concesión tuvo que ser declarado desierto luego de varias denuncias. No está claro quién está realizando dichas tareas en el río. Se dice que sería la AGP; se dice que sería la misma Hidrovía SA por modo propio; se dice que ésta subcontrataría a Jan de Nul para realizar las tareas.

En fin; han resuelto patear el tema para adelante. Seguramente, esperaran la “calma” política para ordenar estos asuntos; al mismo tiempo que las demás concesiones noventeras que se están por vencer. Hidroeléctricas, ferrocarriles y las instalaciones de la ex Junta nacional de Granos. Todos resortes estratégico de la soberanía nacional.

Fuente: Boletín Oficial de la Nación / Télam