Primer eslabón y último orejón

La justicia bonaerense autorizó el cobro de la tasa portuaria en Puerto Quequén. Arde Troya en la región. Al mismo tiempo, se cae de madura la solución.

Redacción

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que habilitó a la Municipalidad de Necochea a cobrar la denominada “tasa Vial solidaria” a las empresas exportadoras que operan en Puerto Quequén. La decisión volvió a encender la polémica en la región, aunque son pocas las voces que se pusieron a analizar y debatir el asunto con verdadera profundidad.

Dicha tasa fue impulsada años atrás por el municipio de la localidad portuaria bonaerense, ante la cual el Centro de Acopiadores de Necochea inició un litigio judicial a partir de un planteo de inconstitucionalidad respecto de la misma y solicitando una medida cautelar. Tal reclamo atendía más a las consecuencias vigentes de la dinámica semicolonial a las cuales está sometido el comercio internacional de granos en Argentina, que al derecho o no de un municipio a implementar el cobro de dicha tasa.

Así las cosas, oportunamente, la impugnación presentada por los acopiadores locales, fue desestimada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. El fuero, falló a favor del Municipio de Necochea basándose en una resolución previa de la Suprema Corte de la Provincia que respaldó la aplicación de esta tasa durante los años 2015 a 2017.

En definitiva, lo que hizo la Suprema Corte bonaerense, fue ratificar su posición inicial y su doctrina respecto de estos temas. Lo curioso, es que el cobro de dicha tasa estuvo suspendido en el mencionado municipio durante los años que duró el litigio.

¿Qué supuesta utilidad tiene una tasa de este tipo?

En principio, se trata de una compensación económica que la municipalidad obtiene a partir del uso y deterioro que la propia actividad portuaria – tránsito de camiones con cargas, operatorias de plantas y fábricas, etc. -, ocasiona en las poblaciones que alojan al puerto – Necochea y Quequén en este caso puntual -.

Es decir, desde la rotura de calles, congestionamiento de rutas y accesos, pasivos ambientales, uso de la infraestructura de servicios urbanos, entre otros; que a partir de la actividad propia de la agroexportación se ven alterados o deteriorados con el paso del tiempo.

Lo recaudado a partir del cobro de estas tasas, se supone que va destinado por parte del municipio a mantener dichos espacios, reparar infraestructura urbana, y compensar daños colaterales. De hecho, otros municipios bonaerenses que alojan puertos en sus riveras – como por ejemplo Avellaneda – cobran tasa portuaria y canalizan esos fondos en lo que las autoridades municipales lo designen.

De hecho, el Concejo Deliberante de Necochea, ya expresó públicamente la intención de avanzar en la implementación de la tasa, y la actualización de los montos para su cobro.

Además, el fallo judicial establece que “los usuarios de operaciones del puerto afectados en el pago de la tasa deberían abonar el retroactivo y costas generadas desde la cautelar emitida hasta que hubiera resolución, pero además habilitaría la continuidad de la liquidación del tributo”.

¿Quiénes deben pagar dicha tasa?

Preste atención a esto: la tasa debe ser abonada por las empresas que operan en el puerto y que participan de las actividades de la agroexportación. En criollo, firmas que compran y/o venden granos y subproductos, y que utilizan el puerto para canalizar dichas transacciones; más las empresas que prestan servicios portuarios.

Ya se ha expuesto en reiteradas oportunidades, que unas y otras firmas – salvo excepciones – corresponden a un mismo conglomerado de empresas, donde la propiedad transitiva de las sociedades anónimas – las más grandes y poderosas tienen presencia y participación en las más chicas -, se materializa en todo su esplendor.

¿Qué es lo que sucede realmente? Lo mismo que con las famosas “retenciones” – los derechos de exportación -, que deben pagar las empresas exportadoras: terminan transfiriendo el cargo de dichos impuestos al productor, reventando y empujando a la baja el precio sostén de cualquier productor agropecuario.

Vamos a dar un ejemplo rápido y lineal al respecto: la soja a granel tiene un 33% de retenciones sobre el precio de exportación.

Supuestamente, según las cotizaciones oficiales, la tonelada de soja estaba al viernes 423 dólares. Por lo tanto – para hacerlo simple -, la firma exportadora pagó U$S 139,59 por retenciones; y se quedó con U$S 283,41 en la mano.

Sin embargo, si uno revisa la cotización promedio del mismo día entre las diferentes Cámaras en las operaciones sobre la soja, el precio de la tonelada de la oleaginosa fue pagado en el mercado interno a $281.697,20 (en Puerto Quequén habría sido de $270.000). Si a estos números se les aplica el tipo de cambio Dólar Agro del día ($1.005,826 por dólar), queda que en el mercado interno se pagó U$S 280,06 por tonelada (U$S 268,44 según cotización en Quequén).

El lector no habituado a la actividad, dirá “está bien la cuenta”. Más o menos, el precio pagado en el mercado interno sumadas las retenciones, da el precio de exportación.

Sí; fenómeno. Pero hay un factor más: los costos de referencia de la actividad, se realizan en función del precio de exportación; y no del pagado en por el “mercado interno”. Es más, hay toda una usanza de cálculos y costeo sobre la que no abundaremos hoy para no confundir, pero que establece que “son valores de referencia en función de la capacidad de pago declarada por las exportadoras”.

En criollo: “la mercadería vale U$S423, pero como soy tú único comprador – porque prácticamente las cosas funcionan así -, te hago cargo indirectamente de los impuestos pagándote la mercadería un 35% menos para empezar a charlar”.

¿Se entiende el punto? Lógicamente, las firmas involucradas en esto dirán que no es así; pero es así.

Entonces, imagine el lector cómo los productores ponen el grito en el cielo, cada vez que algún estamento estatal instrumenta un impuesto o tasa a las exportadoras. Ya saben que indirectamente se les transfiere a ellos, porque les pagan menos la mercadería; mientras que los costos operativos siguen con referencia en el precio de exportación.

¿Cómo sigue la cosa?

Puede dar varias vueltas todavía. En principio, las Sociedades Rurales del Sudeste bonaerense – casi todas nucleadas en CARBAP – se están quejando. Imagine: la justicia dice que las empresas deberán pagar retroactivo, más la actualización de la tarifa; y todo eso derivará a la larga o a la corta al precio interno real.

Impulsan el reclamo, las representantes de los distritos de Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, General Madariaga, Lobería, Mar del Plata, Benito Juárez, Balcarce, General Alvarado, Tandil, Gonzales Chaves, Maipú, Necochea, Rauch, General Lavalle y San Cayetano. Es decir, los municipios directamente vinculados a Puerto Quequén en cuanto a la exportación de cereales, oleaginosas y subproductos.

Lógicamente, y para ser sintéticos, las entidades rurales apuntan contra el municipio en que dichos fondos no son aplicados para lo que el “espíritu” de la tasa demanda, sino que se “usan para hacer política” o se “malgastan”. Planteos que se replican no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino también Santa fe.

Estos y otros son los argumentos usuales y habituales, en un complejo agroexportador que tiene un único cliente: un oligopolio de multinacionales – y sus subsidiarias – que resuelven todas las aristas de la actividad a nivel internacional, de la cual Argentina y sus productores agropecuarios es el primer eslabón y al mismo tiempo, último orejón del tarro.

¿Cuál es la solución al problema de fondo? Lo que siempre se esgrime en estas páginas: que Argentina recupere por sí misma – a través del Estado -, el ejercicio de la actividad agroexportadora por fuera del entramado de las multinacionales. Práctica que nuestro país ejerció durante décadas y que fuera desarticulada a mediados de la década del ’90.

Para ello, además de nacionalizar el comercio y volver a contar con puertos nacionales y flota mercante propias, debe constituir una Corporación de comercio exterior. A partir de allí, a nivel interno, se podría garantizar como primera medida de prioridad, el precio sostén en para el productor, continuidad y proyección en el tiempo de la actividad.

Se puede desarrollar mucho al respecto – de hecho, esta Redacción lo hace una y otra vez -. Pero para finalizar, sólo decir que son varios los sectores en Argentina movilizados en torno a este tipo de reivindicaciones y propuestas para transformar la realidad del país.

Alcanza con buscar y preguntar un poco para encontrarlas: desde los proyectos de ley con estado parlamentario que impulsa hace décadas el Movimiento de Liberación Nacional – de reconstrucción de la flota mercante, la recuperación del control logístico interno, y una corporación de comercio exterior -, hasta proyectos como el de la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén, donde se propone la creación de una empresa agroexportadora con asiento en dicho puerto y que fuera presentado al gobernador Kicillof.

Con la recuperación de la soberanía productiva y logístico portuaria, los temas fiscales tales como retenciones o tasas portuarias quedarían sin razón de ser. La respuesta a las necesidades del país y las localidades en particular, emanarían del propio ejercicio de la actividad.

En fin… Los temas y las propuestas están en la mesa y la realidad de las cosas habla por sí misma.

No hay futuro para Argentina, Buenos Aires o Necochea, si no se abandona la matriz semicolonial de dependencia.

Un municipio sólo no puede. Una provincia sola tampoco. Pero alguien tiene que empezar a plantar la estaca.

Fuente: SCJPBA / Municip de Necochea / Archivo