El proyecto presentado tiene como meta un fuerte aumento en la producción de granos (llegar a 200 millones de toneladas en 2030). Si bien en los discursos se apela a la sostenibilidad, la ecología ambiental, social y económica y las prácticas de cuidado ambiental, etc., podemos considerarlo como una apuesta a profundizar el extractivismo en el agro. Por Nora Tamagno

El jueves 30 de septiembre, en la Casa Rosada, fue presentado el Proyecto de Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, que será enviado al Congreso para su tratamiento. En el acto, el Presidente Alberto Fernández dijo que era el fruto de trabajo conjunto de muchos sectores, pero en realidad el proyecto fue propuesto e impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

La línea argumental del Presidente es la misma que tuvo su presentación ante la cumbre de sistemas alimentarios en la OUN. Usó el término ecología, como si eso fuera suficiente para convencer sobre la inocuidad del modelo que se pretende impulsar y destacó la necesidad de aumentar exportaciones para pagar la deuda. También llamó a poner fin a la disputa entre agricultura, industria y tecnología, como si no existieran, entre (y dentro) de esas actividades, intereses contrapuestos.

Por su parte, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, en su discurso, mencionó que la ley promoverá inversiones nuevas, dará estímulos fiscales, permitirá generar empleo decente (700.000 puestos para 2030) y que tiene como meta aumentar la producción para llegar a 200 millones de toneladas de granos, lo que permitirá mayores exportaciones.

El Ministro hizo mención a que estos objetivos productivos son los mismos que el gobierno fijó diez años atrás, en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020 (PEA), lanzado en mayo del 2010 por la Presidenta Cristina Fernández, cuando él tambien fuera Ministro de Agricultura. En su momento, hubo muchos sectores que se pronunciaron en contra de ese plan, por significar una profundización del modelo extractivista del agronegocio, que ha dejado afuera a miles de productores, contamina, enferma y destruye la biodiversidad.

A pesar de ello, hoy se insiste en ese camino, la meta de 200 millones de toneladas de producción, no es una novedad de este Ministro. Ya había sido anunciada en octubre del año pasado, con la resolución de “Iniciativa DOSCIENTOS MILLONES (200.000.000) de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres” (Res, 216/2020-MAGYP), firmada por el entonces Ministro Basterra.

Esta meta significa un aumento de más de 50 millones de toneladas en la producción total de granos. Es importante destacar que ese objetivo no puede lograrse con mayor productividad por unidad de superficie, ni con nuevas tecnologías. Sólo será posible avanzando sobre nuevas zonas de cultivo, desplazando otras actividades agrícola-ganaderas o sobre suelos no agrícolas (campos naturales, bosques nativos, humedales).

En el mismo sentido Julián Domínguez dijo recientemente en el 6° Encuentro de ACSOJA (Asociación de la Cadena de la Soja en Argentina): “Planteo mi disposición de trabajar para que Argentina recupere el nivel de iniciativa de alcanzar 70 millones de toneladas (de soja). Hoy estamos lejos y el objetivo es que trabajemos juntos”. Para llegar a esa producción será necesario sembrar aproximadamente 23 millones de hectáreas y si consideramos que la estimación de siembra de esta oleaginosa para este año ronda los 16 millones, es claro que el aumento es muy significativo y no hará más que agravar los daños que la soja y su paquete tecnológico vienen haciendo desde hace décadas.

En relación a los estímulos fiscales que promete el proyecto de Ley, figuran la devolución del IVA en menos tiempo y un bono fiscal equivalente al 50% de la inversión en semillas fiscalizadas. Lo mismo sucederá con los fertilizantes e insumos que “contribuyan a la sustentabilidad del suelo y del ambiente”, lo que sugiere que serán así considerados los agroquímicos. Todo ello es una clara transferencia de fondos desde el estado a las corporaciones, que siguen siendo las grandes ganadoras del agro.

En este marco, los enunciados de sostenibilidad, ecología ambiental, social y económica, y prácticas de cuidado ambiental, que abundaron en los discursos, no son más que adornos para hacer digerible un proyecto de profundización del agronegocio. También parecen adornos la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en Argentina (que espera desde 2015 su reglamentación), la creación de la Dirección de Agroecologia y el proyecto de Ley de Promoción de la Agroecología, que también se presentó recientemente en el congreso.

El proyecto presentado demuestra la capacidad del Estado de promover un modelo productivo a través de subsidios y exenciones. Las políticas públicas que benefician a determinados actores de las cadenas agropecuarias y perjudican a otros, son fuertes orientadoras de las prácticas productivas. En este caso el gobierno apuesta nuevamente a la profundización del modelo extractivista del agronegocio.

Fuente: Tramas / Apostillas.