A partir de una entrevista a la titular del Consorcio de Puerto Quequén respecto del proceso licitatorio que se impulsaría luego de 30 años para las instalaciones de la ex Junta Nacional de Granos, se desataron varios “revuelos” que prometen traer cola. La propuesta popular de creación de una empresa estatal que Kicillof rechaza; los contrasentidos mal intencionados de CARBAP; y la resignación ante la matriz privatista.
Redacción
La presidenta del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, Jimena López, brindó una extensa entrevista de un medio de la ciudad de Necochea -NdeN-, donde repasó aspecto de su gestión desde marzo a la fecha, pero donde se refirió con especial énfasis a los que denominó “una licitación histórica”; y que según el medio luego de tres décadas se “definirá el futuro de la terminal bonaerense”. Tal proceso es el que enfrentaría en lo venidero, de la reconcesión de las instalaciones de la ex Junta Nacional de Granos -hoy Terminal Quequén SA (TQSA)-.
Según López, su objetivo es el de lograr los consensos necesarios en el directorio del Consorcio de cara a “generar los acuerdos en un contexto donde el Puerto Quequén va a atravesar la licitación más grande de los últimos tiempos en la provincia”. Entre los objetivos de tales acuerdos, serían asegurar las condiciones laborales de la terminal; y dotar de transparencia en el proceso de licitación.
La funcionaria entiende que las instalaciones provinciales -hoy en manos de TQSA- no solo tienen un rol muy importante en la agro exportación, sino que en particular, a través de dichas instalaciones se comercializan 2,7 millones de toneladas de cereales y oleaginosas al año. La premisa que pronunció López, es que los posibles oferentes para licitar la terminal, deben ser empresas que sean “jugadores del sector”.
En palabras de la funcionaria: “No es que puede venir cualquiera a licitar una terminal. Tienen que ser parte del sector, entender el negocio, saber cómo es, y nadie dice que no vaya a ser la misma sociedad, lo que sí obviamente a pedido de Kicillof es poder licitar para generar un proceso de transparencia abriendo el juego a que dentro del sector se presenten los jugadores que lo consideren necesario”.
López manifestó que la consigna impulsada por el Gobernador Axel Kicillof, es que “si bien los granos son de la agroexportación, porque la agroexportación se los compra al productor, lo que pide el Gobernador es tener la posibilidad de -respetando la lógica de trabajo calendarizada-, es el 30% de reserva en relación al acopio de los granos”. De esta manera, el gobierno provincial “mediaría en la compra de esos granos y traería la producción que compra la provincia a elevarse a esta terminal”.
López aclara que la propuesta solamente alcanza al servicio de acopio y elevación a bodega. La comercialización continuaría en manos de las empresas agroexportadoras que son las que tratan con los países –en realidad con sus propias subsidiarias y asociadas radicadas en las naciones receptoras- que compran los granos y subproductos argentinos.
En función de los dichos de la funcionaria, de mencionarse cuáles son los actores que forman parte del Directorio del Consorcio portuario. Dichos miembros y su representación , están integrados de la siguiente manera: Alejandro Pedro Gallego, director (representando a CIARA); Juan Arnoldo Ouwerkerk, director (representando a CONINAGRO); Juan Franco Mancinelli, director (representando al Centro de Navegación); Daniel Arce, director (representando a la Cámara de Permisionarios y Concesionarios de Puerto Quequén); Edgardo Felipe Mancino, director (representando a la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas Necochea Quequén); Mariano Daniel Carrillo, director (representando al Sector Gremial); Luis Gustavo Gavilán, director (representando al Sector Gremial); y Juan Carlos Peralta director (representando a la Municipalidad de Necochea).
La propuesta soberana para Puerto Quequén
Acto seguido, Jimena López, mencionó la propuesta elevada tanto al Consorcio como al propio Gobernador Kicillof, elaborada por la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén. La misma consiste en promover la creación de una Sociedad del Estado provincial que se dedique a la actividad integral de ejercicio del comercio exterior en tanto empresa testigo. En criollo, que la provincia de Buenos Aires comercialice por su propia vía y su propia empresa, granos, subproductos y demás bienes que puedan considerarse a futuro; y el canal de exportación propuesto son justamente las instalaciones de la ex Junta Nacional de Granos.
Al respecto, la funcionaria comentó: “Yo creo que Axel obviamente ha escuchado a todos los actores, creo que tiene una mirada muchísimo de bosque que de árbol y logra sintetizar un pensamiento complejo que es difícil de seguir para quienes no están en la diaria, él lo pide como una forma de que Buenos Aires tenga influencia en lo que es acompañamiento a los pequeños productores. Es otra mirada más allá que no creo que pase por el estatismo ya que él tenía la facultad de básicamente quedarse con la terminal y dijo que no”. Agregó además, que la postura del gobernador fuera “en contra de los intereses de los actores de la soberanía de Puerto Quequén, pero me parece que Axel tiene una mirada mucho más ambiciosa”.
Vale aclarar que hace unas semanas atrás, cuando se conoció públicamente el anuncio del gobierno bonaerense respecto de reservarse el 30% de las cargas que fueran a confluir en la terminal, la Asamblea Popular, manifestó la postura como “un paso adelante, pero insuficiente” habida cuenta de las diferencias que se detallaron párrafos arriba.
El grito en el cielo de “el campo”
Horas después de publicada la entrevista a Jimena López, comenzó a girar por las redacciones de los medios, redes sociales y distintos grupos de aplicaciones de telefonía, el comunicado de la regional Sudeste de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). En el mismo, se visualizan la postura de ese sector del complejo agropecuario que se viene esgrimiendo en los últimos veinte años; además de una serie de tergiversaciones propias de su encuadre político que pocos refutan.
La nota firmada por dieciséis seccionales de la región adheridas a CARBAP, atribuye al gobierno provincial posibles prácticas “distorsivas, ideologizadas y flojas de fundamento técnico” que perjudicarían al sector, en función de la pretensión de Kicillof de que la provincia tenga derecho de reserva de carga.
Seguidamente, el comunicado atribuye al mandatario la “nociva” propuesta de creación de “una especie de Junta Provincial de Granos”. Aconsejan en el mismo acto que la provincia se dedique a la salud, la educación, a la seguridad; y a invertir en infraestructura de caminos y “rutas destruidas”.
En honor a lo mencionado anteriormente en la nota, y a la cobertura que Chasqui Federal viene haciendo del tema, vale discriminar algunos puntos.
El comunicado de CARBAP mezcla todo de exprofeso. Tal lo descripto anteriormente, Kicillof lejos está de pretender crear una empresa de comercio exterior – cosa que Jimena López se encargó de remarcar en la entrevista referenciada -. Dicha propuesta, como CARBAP bien sabe, corresponde a la Asamblea Popular, que además de ocuparse del elevador, posee una propuesta integral para la región.
En referencia, la entidad agropecuaria habla de lo “nocivo” del ejercicio estatal de la comercialización de granos. Ante esto, vale honrar la historia nacional, provincial y regional: de no ser por dicho rol asumido por parte del Estado en la década de 1930, flaco sería el poderío y la prosperidad que las principales organizaciones agropecuarias han gozado en casi un siglo; máxime si se las compara con otras actividades económicas o regiones de nuestro país.
Por último, mencionar también lo siguiente: CARBAP solicita al Estado el cumplimiento de determinadas funciones. Por un lado, las de “piso” – salud, educación y seguridad -, a las que no dudan en desfinanciar cuando los espacios políticos afines a la entidad les toco ejercer las labores de gobierno. Por otro, los reclamos respecto de las inversiones en infraestructura vial, es decir, las que a ellos les conviene para el ejercicio de su actividad.
Un contrasentido permanente, en un contexto que siempre les es favorable – o por lo menos no ruinoso -, ante un gobierno provincial que teme ser protagonista de las soluciones para el pueblo que le toca conducir y las actividades económicas que se desarrollan en el territorio de influencia.
El resultado: madura el KO.
Fuente: NdN / CARBAP / APSPQ / Archivo