Que nadie desafine

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, acordó la prórroga de la concesión por un año más de las instalaciones que otrora pertenecieran a la JNG, en favor de la firma Terminal Quequén SA. El proceso licitatorio comenzaría en abril de 2025, y el complejo agroexportador se aseguró que el Ejecutivo bonaerense no tocará la gallina de los huevos de oro.

Por Pablo Casals

La concesión de las instalaciones de la ex Junta Nacional de Granos con asiento en Puerto Quequén, será prorrogada por hasta noviembre de 2025, según lo informaron las autoridades provinciales, y la presidenta del Consorcio de Gestión de dicho enclave, Jimena López.

Por otra parte, según información periodística, la empresa concesionaria Terminal Quequén S.A. – presidida por José Martins, quien también lidera la Bolsa de Cereales de Buenos Aires -, habría confirmado la aceptación de la prórroga otorgada por el Consorcio de Gestión. Así, la firma continuará ejerciendo la explotación por doce meses más de las instalaciones de propiedad provincial, tal como lo viene realizando desde mediados de la década del ’90.

Oportunamente, Terminas Quequén SA había solicitado un plazo de mayor extensión habida cuenta de las sucesivas demoras y postergaciones – la anunciada es la tercera prórroga anual – por parte de la provincia respecto del futuro de dichas instalaciones portuarias. Según la propia López, lo pactado en esta oportunidad es acuerdo temporal mientras se establecen las condiciones para una futura licitación pública.

Asimismo, la titular del Consorcio dio a conocer que se está elaborando el cronograma de cara a que el próximo mes de abril, sea la fecha de inicio del nuevo proceso licitatorio; al tiempoque tambiénse esta conformando la “mesa técnica”.

Se sabe que la preocupación tanto de la provincia, como de varios miembros del Directorio portuario, y por los posibles nuevos concesionarios, gira en torno al monto de las multas por inversiones comprometidas que no se cumplieron, o puedan no cumplirse a futuro. Otro tema es el canon a pagar por el concesionario, que se calcula sobre la tonelada de granos elevada para luego transferir a bodega.

Sin embargo, el tema de fondo pasa por el rol que asumiría la provincia en torno a la gestión de la terminal portuaria. Un aspecto que desde la conducción de Consorcio y desde el propio Ejecutivo provincial intentan no mencionar para no comprometer sus relaciones con las entidades agropecuarias, las prestadoras de servicios en Puerto Quequén y las empresas exportadoras – algunas de ellas vinculadas directamente a Terminal Quequén SA -. Es decir, son arte y parte.

Un par de meses atrás, cuando se hizo pública la intensión del gobernador Kicillof de incorporar al pliego licitatorio a negociar una reserva de cargas para la provincia, se lanzó una ofensiva de parte del complejo agroexportador, con argumentos falaces.

Lo que plantearon a través de una serie de comunicados y una intensa campaña en medios, era que Kicillof buscaba intervenir el mercado de granos creando una Junta Provincial de Granos. Propuesta que jamás fue propuesta, ni sugerida, ni impulsada por la provincia. Ni el Gobernador ni los miembros más cercanos de su Gabinete de gestión creen en el ejercicio estatal de la actividad.

Sin embargo, el complejo agro exportador, le puso algo de “IVA” a su planteo: lisa y llanamente plantearon que, si el Gobernador impulsaba una medida de esas características, peligrarían los puestos de trabajo, la actividad de la cadena productiva y la prestación del servicio portuario. Todas barbaridades, a menos que el concesionario actual, sus socios y sus aliados, pretendan matar la gallina de los huevos de oro, con tal de no perder la prevalencia tanto en la actividad como en la conducción del proceso productivo, que claramente el Estado no realiza.

La campaña de las empresas y entidades más poderosas del complejo agroexportador surtió efecto: no hay declaración de cualquier funcionario de la provincia que no haga hincapié en aclararle a la cadena que no quieren molestarla.

Entonces, ¿por qué desde el sector salieron a acusar a Kicillof sobre una posible estatización?

Simple: en la comunidad de Necochea y Quequén existe una propuesta impulsada por la Asamblea por la Soberanía de Puerto Quequén que radica en que la provincia en tanto propietaria de las instalaciones, en lugar de concesionar la terminal exportadora, cree una Sociedad del Estado que ejerza la actividad exportadora, y utilice como parte de su infraestructura operativa, las instalaciones que maneja terminal Quequén SA.

Más allá de todo el potencial exportador que posee la provincia de Buenos Aires, hay datos de la realidad que muestran elocuentemente la importancia de llevar adelante dicha tarea. Según datos publicados por varias fuentes oficiales, el 7% de las ventas externas nacionales en materia de agroexportación se canalizan por Puerto Quequén. Cerca de la mitad de ellas, se realizan por las instalaciones de la ex Junta nacional de Granos; es decir, alrededor del 3% del total nacional.

Es un porcentaje mínimos si observamos la actividad del sector en su conjunto. Sin embargo, en tanto empresa testigo, aportaría información estratégica para el Estado, más allá del beneficio económico que deriva de la propia facturación de la actividad. Se estima que anualmente, entre lo facturado por exportaciones, más el servicio de elevación, los montos anuales rondan entre 1.200 y 1.500 millones de dólares anuales.

El dinero es importante, pero la participación en la única actividad de escala internacional que lleva adelante el país lo es más todavía. Las empresas que conducen la actividad agroexportadora en Argentina saben esto perfectamente.

Por eso, aunque a Kicillof ni se le pase por la cabeza operar una sola semilla desde el Estado, la “cadena” le “avisa”.

No sea cosa que “desafine”.

Fuente: CGPQ / BCBA / NdeN / Archivo